El gabinete económico comenzó a delinear la continuidad de las medidas que tomó en los últimos meses para mitigar el impacto de la pandemia. En la reunión semanal que encabezó este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Poder Ejecutivo analizó la implementación del programa ATP y el IFE como principales ejes de gestión durante el Covid-19. Ya con la actividad con cierto repunte, el Gobierno define un “plan de acción” que tendrá como “límite” el Presupuesto 2021 y que prevé un recorte del déficit fiscal.
En el encuentro que realiza el equipo económico cada semana, en esta ocasión “repasaron los resultados del paquete covid y discutieron los primeros resultados de las nuevas líneas de acción”, según comunicó este miércoles el Palacio de Hacienda.
La última tanda de medidas de asistencia salarial tuvo para el fisco un costo cercano a los $10.000 millones de pesos. La octava ronda de ayuda para el pago de salarios de trabajadores del sector privado a través del programa ATP alcanzó a unos 356.000 empleados. Como comparación, durante los meses de mayores restricciones, esa medida llegó a tener un alcance de casi 2,5 millones de trabajadores.
Además, de Guzmán, de la reunión participaron los titulares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.
ATP
La semana que viene se abrirá la inscripción para una novena rueda del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP). En los últimos meses, el ATP migró de una prestación directa por parte del Estado a uno de créditos subsidiados con los que el Poder Ejecutivo apunta a incentivar la contratación de personal. Para aquellas empresas que mantengan o incrementen su dotación de empleados, ese préstamo a tasas blandas podrá convertirse en un subsidio.
El IFE, otra de las medidas centrales durante la pandemia, también fue reconvertida a asignaciones que apuntan a un sector determinado de la población. El Estado llegó a abonar tres cuotas de $10.000 cada dos meses a casi 9 millones de personas y desde que confirmó que no habrá un cuarto pago, puso sobre la mesa el plan Potenciar Trabajo, que apunta a jóvenes de entre 18 y 29 años sin empleo.
El Presupuesto 2021 prevé reducir el déficit fiscal a 4,5% del Producto Bruto Interno desde cerca de 7% con el que terminaría este año de pandemia. De todas formas, parte de las conversaciones con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo financiero incluirían una velocidad de ajuste en el rojo fiscal más rápida
El Potenciar Trabajo implica un pago de la mitad de un salario mínimo vital y móvil por un empleo de media jornada en sectores particulares y que alcanza a unas 700.000 personas. En diciembre, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que pagará un bono de $9.400 para esos beneficiarios. Por otra parte, reforzará la Tarjeta Alimentar en la última parte del año con un pago doble para los titulares de esa asignación.
Según explicaron fuentes oficiales, la reunión del gabinete económico tuvo como eje hacer una “revisión del impacto de las medidas adoptadas en los últimos meses” y a partir de ese panorama, “hacer un diagnóstico de la situación actual y confirmar líneas de acción hacia adelante”, apuntaron. En ese sentido, señalaron que los próximos pasos tendrán un límite que será el Presupuesto 2021 que, afirmaron, “es central”.
La ley de ingresos y gastos aprobada en noviembre por el Congreso prevé reducir el déficit fiscal a 4,5% del Producto Bruto Interno desde cerca de 7% con el que terminaría el sector público este año de pandemia. De todas formas, parte de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un nuevo acuerdo financiero incluirían una velocidad de ajuste en el rojo fiscal más rápida.
De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Estado gastó solo hasta octubre para implementar medidas de emergencia contra el coronavirus unos $940.000 millones, explicados principalmente por el IFE y el programa ATP, pero también por transferencias a provincias y créditos.
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