Los artículos del Presupuesto 2021 que congeló el Ejecutivo: Economía hizo valer su poder interno para no perder recursos

El Gobierno dictó hoy una serie de observaciones al Presupuesto 2021 que buscan no perder y hasta aumentar la recaudación tributaria para reducir el déficit fiscal en medio de la compleja negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Calificadas fuentes oficiales afirmaron a Infobae que todos los vetos efectuados al proyecto que vino del Congreso tienen la finalidad de impedir un goteo de recursos y ratifican el momento de concentración del poder del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Una misión de Economía estuvo la semana pasada en Washington para dialogar con el staff del organismo y confían en cerrar el diálogo técnico en febrero para poder sellar el acuerdo en marzo, una vez que el Departamento del Tesoro de la administración Biden designe en el directorio del Fondo a su nuevo representante. En Buenos Aires afirman que la directora gerente, Kristalina Georgieva, se quedaría más tranquila si el nuevo programa contara con la bendición explícita de un representante del nuevo presidente de los Estados Unidos. En Washington ratificaron que el diálogo continuará en forma virtual en los próximos días pero no dieron precisiones respecto de la fecha de cierre de la negociación.

En cuanto a los vetos de hoy, se explicó en el Gobierno que “la intención y la lógica es que el Tesoro no pierda un solo peso y, por el contrario, el destino de los nuevos impuestos, vayan a las arcas generales”.

En este sentido, se mencionó una puja con la presidencia de la cámara de Diputados en torno del destino de los fondos surgidos del aumento a los productos electrónicos, ya que originalmente el Legislativo votó que se canalizaran a través de un fondo específico administrado por el BICE, pero en el decreto de hoy el Ejecutivo optó que vayan a rentas generales y se coparticipen.

Se trata del artículo 112 mediante el cual se crea un Fondo Fiduciario para el desarrollo de pymes tecnológicas con la finalidad de financiar al sector, que a su vez es regulado en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley de Presupuesto, en los cuales se dispusieron “aumentos internos” que “podría derivar en un incremento de los precios internos de productos electrónicos”.

“La creación y administración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech) propuesta en los señalados artículos agregados al Proyecto de Ley que fuera enviado por el Poder Ejecutivo genera rigideces en la administración y financiamiento del Presupuesto Nacional, resultando más eficaz que la recuperación de la recaudación de ingresos por mandato de los artículos 110 y 111 tenga como destino el Tesoro Nacional”, expresó el Gobierno además de advertir que el nuevo Fondo Fiduciario “se superpone con otros” que se encuentran vigentes y que también tienen como beneficiarias a las pymes.

Al respecto, en Diputados descartaron cualquier conflicto y afirmaron que, sobre 47 cambios que realizó el Congreso al proyecto original enviado por el Ministerio de Economía en septiembre pasado, el Ejecutivo solo observó cuatro.

En particular, sobre la cuestión de los impuestos internos, indicaron que lo importante es que aumentarán los recursos para que Economía pueda cumplir con las metas fiscales que está negociando con el FMI.

Curiosamente, uno de los considerandos subraya que “el aumento de impuestos internos establecido por los artículos citados precedentemente podría derivar en un incremento de los precios internos de productos electrónicos”, pero sin embargo no se veta el incremento, sino el hecho de que no lo administrara el Tesoro, sino el BICE.

También se habló de una disputa entre los ministerios del Interior y Economía por el manejo de algunos fondos, que habría sido saldada en favor de Guzmán si se observa el decreto de hoy.

Pero en realidad, todas las objeciones marcadas en el decreto tienen el mismo rasgo: todo el poder a Hacienda, aún en el caso del pedido de la provincia de Misiones de crear una zona franca; este veto, se aclaró en las filas del oficialismo, podría generar una discusión con los legisladores de esa provincia en el momento de aprobar la nueva fórmula de movilidad previsional.

En este sentido, el artículo 123 que faculta al Gobierno a constituir Áreas Aduaneras Especiales en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes, que autorizaba la extensión de las Zonas Francas, resultó observado porque “no resulta aconsejable en tanto significa una inestimable caída de la recaudación dada la consecuente merma de las transacciones comerciales, las producciones locales y el consiguiente impacto desigual en las economías regionales”.

“No se tiene en consideración que la zona franca es un instrumento de excepción creado con fines demográficos, poblacionales, geopolíticos, cuya multiplicación insuficientemente justificada puede acarrear asimetrías entre las diferentes provincias o con diversos productores o sectores productivos nacionales radicados en el territorio aduanero general que no gozan de los beneficios propios de aquella”, se explicó.

“No se pueden perder más recursos con nuevas zonas francas”, apuntó una fuente, al aclarar que el problema no es con Misiones, sino con la idea de generar nuevos puntos donde no se paguen impuestos dentro del país.

Además, en el artículo 28 mediante el cual se sustituyó el artículo 15 del DNU 1382/2012, estableciendo el porcentaje de afectación de los ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles, de la constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o transferencias de su uso, lo que daba lugar a una caída en los ingresos proyectados para el Tesoro Nacional en 2021.

Por esta razón, el Gobierno consideró que la distribución de ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles establecida en el DNU publicado en 20212 “resulta más eficiente en tanto los fondos del Tesoro Nacional se destinan al financiamiento integral de las necesidades presupuestarias del Sector Público Nacional”.

“Las inversiones en inmuebles del Sector Público Nacional, por la dimensión de fondos que demandan, son en general financiadas originalmente por el Tesoro Nacional y por tanto no resultaría lógica su pérdida en la participación al momento de la enajenación”, se justificó manteniendo las condiciones de ingreso al Tesoro establecidas en el DNU mencionado. Que, por lo expuesto, resulta apropiado observar el artículo 28 del Proyecto de Ley con el objeto de mantener las condiciones de ingreso al Tesoro Nacional establecidas oportunamente por el decreto mencionado.

Otra “víctima” del Tesoro fue el área del Ministerio de Turismo, ya que el artículo 126 facultaba al titular del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) a destinar hasta el 35% de su presupuesto para atender la situación de las empresas turísticas e implementar medidas para fortalecer el sector. Sin embargo, “las facultades establecidas atentan contra las funciones conferidas a la Secretaria de Hacienda”, por lo que también se suspendió este artículo.

Tampoco fue promulgado el artículo 65, que sustituye el 49 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva a través del cual se establece una afectación específica del 10 % de lo recaudado en concepto de tasa de estadística para destinarlo a programas de créditos para la inversión y el consumo.

“Dicha afectación genera una pérdida sobre los recursos proyectados para el Tesoro Nacional en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, en relación con la afectación vigente sobre el 3 % de la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, frente a las restricciones vigentes de financiamiento para el conjunto del Sector Público Nacional. Ante la reducción de recursos para el Tesoro Nacional antes mencionada no se plantean formas de compensación, las cuales, además, se dificultan ante las restricciones financieras del escenario fiscal del próximo ejercicio”, se explicó en los considerandos.

Acá, según las fuentes del Gobierno, la “pelea” la dio el ministro Matías Kulfas. Y de hecho se menciona que ya existen programas presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Productivo destinados al mismo fin, los cuales cuentan con créditos asignados superiores a los mencionados anteriormente destinados a financiar a la producción, “frente a las restricciones vigentes de financiamiento, afectar dicha cantidad adicional a la asignada resulta un esfuerzo para el Tesoro Nacional, lo que en el actual contexto resultaría improcedente”.

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