“Precios cuidados” para internet y móviles: las empresas de telecomunicaciones ya hablan de negocio poco sustentable y de riesgo de subsistencia

Como adelantó ayer Infobae, el gobierno autorizó un aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable para enero de 2021 y anunció una serie de nuevos planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos. Una suerte de “precios cuidados” telcos a los que podrán acceder jubilados, desocupados y beneficiarios de AUH y demás planes, entre otros.

En rigor es la reglamentación del polémico decreto 690 de este año que el presidente Alberto Fernández anunció por Twitter en agosto. Allí declaró como servicios públicos en competencia a internet, móvil y fija, la televisión por cable y la telefonía, tanto fija como celular.

La resolución del Enacom –el organismo que dirige Claudio Ambrosini que se encarga de reglamentar el decreto presidencial– asegura que luego de ponderar “la realidad económico-social concreta de los usuarios y usuarias” los aumentos del 5 por ciento “resultan ser justos y razonables”. Las empresas y las cámaras que las representan opinan todo lo contrario: querían un incremeto de 20 por ciento.

Hasta el momento, de las grandes compañías del sector que hicieron declaraciones públicas sobre el tema fueron Telefónica y Claro. Las críticas pasan por el monto del aumento permitido y por las dudas que genera la implementación de los nuevos planes.

“Aún no conocemos el alcance específico de las medidas dispuestas en forma unilateral. Comprendemos la difícil situación por la que estamos atravesando con la pandemia, pero medidas de carácter estructurales como las anunciadas, debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos”, destacó Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro.

Telefónica emitió un comunicado titulado “Una actualización desactualizada”. Allí habla de que la suba es insuficiente para cubrir los costos y que “atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector”.

“No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios cuando es sabido que la industria de las telecomunicaciones y las TICs, que genera empleo de calidad para 80 mil personas en el país, es de capital intensivo”, detalló la española. “Respecto a la reglamentación sobre la Prestación Básica Universal Obligatoria para internet, telefonía fija y móvil y TV paga, analizaremos en profundidad los alcances e implementación del anuncio”, cerraron.

La implementación de la prestación básica es el interrogante central de lo que viene. En el sector aseguran no saber qué esquema operativo tendrá, cómo se compensarán los subsidios y, mucho menos, quién los pagará. Las empresas reconocen que hubo conversaciones previas con las autoridades, pero nunca se validó la oferta final ni les mostraron lo que se iba a presentar. Prueba de eso, argumentan, es que ninguna de ellas estuvo en el anuncio.

Otro punto que destacan: la mayoría de las compañías ya emitió sus facturas del mes de enero con aumentos porque creía que el congelamiento caía en diciembre. Es el caso del cable, internet y hasta algunos servicios móviles. Tendrán que devolver el cobro excedente más adelante.

“El sindicato pide 35% y a nosotros el Gobierno nos dan 5 por ciento. No es bueno para los proyectos ni para las inversiones que vienen. La tevé paga no conecta nada, no sé por qué estamos adentro”, aseguró un importante ejecutivo de una empresa de cable que, como muchos consultados por Infobae, eligió el off the record. “¿Cómo van a hacer con los listados de los beneficiarios, quién llevará esas bases de datos, nosotros o el Gobierno? ¿No las van a usar políticamente?”, se preguntó la misma fuente.

Las empresas aseguran que los planes nuevos nunca se discutieron y esperan ver los anexos de la resolución a ver si aparecen más datos. Todos coinciden con que no se pueden implementar de la noche a la mañana, que se requieren poner a punto sistemas. “Podemos ayudar a la gente que lo necesita, lo hacemos; pero el Gobierno no puede sacarnos plata del bolsillo, no podemos vender a pérdida. Eso es confiscatorio. Como sea, no está claro”, detalla otro directivo.

“Es un balde agua fría luego de un año muy complejo. No hubo subas, pero muchos aumentamos a pesar de las reglamentaciones. Mis colegas cableros chicos prefieren luchar con una multa que cerrar. Yo tengo que subir los precios más del 5%. Es eso o no poder seguir”, se desahoga Ariel Lorenzo, dueño de Loganet, una pyme de 10 años, con 12 empleados, que brinda servicio de internet en la provincia de Buenos Aires, en General Belgrano, ciudades vecinas y zonas rurales, con unos 1.700 clientes. “En este contexto, el año que viene dependerá mucho de lo que decida la política. Muchos no pueden seguir esta reglamentación. A los nuevos planes no les encuentro la lógica: 2 megas en una casa no sirven para nada, será un servicio saturado todo el día”, detalló.

El Gobierno, en tanto, cree que “convalidar pretensiones de precios para el mes de enero superiores a las que por el presente se autorizan, generaría que los usuarios y usuarias se vean obligados a soportar un precio de servicio que los pudiera tornar inaccesibles” y que afectaría a una gran parte de la sociedad de servicios públicos, esenciales y estratégicos en competencia, “máxime durante la pandemia”. Así lo detallaron en la resolución reglamentaria del Enacom que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Cámaras

Ayer por la tarde, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) emitió un duro comunicado en el que habla de una medida que creen “inconsulta y a las apuradas” y que obliga a los proveedores de internet a vender a pérdida. “Ninguna política pública puede ser efectiva y sostenible si se basa en la ignorancia más absoluta de la estructura de costos que tienen los proveedores de internet, muchos de ellos generados por impuestos de los diferentes estamentos del Estado”, dijeron.

“El aumento que nos dan es absolutamente insuficiente. Nos habían prometido que el esquema estaría en función de los costos, tamaño y ubicación geográfica y sólo tomaron tamaño y no lo reales costos. Más del 90% de los costos del sector están en dólares. En marzo el oficial estaba en $65 y hoy está a 88 pesos, un 33 por ciento de aumento. Esto pone en riesgo la subsistencia de los pequeños proveedores: la mayoría corre peligro de desaparecer”, dijo Ariel Graizer, presidente de Cabase.

“Es verdad que a las más chicas les da algo más y no nos ponen a todas en la misma bolsa, eso lo rescato, pero no alcanza: no miraron los costos. A los barrios marginales los atienden las pymes del sector que no tienen espaldas suficientes para seguir en este contexto”, agregó. Desde Cabase detallaron que pidieron varias reuniones con el Enacom y no se las concedieron. “La situación es muy grave, tenemos que hacer un análisis cierto si no quieren más pymes cerradas”, finalizó Graizer.

“Está bien que marquen la asimetría entre grandes y chicos, pero está mal que el margen para aumentar sea tan bajo. La inflación y la devaluación están muy por encima del 8 por ciento y no alcanzamos a recomponer la actividad con ese aumento. Tendría que hablar de más de un 30% de suba para estar igual que en enero, respecto de precios y costos”, agregó Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI).

Los planes de “precios cuidados” telcos están anunciados, pero en el sector hay más interrogantes que certezas. Donde no hay dudas, al menos en el sector privado, es en que el aumento del 5 por ciento que convalidó ayer el Gobierno para enero no es suficiente. “No alcanza ni para empezar. Si esto sigue, habrá menos proveedores y eso es igual a más concentración de mercado y más usuarios sin servicio”, resumió un gerente.

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