Los 44 millones de argentinos podrían pedir los nuevos planes de internet, telefonía y cable: para los expertos es imposible de implementar

Ayer por la tarde se comunicó oficialmente el aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció el nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.

Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos.

A las críticas de Telefónica y Claro, que Infobae detalló esta mañana, horas más tarde se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.

“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.

Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”. “Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.

Eso mismo se especifica en los artículos 14 y 15 de la resolución de Enacom que circula desde ayer. Allí se habla de Tiempo Comprometido de Instalación (TCI): o sea, alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará apenas 380 pesos por mes. También se detalla, como dijo Guidici, que los prestadores están obligados a dar los servicios aunque consideren que no corresponde. Luego pueden reclamar y esperar la resolución del Enacom. Si no hay respuesta en 30 días corridos “se considerará que el usuario o usuaria se encuentra alcanzado por la ‘Prestación Básica Universal Obligatoria’ y el licenciatario o licenciataria deberá continuar con la prestación del servicio”, como indica uno de los artículos. ¿Pueden cambiar la norma y sus anexos? Sí, pueden cambiar hasta su publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurriría el lunes próximo.

Más dudas sobre la implementación tienen que ver con quién atenderá los reclamos y controlará las bases oficiales con datos privados de los argentinos. El call center del Enacom (unas 40 posiciones), por caso, no funcionó durante la pandemia y aún no funciona al 100% por el Dispo en la administración pública.

“Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad. Si ese es el universo no habrá calidad para nadie y se van caer las líneas porque hoy no hay infraestructura administrativa ni de red para sostenerlo”, dijo Giudici.

“El dinero lo ponés vos”

Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones y titular de la consultora Carrier y Asoc., asegura que la PBU es algo que en la teoría está bien, pero coincidió en definir al plan como “muy generoso”. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos’”.

Carrier también señala que la asimetría se dará en los clientes, no en los operadores, ya que habrá menos calidad según el lugar en el que vivan y que, por su configuración técnica, serán servicios que les servirán a pocos. “Hay contados casos de fallas de implementación y ejecución con medidas similares. Es incumplible y por eso va a salir mal: o no habrá líneas o no habrá calidad de servicio. Suena a algo hecho en un laboratorio, con un criterio político y no técnico que va a terminar en un anuncio que se diluirá”, explicó.

“Lo escribieron de apuro y no chequearon nada. Si sale así va a ser un desastre. Son medidas que facilitan la hiper concentración del mercado porque solo las van a poder superar las grandes y las internacionales. A las 1.200 pymes que cablearon en el campo les aumentás 5% y les decís que tiene que dar un servicio universal. Van a desaparecer”, coincide otro muy importante ejecutivo del sector que pidió estricto off the record.

“La PBU será como la caja PAN de la conectividad”, tuiteó José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones Convercom.

El economista de FIEL y experto en temas regulatorios Santiago Urbiztondo es otra de las voces que afirma que el universo para el servicio básico es muy amplio y recuerda que en los 90 se estableció un fondo de servicio universal con el 0,5% de la facturación, que luego se aumentó a 1 por ciento. “No veo ninguna mención a la utilización de ese fondo. Es una práctica internacional que no altera la competencia, es algo súperconocido en la Argentina que ahora parece borrarse de un plumazo. Les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado”, afirmó.

Juan José Villar es dueño desde hace siete años de una empresa prestadora de Internet que tiene poco más de 500 clientes en Traslasierra, Córdoba. Está desesperado.

“La medida es absolutamente irresponsable ya que apunta a vender a pérdida, literalmente”, le escribió a Infobae esta mañana por correo electrónico. Cuenta que paga $700 el megabyte a un proveedor privado mayorista y que son precios dolarizados. “Arsat es el prestador de internet vía fibra óptica a nivel nacional. Vendía en dólares y el año pasado pesificó los abonos: vende el mega mayorista, en pesos, a un precio sensiblemente superior al que quiere el Gobierno que se pague por dos. Es decir, el mismo Estado vende más caro de lo que pretende que cobremos los privados”, aseguró.

“Es absurdo. Nunca estuvimos tan en el limbo como a partir de esta medida”, cerró el emprendedor cordobés.

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