El Gobierno de Alberto Fernández tiene planificado anunciar hoy el nuevo esquema de aumentos para telefonía, internet y el cable. También a que parte de la población subsidiará con lo que se conoce como prestaciones básicas, o “servicio universal” en la jerga más técnica del mercado de las telecomunicaciones. O sea, nuevos planes económicos y con descuentos importantes para telefonía celular, voz y mensajeros, y tevé paga.
En principio el anuncio se haría esta tarde en un acto en Casa Rosa encabezado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini. Hasta ayer por la noche, esa era la agenda. Pero nada está del todo confirmado a esta hora del viernes. También hubo versiones de que lo podría anunciar directamente el propio Presidente: vale recordar que todo comenzó con una cadena de tuits de Fernández en agosto pasado, también un viernes por la tarde. Allí, congeló las tarifas de los servicios de telefonía móvil e Internet hasta fin de este año y declaró “servicio público esencial en competencia” a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.
El paso que se daría hoy es la reglamentación, a partir de 2021, de ese polémico decreto, el número 690 de 2020.
Como sea, las subas serán del 5 por ciento, aunque las autoridades afirman que “siguen negociando” con las empresas. ¿Habrá nuevos aumentos para esos servicios en los próximos meses? No está claro aún, pero sin dudas es lo que esperan las telcos, desde donde señalan que el atraso que dejó el año de la pandemia ronda el 20 por ciento y que si el incremento efectivamente es del 5 por ciento se pone en riesgo a todo el sector.
Declarar como “públicos” a los principales servicios del mercado de las telecomunicaciones generó rechazo no solo de las compañías del sector y la oposición, sino también de las principales asociaciones empresariales, desde la Amcham hasta el Colegio de Abogados porteño. Creen que el Gobierno se está entrometiendo de lleno en un mercado en competencia y aseguran que la medida impactará en las inversiones de una industria que para crecer necesita de permanente actualización tecnológica.
“Nos parece un error y un retroceso para la industria y el país”, dijo entonces Telefónica de Argentina en un comunicado, mientras que el CEO de Telecom, Roberto Nóbile, opinó que la decisión “cambia las reglas de juego de forma contundente”. “Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente”, dijo el sector en una solicitada.
En tanto, Ambrosini, del Enacom, le aseguró a este medio en agosto que “la idea no es que las empresas pierdan, ni estatizarlas, ni que desinviertan, queremos previsibilidad”. “Seguirá habiendo precios, no tarifas”, aclaró.
En el Gobierno insisten en que el aumento del 5 por ciento será uniforme. Podría haber alguna suba diferenciada, pero apenas superior a ese porcentaje y para prestadoras de servicios chicas y cooperativas del interior.
Cómo impactará en los consumidores
En el Gobierno no hablan de servicio universal, sino de “prestaciones básicas”. ¿Cuáles se anunciarán? Según pudo saber Infobae, habrá planes de menos de $190 por mes para telefonía móvil: será un servicio solo de voz, sin datos, pero permitirá acceso ilimitado a WhatsApp, el chat más usado. Ese sería el plan de base, el más básico.
Además, se anunciarían ofertas subsidiadas similares también para los otros rubros del decreto: telefonía fija, Internet y televisión por cable. En cable, las autoridades prometen habrá descuentos de hasta el 30 por ciento, pero sobre los mismos planes existentes. No habría nuevos combos especiales en el caso de la TV paga.
“Todos los planes tienen precios más bajos de los que se pueden encontrar hoy en el mercado”, aseguran en el Gobierno.
Además, avisan que todos los programas de subsidios alcanzarán a un “universo muy amplio”. “Se trata de un plan que va mucho más allá que los que cobran la AUH, por ejemplo”. La Asignación Universal por Hijo la cobran más de 2,4 millones de argentinos y argentinas, por caso.
A comienzos de este mes, las empresas de telefonía, cable e Internet comunicaron subas en sus servicios de hasta el 20% en enero utilizando el argumento del fin del congelamiento. Muy rápido, desde el Gobierno argumentaron que iban a intervenir para fijar un techo a los aumentos por debajo de ese porcentaje.
La ecuación no cierra y somos una industria que siguió produciendo en la pandemia, ayudando como pocos a la industria, la producción, la educación y el entretenimiento. Además, ¿el subsidio lo va a pagar el Gobierno o lo vamos a terminar pagando las empresas?
“Si es el 5% lo que está en riesgo es la sustentabilidad del sector, además de dónde sale, que detalle técnico toman para determinarlo. ¿Miran el IPC en el Gobierno?”, se pregunta un ejecutivo del sector en referencia a la evolución de los precios y la inflación.
“La ropa subió 40% y autoriza a esta industria de capital intensivo y 5%. Es tremendo. Tenemos ingresos congelados en pesos y con costos en dólares, con lo que subió, más la inflación. La ecuación no cierra y somos una industria que siguió produciendo en la pandemia, ayudando como pocos a la producción, la educación y el entretenimiento. Además, ¿el subsidio lo va a pagar el Gobierno o lo vamos a terminar pagando las empresas?”, interrogó.
Quién días atrás aportó algunos datos sobre el tema fue Gustavo López, vicepresidente del Enacom. “Por primera vez para todos los servicios va a haber una prestación básica universal. Es decir, nace un nuevo derecho en las telecomunicaciones”, dijo el funcionario en una entrevista a Radio Gráfica.
“Va a haber un servicio adecuado a un precio muy accesible. El decreto 311, habilitaba a todos aquellos que cobraban una jubilación mínima o la Asignación Universal por Hijo o estaban desocupados, etc., a tener una serie de beneficios. Ese universo va a poder acceder tanto a telefonía, como internet, como cable con un precio menor. Eso es una innovación, la más importante”, explicó. También avisó que los aumentos de enero “no van a impactar de manera importante en el bolsillo de los ciudadanos, porque va a ser mucho más bajo que ese 20 por ciento que pretendían las empresas”.
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