“La Corte Suprema de Justicia y sus autoridades, pilar de la república”. Ese es el título del comunicado con el que el Foro de Convergencia Empresarial, la entidad que nuclea a más 80 asociaciones vinculadas al mundo de los negocios, apoyó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de las críticas de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, a las que se sumó esta tarde Alberto Fernández.
“La Corte Suprema se maneja con una “discrecionalidad pasmosa”, dijo el Presidente en una entrevista radial.
“La plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente. En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional”, detalló el Foro, que reúne más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales.
Además, la entidad que coordina Miguel Blanco, también CEO de Swiss Medical, destacó que “el respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza”.
Críticas del Ejecutivo
“En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”, dijo Fernández esta tarde en una entrevista con FM La Patriada, y afirmó que todos los juristas convocados a formar parte del consejo consultivo le recomendaron “cambiar las cosas”.
En esa línea, recordó que durante los últimos 10 años el máximo tribunal únicamente decidió aplicar el recurso de per saltum para intervenir en dos causas: la ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces. “Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un ex vicepresidente a cinco años de prisión”, dijo en referencia al caso de Amado Boudou.
Ayer, Fernández de Kirchner publicó una carta. Se tituló “A un año… balance” y en ella –sin mencionar al primer mandatario– criticó con dureza al Poder Judicial, a la Corte Suprema y habló de fallos que pueden hacer “fracasar” al Gobierno.
“Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, detallo la vicepresidente.
Además, advirtió que “a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta”, hizo un repaso por los nombramientos de Néstor Kirchner para el máximo tribunal y los comparó con los designados por Mauricio Macri para completar la Corte Suprema. “A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, expresó.
Finalmente, criticó a la Corte por consentir “alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI” y dijo que no debería extrañar que comience a dictar “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
El Foro y el impuesto a la riqueza
El anterior comunicado del Foro fue días atrás, cuando aún se debatía el impuesto a la riqueza, la iniciativa de legisladores del kirchnerismo que se aprobó en el Congreso. Allí expresaron que debatir esa norma era un “dislate”.
“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”, afirmó en un comunicado.
“El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión. Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”, explicó el texto.
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