La economía en el primer año de Alberto Fernández: avances y retrocesos de un período signado por la pandemia

Sobre 16 indicadores económicos, Infobae hizo un balance que arrojó 4 resultados positivos o mejoras y 12 negativos en el primer año económico de Alberto Fernández como presidente de la Argentina. Muchas de las desmejoras estuvieron agravadas por las medidas preventivas del covid-19, pero también por desaciertos de política económica y ausencia de un plan integral explícito y consensuado para la emergencia.

Se trata de variables que comprenden la actividad de los sectores productivos de bienes y servicios, el empleo y los salarios, el tipo de cambio, las reservas y la deuda pública, como y los índices de pobreza e indigencia y riesgo país. Todo en un contexto en el que millones de argentinos y argentinas sufrieron el impacto económico de la pandemia.

Claramente, el escenario que impuso la llegada al país del virus –que forzó a decretar una cuarentena estricta entre el 20 de marzo y avanzado julio, y a partir de ahí parcialmente flexibilizada, aunque aun persiste– alteró todos los planes y objetivos. Y si bien afectó severamente la realidad económico-social en todo el mundo, como rápidamente lo registró el Fondo Monetario Internacional, en el caso argentino fue notablemente mayor al promedio mundial, porque desnudó con crudeza las enormes deficiencias estructurales que se arrastran desde décadas.

Pero previamente, el presidente Fernández había alertado sobre la herencia, como si el Gobierno que precedió al de Cambiemos hubiese dejado un país floreciente y sin severas carencias, para justificar el inicio de la gestión con medidas de emergencia, respaldadas por el Congreso, para encarar su gestión.

Así se aprobó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que posibilitó suspender la aplicación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones; elevar las retenciones sobre las exportaciones; dejar sin efecto la rebaja del IVA sobre los alimentos; extender el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por seis meses –medida que prorrogó hasta el cierre del año-; crear el Impuesto PAIS para las compras de dólares con fines de ahorro; aumentar los Impuestos Internos sobre los autos de alta gama; y elevar las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales, en particular para los radicados fuera del país.

El resultado inicial de ese conjunto de medidas fue la escalada del tipo de cambio para ahorro que se aproximó al del mercado libre; la aceleración de la recesión, el PBI pasó de caer a un ritmo de 2,2% en noviembre 2019 a 5,2% en marzo, según el Estimador de Actividad Económica (EMAE) y el aumento del desempleo de un total proyectado para todo el país de 1,7 millones de personas a 2,3 millones de trabajadores en ese período; porque muy poco de la nueva oferta laboral encontró una respuesta positiva en el mercado de trabajo.

En cambio, las buenas noticias vinieron por el lado de las remuneraciones favorecidas por los acuerdos paritarios previos, el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) aumentó 3,2% en términos reales, y el Índice de Salarios del Indec, que incluye el componente de los sueldos de los trabajadores no registrados, subió 3,3% real; en ambos casos favorecidos por la desaceleración de la tasa de inflación y la baja de las tasas de interés en el mercado financiero, en respuesta a una política monetaria que parecía tender a desarmar gradualmente la “bola de nieve” de las Leliq, aunque la contrapartida fue el impulso de la base monetaria a una velocidad de 23% real en 4 meses, el cual encendió las señales de alerta de más inflación en un horizonte de 8 a 12 meses.

Ese cuadro, junto con la presentación de una agresiva propuesta de reestructuración de los vencimientos de la deuda pública bajo legislación extranjera, mientras se acumulaban compromisos por la persistencia de alto déficit fiscal y capitalización de interés de bonos ajustables por la variación del tipo de cambio y la inflación, determinaron la virtual duplicación del índice de riesgo país, y lo ubicó a fines de marzo por arriba de 4.000 puntos básicos, según la medición de JP Morgan que informa la agencia Reuters.

Así, el balance de 4 meses arrojó un resultado neto virtualmente equilibrado, entre 7 positivos y 9 negativos.

Otra realidad y sin plan

Con la llegada de la pandemia de covid-19 se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo y se postergó el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2020 heredado. El propio Presidente le dijo al Financial Times: “Francamente no creo en los planes económicos”. Mientras se “enamoraba” de la prórroga continuada de la cuarentena inicial por 14 días por percibir el aumento de su imagen positiva entre la población; avanzaba la reestructuración de la deuda con un claro plano inclinado a favor de los bonistas y la realidad económico y social se fue deteriorando sostenidamente.

Las severas restricciones que se impusieron y persisten sobre el uso del transporte público de pasajeros por parte de los trabajadores en actividades decretadas no esenciales, básicamente las mano de obra intensiva, como los que se desempeñan en los comercios en las grandes tiendas; tareas en casas particulares; gastronomía, y espectáculos deportivos, artísticos y de esparcimiento; y en particular el turismo y la construcción, más los puestos informales y la actividad de cartoneros, se tradujeron rápidamente en un severo derrumbe de la economía en su conjunto y un brutal empinamiento del deterioro de los indicadores sociales de empleo, pobreza e indigencia, pese a las medidas paliativas que tomó el Gobierno.

Así lo revelaron los índices del Indec, a través de la Encuesta Permanente de Hogares: el desempleo se afirmó arriba del 13% de la oferta laboral, a 2,7 millones de personas, aunque por efecto desaliento podría subir a más de 28% de los trabajadores. También reflejaron el contexto relevamientos de datos de la industria, la construcción y el comercio; y también las instituciones privadas, como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los cuales se manifiestan con singular contundencia en el desagregado de la recaudación tributaria a cargo de la AFIP, principalmente IVA y Cheque; de Aduana y de la Anses, más allá de las facilidades que instrumentó el organismo para postergar el ingreso de los tributos a través de moratorias extendidas y diferimiento del pago de los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

Ese escenario llevó al Gobierno a imponer un cargo adicional a los compradores de dólar ahorro, a pesar de regir el cupo de USD 200 mes, de 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales por el corriente año, que se podría recuperar con la presentación de la liquidación anual en el segundo trimestre de 2021, pese a que de ese modo impulsó a un escalón más alto a los tipos de cambio alternativos y generó presiones sobre el conjunto de precios de la economía, aunque no llegó a manifestarse sobre los índices de precios del Indec por la extensión de los controles y valores máximos para productos de la canasta familiar.

Mientras que la extensión de la cuarentena, junto con la incertidumbre derivada de los naturales cabildeos en la negociación de la deuda con los grandes fondos de inversión extranjeros, y el aumento de la presión tributaria, derivaron en una profunda depresión, y notable pérdida de puestos de trabajo, en particular en las tareas informales. De ahí que no sólo se perdió la mejora previa de los salarios reales, sino que además se elevaron los niveles de desempleo, indigencia y pobreza.

Con ese panorama, el Banco Central no pudo evitar la disparada de los tipos de cambios alternativos al oficial, acumularon en el año un aumento de más de 54% en términos reales; ni tampoco que se profundizara la caída de las reservas en divisas, pasaron de USD 43.561 millones a USD 38.710 millones en valores brutos, en tanto las netas líquidas que eran al inicio de la gestión de unos USD 7.800 millones, ingresaron en terreno negativo, con unos USD 3.100 millones, luego de deducir el monto contable del swap de China, los encajes de depósitos en dólares en bancos, las tenencias de oro, y las cuotas y swaps con organismos internacionales; y volvieran a expandirse a un ritmo inquietante para los analistas del mercado financiero los instrumentos de regulación monetaria, como las Leliq y las operaciones de pases de títulos públicos con los bancos, porque con $2,5 billones superaron a la base monetaria de poco más de $2,3 billones.

Eso derivó en la persistencia de un alto índice de riesgo país, el cual ajustado por el efecto canje de cambio de valuación de los bonos argentinos en el indicador de septiembre, significó que los actuales 1.425 puntos básicos sean equivalentes a unos 2.750 pb de agosto, el cual es 26% más alto del nivel heredado y está 13 pb por arriba del recorrido que registró Brasil, notablemente más abajo (260 pb); y en contraste con el de Chile (148) y Uruguay (146) que lograron retroceder a valores inferiores a los de un año antes.

Así, el resultado final del balance del primer año de gobierno fue notablemente adverso: 12 variables se deterioraron en contraste con apenas 4 que mejoraron, el cual buena parte puede atribuirse a los efectos derivados de la pandemia de covid-19, pero también contribuyeron la falta de un diagnóstico adecuado y de medidas apropiadas para contrarrestar el mal clima de negocios que generaron el aumento de los impuestos y las acciones discrecionales, alejadas de las necesidades de las empresas, los trabajadores y los jubilados y pensionados.

En ese contexto, además, se aprobó el impuesto a la riqueza, que los tributaristas consideran confiscatorio y del que se derivarán muchas causas judiciales.

Efectos arrastre para el año próximo

El desafío para el próximo año, el cual comienza con el efecto arrastre de una economía debilitada por la alta capacidad ociosa, el aumento del endeudamiento de las empresas y de las familias, y la perspectiva de flexibilizaciones de los controles de precios y descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, será recrear un clima de negocios que posibilite acelerar la reactivación del aparato productivo y comercial, así como recuperar la totalidad de los puestos de trabajo caída, de modo de evitar un nuevo salto de las tasas de desempleo, indigencia y pobreza.

Para eso será clave también revertir la sostenida caída de la demanda de dinero, que es condición necesaria para evitar un estallido inflacionario superior al umbral del 50% que proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el cual significaría no sólo volver al nivel heredado a fines de 2019, sino también transitar una lenta salida de la crisis de actividad fabril y comercial actual.

El Gobierno le asigna un rol relevante a las negociaciones con el FMI para reprogramar los vencimientos del crédito stand-by que firmó el gobierno anterior, y obtener facilidades de largo plazo, para lo que tanto el manual del organismo, como las recomendaciones del consenso de los economistas independientes y de la oposición, destacan la necesidad de encarar reformas estructurales, en los planos impositivo, laboral, tamaño del Estado y de apertura de la economía, para poder reconstruir la confianza en las instituciones y atraer capitales del sector privado para la inversión productiva de largo plazo.

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