El Gobierno avanza a cuentagotas con el descongelamiento de los precios de alimentos y tarifas

Tal como sucede con el cepo cambiario, decidir la política de congelamiento tarifario es muy fácil. Lo difícil es salir. Y el Gobierno lo está viviendo en carne propia. A menos de veinte días para que termine el año, todavía es un enorme misterio qué sucederá con los precios de los servicios públicos. Lo único claro es que la decisión es salir del descongelamiento, lo que no se sabe es cómo.

La política tarifaria es uno de los temas más acuciantes en las negociaciones con el FMI, porque tiene un impacto directo en el nivel de déficit fiscal del año que viene. Según el Presupuesto 2021, los subsidios deben mantenerse constantes en relación al PBI. De esto se deduce que las tarifas deberían aumentar más o menos en la misma proporción que la inflación esperada. Pero a medida que pasa el tiempo parece más difícil que esto realmente suceda.

Los distintos ministros se pasan la pelota, pero ninguno es contundente para referirse a los tiempos para avanzar con los incrementos y menos con las formas de los mismos. Todos los sectores involucrados hablan de “urgencia” cuando se los consulta sobre la necesidad de adecuar los cuadros tarifarios. Esto involucra a la telefonía móvil e internet (considerados como servicios públicos desde mediados de este año), boletos de colectivo, luz, gas y agua.

La perspectiva de ajustes tarifarios también impacta en la proyección de inflación del año que viene, que según las consultoras económicas llegaría al 50%.

Una posibilidad es que los aumentos se otorguen sobre todo en el primer trimestre del 2021. Es decir que el “trabajo sucio” tendría lugar en el arranque del año, lejos de las elecciones legislativas. Si finalmente se opta por esta alternativa, la inflación tendría un pico en el primer cuatrimestre y se llegaría con menor presión a octubre. Algunos servicios, como el de energía eléctrica, hace prácticamente dos años que no tienen aumento alguno, lo que acelera la necesidad de subsidios.

La alternativa que mejor cae en el Gobierno es ir hacia un esquema parecido al que en su momento propuso el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, allá por el 2005. Consistía en avanzar con aumentos para los sectores más acomodados, pero reservar una “tarifa social” para los de menores recursos. En otras palabras, avanzar con ajustes segmentados de acuerdo al poder adquisitivo de cada hogar.

La decisión sobre qué hacer con las tarifas es de una gran complejidad. Si aumentan muy rápido, se aceleraría la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que ya vienen golpeados hace varios años consecutivos. Además, sin plata en el bolsillo será mucho más difícil impulsar el consumo y por ende la reactivación económica. Pero avanzar con ajustes en forma muy lenta provocaría más déficit y la necesidad de una mayor emisión monetaria por parte del Banco Central. Es decir que, a la corta o a la larga, terminaría provocando más inflación. La mayoría de los servicios públicos requiere de aumentos del 50% y en algunos casos supera el 100%.

El descongelamiento debe llegar también a la política de Precios Máximos, lo que implicaría un importante golpe inflacionario en los productos de la canasta básica, generando todavía más pobreza. Pero no aceptar adecuaciones conllevaría un alto riesgo de desabastecimiento, algo que ya fue advertido por la cámara que agrupa a las compañías alimenticias (COPAL). Desde el ministerio de Desarrollo Productivo también enfatizaron que la salida del este programa también será en forma “administrada”.

La inflación estará nuevamente en el centro de la escena en 2021. Este año tuvo un “descanso” durante algunos meses, pero no obedeció a ningún patrón virtuoso sino todo lo contrario. El aislamiento forzoso y el cierre de muchos sectores de actividad planchó durante algunos meses los precios. Pero a medida que se va reabriendo la economía, también se despierta la inflación para volver a los niveles previos a la pandemia. Además, la emisión monetaria también se aceleró: en las últimas dos semanas fueron nada menos que $ 270.000 millones para hacer frente al bache fiscal de fin de año.

El dólar es otra variable clave para evitar un desborde inflacionario. Por eso el Gobierno se juega a evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial. Pero todavía tiene varios meses por delante para que ingresen las divisas de la cosecha gruesa. El aumento de la soja a niveles de USD 430 la tonelada también genera optimismo, ya que representa unos USD 5.000 millones de ingresos adicionales.

La gran esperanza es seguir aguantando en el primer trimestre del año hasta que empiecen a entrar esos dólares. El objetivo es llegar a octubre del año que viene sin una megadevaluación, sino ajustando gradualmente la cotización. No sobra nada: las reservas líquidas ya están prácticamente en cero y es casi imposible que el Central salga a vender el oro para conseguir más dólares frescos. Tampoco sería atinado tocar los encajes que respaldan los depósitos en dólares del público y de las empresas.

La economía, mientras tanto, alterna buenas y malas. La construcción, por ejemplo, ya está por encima de los niveles pre pandemia y la industria se acerca. Pero el comercio minorista continúa muy afectado por la menor movilidad y la pérdida del poder adquisitivo del salario ante tanta inflación acumulada desde 2018. Otros sectores como el turismo (incluyendo hotelería, agencias de viajes y también restaurantes) siguen prácticamente cerrados y en estado crítico.

Lo más preocupante sigue siendo el bajísimo nivel de inversiones que registra el país, aún con un tipo de cambio muy conveniente. El impuesto a la riqueza, la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Justicia y la falta de un plan económico coherente harán que la recuperación económica tras la pandemia sea mucho más lenta en la Argentina que en otros países. Esto dejaría al país fuertemente expuesto a nuevas crisis a partir de 2021, pese a que el Presidente no se cansa de elogiar el camino elegido a lo largo de este primer año de gestión. Para él, todo lo ocurrido, al menos así se desprende de sus declaraciones públicas, está relacionado con la herencia de Macri pero también por los efectos negativos del COVID-19.

Claro que el año que viene podría quedar todo mucho más expuesto. El 2021 será de gran reactivación global y una vez más la Argentina corre el peligro de no participar de la fiesta, si no reacciona a tiempo.

Seguí leyendo