El especialista en derecho laboral, Julián De Diego, dijo que como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus covid-19 existe en los hechos un “cepo laboral” compuesto por la doble indemnización y la prohibición de despidos, pero que de todas formas “se perdieron un poco más de 1 millón de puestos de trabajo”. El especialista agregó que para la transición hacia la recuperación de la actividad económica en el año que viene se va a necesitar ir retirando gradualmente esas trabas, al mismo tiempo que sostener de manera también gradual el programa ATP que apoya a las empresas que no participan de la reactivación. Por último, si bien cree que se necesitan cambios estructurales en el mercado de trabajo, sostuvo que ante la falta de diálogo político entre Gobierno y oposición el camino a seguir es el de incentivos de corto plazo que impulsen el empleo.
De Diego fue el primer orador del día en el XVI Congreso de Economía Provincial 2020 organizado por Fundación Libertad que empezó ayer y se extiende hasta la tarde del jueves. El abogado laboralista trazó un diagnóstico del mercado laboral en el contexto de pandemia y analizó cuál debería ser la continuidad de las medidas oficiales para intentar revitalizarlo en el futuro cercano.
“Está clarísimo que el cuadro de situación económica de parálisis producida por el aislamiento es un hecho consumado que agravó el cuadro de estanflación”, dijo De Diego.}
La reacción del mercado laboral no fue otra cosa que la del mercado en general. Si la economía estaba paralizada esto también produjo una situación de parálisis
“La reacción del mercado laboral no fue otra cosa que la del mercado en general. Si la economía estaba paralizada esto también produjo una situación de parálisis sumado a un fenómeno de congelamiento que quiso llevar adelante el Gobierno y que yo he llamado siempre el cepo laboral”, comentó.
De Diego se refirió a las dos grandes medidas del Gobierno orientadas a contener los despidos en el mercado laboral registrado a las que se refiere como cepo: la doble indemnización establecida en diciembre de 2019 y la prohibición de despidos fijada en marzo de este año, junto con la cuarentena.
“El cepo produjo un congelamiento forzado de tratar de hacer lo posible porque no hubiera desvinculaciones. Aún así se perdieron entre 900.000 puestos de trabajo hasta 1,5 millón según las distintas estimaciones. El número debe estar en el medio. En la pandemia se perdieron un poco más de 1 millón de puestos de trabajo lo que produjo un daño social significativo lo cual produjo un aumento de la pobreza”, afirmó.
Con todo, el abogado consideró que esas trabas que pesan sobre los empleadores están morigeradas por el hecho de que no se aplican para nuevas contrataciones.
De Diego además alertó respecto de lo que será la recuperación después de la salida de las restricciones a los movimientos. Y si bien consideró que ya se ve una reactivación, también dijo que es muy heterogénea, por lo que va a obligar a mantener subsidios para empresas como el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), pero orientada específicamente a los sectores que todavía no pudieron sumarse al repunte.
“Hay una reactivación sumamente heterogénea: la actividad agropecuaria, frigoríficos, industria de la construcción. Sin llegar a un nivel de reactivación integral, va a haber una reactivación de importancia (...). No sirve hacer ninguna generalización. Empresas grandes medianas y chicas han sido exitosas durante la pandemia no sólo porque han producido productos esenciales sino porque han tenido una reacción interna lo suficientemente eficiente como para adecuarse”, comentó.
El congelamiento que quiso llevar adelante el Gobierno, y que yo he llamado cepo laboral, trató de hacer lo posible por evitar desvinculaciones
“Ya hay reactivación, ya hay inversión, no todo lo que uno desea, pero la reactivación existe. Hay empresas que se reactivan porque han tenido alguna reserva, empresas al límite y empresas con alguna necesidad de capital. Se hace necesario que el Gobierno revise algunas de las medidas que tienen que ver con esa transición”, dijo De Diego.
“Como primera transición se está saliendo del régimen de subsidios. ATP en septiembre se restringió, en octubre sólo a empresas en estado crítico y apareció el Repro 2 que no es de acceso sencillo y tiene un tope bajo de salario”, resumió. “En el contexto de este proceso, ¿qué quiere decir que se está abandonando el ATP? Que todos estos regímenes vayan desapareciendo en 2021. Entonces deberían desaparecer la doble indemnización y la prohibición de despidos”, agregó el especialista.
“Si bien uno tiene que pensar en un escenario de restricción de los subsidios, el Gobierno debería pensar en una salida ordenada y gradual de los subsidios para regresar a un mercado que le permita a cada empresa ser autosuficiente”, añadió.
“En ese sentido hay que trabajar en tres mecanismos: moderación pero permanencia y continuidad del ATP, incentivos para la recontratación de la gente que perdió su empleo -como un contrato de promoción del empleo de corto plazo, sin indemnización por despido pero con incentivos para que ese contrato continúe- y bajar el costo laboral es uno de los objetivos que se puede perseguir”, señaló.
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