“Simple”: por qué el desafío de dejar de ser pobres y desarrollar el sector privado van de la mano en América Latina

Los países de América Latina han transitado su historia buscando un modelo de desarrollo económico y social que les permita progresar. Desde diferentes enfoques se intentó alcanzarlo, pero los resultados son malos. La búsqueda del modelo de desarrollo de América Latina trasciende los signos políticos de los gobiernos. En la actualidad, Chile experimenta una tensión política y social que evidencia la desigualdad de la que en algún momento fue considerada una economía de mercado “exitosa”. A su vez, Venezuela atraviesa una crisis estructural que evidencia que el socialismo del siglo XXI tampoco pudo resolver el desafío del desarrollo. Más aún, las democracias de la región no han encontrado un modelo de desarrollo y, en consecuencia continúan fracasando en resolver el problema más grave de América Latina: su pobreza. La persistencia de la pobreza refleja la incapacidad de los gobiernos para resolver otros problemas asociados: el desempleo y la informalidad. Cuando hay pobreza, desempleo e informalidad en la sociedad, los problemas asociados a esa realidad afectan el progreso de todos.

Encuesta. Los resultados del Informe Latinobarómetro 2018 indican que, en los 23 años que se ha realizado la encuesta, nunca antes se presentó un retroceso como el experimentado en 2018: la percepción de “progreso neto” —diferencia entre progreso menos retroceso— en los ciudadanos de América Latina cayó 8 puntos porcentuales. El informe señala que, desde que empezó la década, los ciudadanos de la región se quejan del retroceso experimentado. La ausencia de progreso expresa el nivel de malestar generalizado en todo el pueblo latinoamericano. Específicamente, el informe destaca que, si bien los indicadores económicos no reflejan una situación técnica de crisis —recesión—, más de la mitad de la población de la región percibe que la situación es “mala”. El 35% de los encuestados señala que los “problemas económicos” —desempleo, pobreza, alimentación, bajos salarios, economía en general— son el tema más importante en su país. El 42% declaró tener miedo de quedarse sin trabajo. El 27% de las personas encuestadas señaló no tener suficiente comida al día, y el 51% se autoclasifica como “clase baja”.

La conclusión es clara: la búsqueda del progreso de América Latina ha fracasado. Ese fracaso se torna aun más contundente ante la irrupción de la pandemia de COVID19 en marzo de 2020. En épocas de crisis —sanitaria, humanitaria y económica— como la experimentada durante esta pandemia (“coronavirus”), el fracaso regional se hace evidente, al mismo tiempo, para todos los habitantes de la región.

En tiempos de crisis se necesita que el Estado gerencie medidas eficientes para toda la población a fin de mitigar impactos en la actividad productiva. Sin embargo, la elevada pobreza, el desempleo estructural y la informalidad dificultan la implementación de políticas económicas orientadas a amortiguar el golpe de la crisis sobre la población más vulnerable. En términos simples, las crisis —como la del coronavirus— solo amplifican la realidad de la pobreza.

¿Cómo implementar un seguro de desempleo de forma eficiente si la informalidad laboral promedio de la región es del 53%? ¿Cómo implementar medidas de alivio fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) si un gran porcentaje de ellas no está legalmente registrado? ¿Cómo implementar políticas públicas para contener una crisis económica y social de forma eficiente si no hay información completa ni registros actualizados y la población más vulnerable se pone en riesgo para acceder a ellos?

Ejemplo. Cuando el coronavirus llegó a América Latina en marzo de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizó la siguiente reflexión en su cuenta personal de Instagram: “Hemos cometido errores, demasiados. Hemos tratado de hacer lo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre, el 90% de la población no está bancarizada y no tenemos un censo hace catorce años. Estamos haciendo lo posible para arreglar todo lo que estuvo mal por décadas, en una semana. [...] Conseguimos dinero, que no fue el que aprobó la Asamblea, porque ese ni siquiera se ha conseguido, y mucho menos han aprobado gastos —que, por decreto, ellos son los únicos que lo pueden aprobar—. Del dinero que conseguimos por nuestra cuenta decidimos darle 300 dólares a cada familia necesitada, pero ha sido casi imposible. Porque no tenemos censo, porque no tenemos cuentas de banco donde depositar, porque si decimos que vayan en orden, llegan todos a cobrar en desorden porque tienen hambre y viven en pobreza y se entiende [...]”.

La crisis del coronavirus aceleró cambios estructurales que ya estaban en marcha en la última década (CEPAL, 2020). La virtualización de las relaciones económicas y sociales, el teletrabajo y la digitalización cobraron mayor relevancia para facilitar la vida cotidiana ante las medidas de aislamiento social implementadas a fin de prevenir la expansión de la pandemia.

Sin embargo, América Latina se encuentra rezagada en estas transformaciones, especialmente en inclusión financiera, digitalización y teletrabajo. La crisis del coronavirus no solo puso en evidencia el fracaso de la región en términos de reducción de la pobreza, sino que hizo evidente la agenda de reformas que deben profundizarse para que la región crezca sobre la base del desarrollo del sector privado: simplificar la regulación y digitalizar los trámites para que las empresas de la región, en particular las MIPYMES, puedan continuar trabajando aun en épocas de crisis excepcionales.

El desafío: dejar de ser pobres

El libro hace foco en la realidad más dolorosa en América Latina: cómo dejar de ser pobres. No enuncia teorías de desarrollo ni recetas de crecimiento económico, sino que provee una visión práctica a fin de contribuir a que se pueda entender el tipo de cambios necesarios para lograrlo.

América Latina está siempre a tiempo de eliminar su pobreza estructural. Pero cuanto más tiempo pase, más estructural se hace la pobreza. Un tema de esta magnitud requiere tener prioridad a nivel regional, porque toda Latinoamérica transita un destino económico y social en el que los países están hermanados geográfica y culturalmente. Cuando sea una prioridad regional, genuinamente compartida, todas las decisiones de política pública se alinearán con ella.

América Latina puede salir de la pobreza liderando su propio proceso de desarrollo. Los Estados latinoamericanos pueden crear —en conjunto— el mejor clima de negocios, es decir, la regulación más simple y con menores costos para que el sector privado de la región pueda hacer cualquier emprendimiento en todos los sectores.

El desafío es claro. Generar la solución depende de América Latina.

El ejercicio que propone el libro es concreto: si lo que se intentó hasta ahora fracasó, ¿cómo podríamos entender mejor en qué fallamos y qué hacer diferente? ¿Cómo puede cambiarse lo que está mal?

Si es difícil hacer negocios para los emprendedores, micro y pequeñas empresas de la región, ¿por qué no hacerlo fácil? ¿Cómo cambiar las reglas para desarrollar cualquier actividad productiva de forma más simple y menos costosa que en cualquier otro lugar del mundo?

Si trabajar en condiciones formales en la región es complicado y costoso, ¿por qué no hacerlo simple y económico? Si generar trabajo en la región es complejo, ¿por qué no facilitarlo?

En América Latina aún no hemos tenido la determinación para coordinar una serie de reformas que conduzcan a simplificar la manera de hacer negocios, que a esta altura se entiende que implica: cómo facilitar la actividad del sector privado para que se genere empleo y se promueva la salida de la pobreza de aquellos que ingresen en el mundo del trabajo.

Si bien puede ser frustrante que pasen las décadas y que la región tenga que aprender una y otra vez las mismas lecciones expresadas en crisis recurrentes, el desafío está justamente ahí: entender como dar el paso adelante. No hay atajo en el proceso colectivo de aprendizaje, sino todo lo contrario.

Este libro no busca convertirse justamente en un atajo para la región, sino facilitar que se profundice la mirada interior regional para generar un proceso de desarrollo sostenido que le permita a América Latina entender cómo dejar de ser pobre.

El foco: el sector privado

Para afrontar el desafío de dejar de ser pobres, el libro explora propuestas con un foco claro: desarrollar el sector privado de la región.

Nuestra realidad empresarial es contundente: el 99% de las empresas de América Latina es MIPYME. En términos simples, el 99% de ellas emplea entre 0 y 200 personas, o sea, es chica.

Asimismo, las MIPYMES generan el 60% del trabajo formal de la región, es decir, tienen un rol fundamental en la creación de empleo, elemento clave para reducir la pobreza. En contraste, las MIPYMES solo representan el 25% del producto bruto interno (PBI). En otras palabras, estas empresas tienen enorme relevancia en la vida cotidiana de los latinoamericanos, pero aportan relativamente poco al crecimiento regional de la economía.

En la actualidad, el 100% de los emprendimientos en América Latina —sean de empresas pequeñas (88%), medianas (10%) o grandes (2%)— requiere de abogados, contadores, notarios e interacciones con entidades del Estado, lo que hace que emprender o hacer negocios en la formalidad —es decir, dentro de las reglas—sea relegado a quienes puedan pagar el costo asociado y contratar los servicios requeridos.

Ejemplo. Completar un trámite en la región requiere tiempo y capacidad de interpretación. La información solicitada es compleja y el acceso a requisitos y especificaciones de los trámites, difícil. Solo el 16% de las personas sin estudios ha realizado un trámite en el último año, en comparación con el 42% de aquellas con estudios universitarios completos. Es decir, la dificultad para hacer trámites en la región afecta en mayor medida a las personas con niveles de escolaridad bajos —porque suelen tener trabajos con poca flexibilidad para disponer de tiempo para ello y porque su nivel educativo les dificulta comprender todos los requisitos—, por lo que aumentan las posibilidades de que renuncien a algún beneficio social solo por el hecho de que les resulta complicado acceder a este. Asimismo, los más pobres son víctimas de corrupción con mayor frecuencia. Según Transparencia Internacional (2017), el 30% de los individuos con bajos ingresos declaró haber pagado sobornos, frente a un 25% de aquellos con mayores ingresos (Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, S., 2018, pp. 67-68).

En la era de la digitalización, ya debiéramos crear una MIPYME de forma gratuita en un solo proceso, con una aplicación desde nuestro teléfono móvil. También debiéramos contratar mediante la misma aplicación los recursos que requiramos por el tiempo que los necesitemos, así como dar de baja los contratos que dejemos de necesitar. Incluso debiéramos cerrar fácilmente la MIPYME si el emprendimiento o proyecto intentado no funcionó. Sin embargo, la realidad es la opuesta.

América Latina tiene pendiente comprender que su desarrollo está asociado al de las MIPYMES. Las empresas chicas necesitan una regulación simple para prosperar.

La clave: buenas reglas

América Latina ha fracasado en establecer reglas simples para generar empleo en condiciones formales que brinden oportunidades de progreso a sus habitantes. Cuando se crea trabajo formal, se logra trascender al desempleo y la pobreza. En la actualidad, la región convive de forma “natural” con el trabajo informal, como si fuera una red de contención social.

Las reglas de la región para emprender y hacer negocios son tan complejas que los latinoamericanos nos hemos especializado en encontrar alternativas —“atajos”— para subsistir a la mala regulación del Estado. La informalidad no está socialmente penalizada y, en consecuencia, eludir impuestos, incumplir reglas o intentar no pagar multas es parte de la vida diaria de la mayoría de los que habitan la región.

Mientras las malas reglas sigan generando informalidad y desempleo, América Latina seguirá sumida en la pobreza.

Entender cómo dejar de ser pobres debiera ser la principal prioridad de todos los latinoamericanos. Generar soluciones para que emprender y trabajar en la región sea simple y económico es un camino que aún no se ha ensayado y que tiene el potencial de transformar el futuro de América Latina en uno de progreso.

La solución ya fue ensayada por otros países, y los beneficios son tangibles. Reglas claras y simples favorecen la creación de negocios y la generación de empleo, reducen la informalidad y disminuyen la pobreza (Banco Mundial, 2004, 2005, 2006).

En términos concretos, América Latina puede desarrollarse, reducir la pobreza, crear empleo y ser competitiva si logra tener reglas tan simples que hacer negocios —para los latinoamericanos o cualquier inversor, en todos los sectores de la economía— resulte fácil y económico.

Ejemplo. Crear una empresa, contratar a una persona, obtener una licencia, acceder a financiamiento, pagar impuestos, echar a un empleado y cerrar nuestra empresa debiera hacerse desde un teléfono inteligente, en un proceso intuitivo que se realice mediante una plataforma única ofrecida por el Estado al mínimo costo posible.

El planteo no es utópico, solo práctico. El propósito no es explicar por qué en los últimos doscientos años nos fue mal como región, sino contribuir a que nos vaya bien en los próximos doscientos años.

La herramienta: el servicio público

Para afrontar el desafío de dejar de ser pobres, el libro hace foco en el sector privado y en generar buenas reglas para que este cree empleo en condiciones de formalidad y así reduzca la pobreza.

Por su parte, el Estado (sector público) es el responsable de producir la regulación —decretos y leyes (además de sentencias)— que determina las reglas de juego para que empresarios y emprendedores (sector privado) realicen su actividad productiva, generando riqueza, aportes al Estado (impuestos) y empleo.

En términos simples, el rol del Estado es regular el sector privado. Si el Estado regula bien, el sector privado florece y se crea empleo. Si el Estado regula mal —porque regula mucho, o de forma compleja o contradictoria—, el sector privado no florece y se genera pobreza. La informalidad siempre es indicativa de la mala regulación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que América Latina afronta en la actualidad un 53% promedio de informalidad laboral (Salazar Xirinachs, J. M., y Chacaltana, J., 2018). La disminución de la pobreza y la generación de empleo tienen que basarse en buenas reglas —simples y con el menor costo transaccional posible— que permitan, a todo el que lo desee, emprender y producir de forma más fácil y en la formalidad. Las reglas actuales crean un 53% de informalidad y, por ende, son malas: es conveniente reescribirlas.

Los gobiernos de la región deben brindar un servicio público para facilitar la operatoria de las MIPYMES durante todo su ciclo de vida. Actualmente, las instituciones públicas funcionan de forma descoordinada, con interacciones entre sí complejas, basadas en expedientes de papel y preocupadas por cumplir con las reglas y los requerimientos de la burocracia, en lugar de hacer foco en brindar un buen servicio público.

Como resultado, la interacción entre el sector privado y los gobiernos de la región, por lo general, es compleja, ya que hacer un trámite requiere de múltiples requisitos, formularios, interacciones con oficinas del Estado y costos asociados, entre otros. Es decir, el servicio público de la región es lento, complejo y costoso.

Ejemplo. Según información presentada en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, El fin del trámite eterno, los gobiernos de la región gestionan entre 1.000 y 5.000 trámites diferentes —cifra que no incluye los realizados a nivel subnacional—. Asimismo, se estima que: (i) un ciudadano de América Latina realiza cerca de cinco trámites al año; (ii) el 89% de los trámites se realiza de forma presencial; (iii) se requieren 5,4 horas en promedio para completar cada trámite; (iv) solo la mitad de los trámites se resuelve en una sola visita, y (v) el 64% de los ciudadanos de la región declara que hacer un trámite es “difícil” (Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, S., 2018, p. 40).

El Estado, mediante buenas reglas, puede mejorar el servicio que brinda a los ciudadanos en general y a las MIPYMES en particular. Regular para la simplificación y digitalización de trámites tiene el beneficio de agilizar la interacción del sector privado y el estatal, mejorando el clima de negocios, el acceso a los servicios y programas públicos y la eficiencia en el interior del Estado.

Cuando el Estado regule bien, el sector privado podrá crecer, operar en la formalidad, generar empleo y contribuir a reducir la pobreza en la región.

La información: datos regionales

Los datos de América Latina reflejan de forma contundente su fracaso, su desafío, el foco, la clave para resolverlo y la herramienta para solucionarlo.

- El fracaso: 0,4% es el crecimiento promedio experimentado por la región en el último lustro, el período de menor crecimiento en los últimos cuarenta años (CEPAL, 2019).

- El desafío: 35% ha sido el promedio de pobreza en Latinoamérica en los últimos cincuenta años.

- El foco: 99% de las empresas es MIPYME. Ellas generan el 60% del empleo, operan en condiciones de informalidad y solo aportan el 25% del PBI de la región.

- La clave: Las reglas son tan complejas que ningún país de América Latina se encuentra entre las mejores 50 economías para hacer negocios, según el informe Doing Business, del Banco Mundial, publicado en 2020.

- La herramienta: Mejorar el servicio público mediante la simplificación y digitalización de trámites implicaría interacciones más rápidas —los trámites digitales son en promedio un 74% más ágiles—, más económicas —entre el 1,5 y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales— y menos vulnerables a la corrupción (Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, S., 2018).

La idea: simplificar y digitalizar

Hacer negocios en la región tiene que ser fácil y económico, en especial para las MIPYMES, a fin de que el impacto positivo en la creación de empleo y reducción de la pobreza sea mayor. Sin embargo, la realidad de América Latina es la opuesta: con reglas tan complejas, hacer negocios resulta difícil y costoso, por lo que no se genera crecimiento, no se crea empleo y aumenta la pobreza.

Para mejorar el clima de negocios en la región se propone: (i) simplificar reglas; (ii) reformar instituciones, y (iii) simplificar procesos (trámites).

En términos prácticos, los gobiernos debieran implementar un programa integral de acciones que contemple: (i) reescribir la mala regulación que obstruye el desarrollo del sector privado y adoptar buenas reglas que faciliten el ciclo de vida de la MIPYME; (ii) reformar las instituciones —estatales— que limitan el desarrollo del sector privado y adoptar una institucionalidad que facilite la operatoria de las MIPYMES en todo su ciclo de vida, y (iii) simplificar —complementariamente a la reforma de la regulación y de la institucionalidad— los procesos asociados a la actividad de las MIPYMES.

En términos simples, las reformas debieran tener como eje la reducción —al máximo posible— de tiempos, costos y complejidades: todo trámite debe ser online.

Ejemplo. Estonia es un caso testigo que representa un modelo de referencia en materia de simplificación y digitalización de los servicios públicos, ha digitalizado casi el 100% de sus servicios. Hace veinticinco años, su gobierno definió el desarrollo digital en el sector público como una política de Estado, con el objetivo de promover el crecimiento económico. Actualmente, Estonia es reconocida a nivel internacional por los logros alcanzados y los resultados obtenidos. Se estima que ha ahorrado en promedio 30 minutos de transacción por ciudadano, lo que implica 5,4 horas de trabajo al año por persona y 7 millones de días por año de la sociedad en su conjunto (Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, S., 2018, p. 158).

Adicionalmente, los países podrían potenciar sus agendas de reforma y promover en el ámbito regional un esfuerzo coordinado para alcanzar un consenso que mejore el clima de negocios en América Latina. En este sentido, los planes nacionales debieran incluir acciones enfocadas en lograr que todos los países de la región adopten regulación, instituciones y procesos similares para que hacer negocios en Latinoamérica sea simple, sin importar en qué país se realicen.

La realidad de América Latina es compleja. La pobreza es un problema complicado, multicausal y multidisciplinario, y las soluciones son —en general— abordadas desde enfoques intrincados. El libro propone un abordaje innovador: dejar de lado la complejidad latinoamericana e intentar formas diferentes de hacer las cosas.

La región tiene que adoptar reglas simples para que hacer negocios sea más fácil y económico que en cualquier otro lugar del mundo, a fin de generar crecimiento, crear empleo y reducir la pobreza.

La visión: más negocios, menos pobreza

La propuesta del libro —simplificar las reglas y digitalizar los trámites a fin de colocar el Estado al servicio del sector privado— tiene como objetivo generar el mejor clima de negocios posible en la región, para que las MIPYMES puedan crecer, desarrollar sus planes de negocio en la formalidad, generar empleo y contribuir a disminuir la pobreza en la región.

El beneficio de la propuesta es claro: generar más empleo y reducir la pobreza. Esto es posible, porque el libro se enfoca en las MIPYMES y en cómo facilitar su operatoria.

Mejorar la competitividad de las MIPYMES, agilizar su funcionamiento y aumentar su productividad son la clave para crear más empleo y disminuir la pobreza.

La realidad de las MIPYMES en la región es contundente: (i) operan en mercados locales acotados; (ii) dependen de la evolución de la demanda interna; (iii) funcionan en sectores con bajas barreras para la entrada y salida; (iv) presentan elevadas tasas de mortalidad y natalidad de empresas, y (v) responden a estrategias de autoempleo y supervivencia, más que a dinámicas propias de desarrollo empresarial (CEPAL, 2018, p. 20).

Promover la reconversión de las MIPYMES e incrementar su potencial de ingresos implican mejorar la situación de las poblaciones más vulnerables, favoreciendo la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Estadísticas. Entre 2009 y 2013, la cantidad de empresas formales en la región se incrementó un 11% en un contexto de crecimiento económico. Luego, el estancamiento y la caída del PBI en los años siguientes llevaron a una reducción del –4,1% del número de empresas (CEPAL, 2018, p. 15). El rol clave de las MIPYMES es proveer empleo, aunque sea de baja calidad, estabilidad y nivel salarial. En la región, el salario promedio de las MIPYMES representa el 40% del de las grandes empresas. En tanto, en la Unión Europea, la proporción alcanza el 60%. La situación de las MIPYMES en la Unión Europea contrasta con lo que sucede en América Latina y da cuenta del potencial que tiene este segmento de la economía para contribuir a reducir la pobreza en la región. En la Unión Europea, las MIPYMES representan el 56,2% del valor agregado de la economía, mientras que en América Latina el porcentaje alcanza apenas el 25% (CEPAL, 2018, p. 9). La mayor diferencia entre regiones se concentra en el segmento de microempresas. En Latinoamérica, las microempresas representan el 88% de las empresas formales, aportan el 27% del empleo y apenas el 3,2% de la producción. En tanto, en la Unión Europea, las microempresas constituyen el 93% de las empresas formales, generan el 30% del empleo y aportan el 20% de la producción (CEPAL, 2018, p. 20).

El tiempo de encarar el desafío es ahora. En primer lugar, porque la región tiene que dejar atrás su fracaso: no puede seguir conviviendo con la pobreza. En segundo lugar, porque las nuevas generaciones —nuestros hijos y nietos— demandarán una vida en la que desarrollarse sea ágil, simple y económico. No van a aceptar dócilmente perder tiempo haciendo trámites. Van a exigir un vínculo con el Estado que pueda resolverse desde la comodidad de sus casas, desde sus teléfonos inteligentes, en un tiempo breve y con pocas interacciones.

Las nuevas generaciones —millennials, centennials, alpha y las que vendrán— podrán aprender una disciplina, una habilidad técnica y una cultura del trabajo. Pero resulta anacrónico pretender que aprendan a convivir con un sistema de reglas que dificulten la vida cotidiana, obstaculicen emprender un negocio y complejicen la creación de empleo.

Las expectativas de las sociedades van evolucionando, como van cambiando la tecnología y la cultura. Entender que en los próximos años se exigirá un cambio estructural es el primer paso para tomar dimensión de la urgencia del problema. América Latina necesita avanzar con una visión de creación de empleo y reducción de la pobreza para finalmente salir de su fracaso.

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