Si bien todos los datos son inquietantes, en particular, porque no sólo se trata de un fenómeno que se fue agravando sostenidamente en la última década, sino porque la suba de 14% a 15,5% de la población de 0 a 17 años con inseguridad alimentaria severa, con picos cercanos a 20% entre los adolescentes, contrasta con la percepción del gobierno nacional que “no hay argentinos con hambre”, según dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre de la última Conferencia Industrial de la UIA.
“El incremento de la inseguridad alimentaria en el último período interanual se registra principalmente en los niños/as entre 5 y 12 años, de 15,1% a 16,7%; y en mayor medida en los adolescentes de 13 a 17 años, de 28,2% y 35,4%”, resalta el trabajo. “Cerrar esa brecha es responsabilidad del Estado”, dijo en diálogo con este medio Ianina Tuñón, investigadora responsable del estudio sobre los “Efectos del ASPO - covid-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas”.
Según la proyección censal de la población argentina, al momento del relevamiento del ODSA residían en el país 13,7 millones de niños y adolescentes (de 0 a 17 años), de los cuales 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes, aunque con un desagregado de disminución en 30.000 personas en el tramo de 0 a 4 años, a 1,1 millones, y aumento en 620 mil en la franja de 5 a 17 años, ascendió a 3,6 millones.
Ianina Tuñón contó a Infobae que semejante aumento “se explica porque siempre en los planes de asistencia alimentaria, como la Tarjeta Alimentar, los más protegidos son los menores de 6 años”, que ha permitido sustituir la caída de la asistencia alimentaria directa en escuelas y comedores de 39,2% a 23,2% de la población hasta 17 años, por efecto del cierre de los establecimientos educativos desde el 20 de marzo que se decretó el ASPO, que determinó a la escuela como “servicio no esencial”.
De 13,7 millones de niños y adolescentes (0 a 17 años) que habitan en el país, se estima que 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes
Se advierte que entre quienes reciben la Tarjeta Alimentar la propensión a experimentar inseguridad alimentaria severa es sensiblemente menor que la observada entre quienes no reciben este beneficio (11,5% y 17,3%, respectivamente).
“Ha sido increíble el efecto de esa transferencia monetaria pese a la alta inflación. Pero, en general, no se extendió a los de más de 6 años, que es la franja más desprotegida, en particular porque en los hogares más carenciados su presencia en el grupo familiar es notablemente menor”, agregó la investigadora responsable del estudio.
“Los niños/as entre 0 y 4 años se han visto más protegidos probablemente como consecuencia de la cobertura de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esa asistencia no fue suficiente como sistema de protección ante la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos (41,8% en los beneficiarios y 31% en los no beneficiarios)”, resalta el informe citado del ODSA.
Otro punto que destacó Tuñón es el referido al “aumento de la inseguridad alimentaria en los sectores bajos integrados, los cuales se caracterizan por ser los más ‘aspiracionales’, mandan los niños a escuelas confesionales, donde están más protegidos, porque refleja el efecto directo de la pérdida de ingresos de los hogares y no captaron plenamente los planes de transferencia directa de ingresos que implementó el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, porque focalizaron en las familias con niños menores de 6 años”. Subió en el último año de 28,1% a un 36,2% de la población de ese segmento etario socio-ocupacional.
Derecho de los niños
Ianina Tuñón fue contundente al resaltar: “En términos de lo alimentario sobre los derechos de los niños es un tema en el que el Estado tiene responsabilidad, por eso el regreso a la escuela tiene que estar integrado con un plan de seguridad alimentaria, para nutrir a los chicos”.
Destacó la investigadora ante la consulta de Infobae: “El 15,5% de los niños y adolescentes hasta 17 años padecen de inseguridad alimentaria severa”, es decir, no consumen lo mínimo indispensable para su desarrollo en términos de calorías y proteínas. “Están mal nutridos, se caracterizan por consumir exceso de hidratos y azúcares, por eso en el plan integral de regreso a la escuela se debería incluir el fomento de las frutas y verduras, y también la necesidad del desayuno”, agregó.
Según estimó este medio a partir de la proyección de los datos censales del Indec, el flagelo afecta a poco más de 2,1 millones de niños y adolescentes: 362 mil en el segmento de 0 a 4 años, donde se redujo en 85.000 personas, y 1,8 millones en la división siguiente de 5 a 17 años, que se incrementó en poco más de 316 mil personas.
La inseguridad alimentaria severa afecta a 15,5% de los niños de 0 hasta 17 años, poco más de 2,1 millones, de los cuales 362 mil se concentran en el segmento de 0 a 4 años
Claramente, un factor determinante de ese delicado e inquietante cuadro socioeconómico, tanto por la situación presente como en perspectiva para las posibilidades de crecimiento del país en su conjunto, se vincula con la baja tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, menos del 50% del total, y con que de esa proporción más de un tercio lo hace en condiciones precarias y con ingresos muy inferiores al promedio general.
El relevamiento del ODSA se hizo a través de entrevistas telefónicas entre julio y octubre últimos, por línea fija y móvil, a 5.728 hogares con 17.920 personas, residentes en 20 aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes a quienes se les consultó sobre las privaciones económicas o déficit de desarrollo humano, en particular, y en este último relevamiento, el impacto del escenario covid-19.
“Cuando se selecciona a la población pobre o indigente en términos monetarios el efecto Tarjeta Alimentar es significativo en la inseguridad alimentaria severa. Ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar en situación de pobreza y/o indigencia duplica las chances de no experimentar inseguridad alimentaria severa (situaciones de hambre en los niños/as)”, concluye el informe ampliado del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el cual fue presentado por Ianina Tuñón junto con Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA, y se debatió con Marcelo Miniati, Fundación Cimientos, y Mariana Parola, Fundación Haciendo Camino, en un foro moderado por Carlos March, Fundación Avina.
Carencia de alimentos y de servicios esenciales
Como ya es habitual, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA completa el relevamiento de la población con deficiencias alimentarias básicas con el agregado de las insuficiencias en el acceso a los servicios esenciales de luz, gas, agua y vivienda digna, entre otros, que se denomina pobreza estructural y monetaria o por ingreso.
En el último período interanual 2019-2020 el OSDA registró un incremento en la pobreza que afectó en mayor medida a los niños/as entre 5 y 12 años, con 65,5% de esa franja etaria y a los adolescentes de entre 13 y 17 años, a 65,3%; Infobae estimó que ese conjunto suma 6,5 millones de personas, se elevó en un año en 586 mil chicos. Entre los más pequeños, de 0 a 4 años, se estimó en 59,9% del total del grupo, 2,3 millones, se agrandó en algo más de 151 mil personas. El promedio de ese conjunto subió 4,6 puntos porcentuales, a 64,1% de esa población, esto es, comprendió a 2 de cada 3 menores, 8,8 millones, se acrecentó en 738 mil personas.
La pobreza se amplió a 64,1% de los niños de hasta 17 años, aumentó en un año en 738 mil personas de ese grupo etario
Los sectores sociales más afectados fueron los estratos bajo marginal y bajo integrado, porque es donde se observa mayor densidad demográfica y el efecto de los planes asistenciales se diluyen.
De ahí que la estimación de pobreza en ese segmento de población haya resultado unos 20 puntos porcentuales más alto que en el promedio del total de habitantes (44,2%), aunque en términos relativos aumentó en similar proporción: 4,6 puntos porcentuales respecto de la estimación prepandemia de covid-19.
“Si bien en el marco de esta pandemia las infancias no se constituyeron en la población de mayor riesgo a contraer la enfermedad, se conjetura que la situación de aislamiento extendida en el tiempo ha producido un incremento de la vulnerabilidad de esa franja de la población en el pleno ejercicio de múltiples derechos, con un impacto más profundo en los hogares con menores recursos socioeconómicos, psicológicos, educativos y de capital social”, finaliza el estudio privado.
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