Sigue generando rechazo en el sector agropecuario la modificación que se realizó a la normativa de Manejo del Fuego. Una iniciativa del diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que fue convertida en Ley el pasado viernes.
Desde la Fundación Barbechando explicaron que con la nueva Ley, en las zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, se prohibirá por 30 años, a partir de la extinción del incendio, cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento previo del siniestro. Además, en el caso de que la superficie afectada tuviese monte nativo, la prohibición de cambio de modalidad de uso se extendería a 60 años.
Los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron ayer su rechazo a la nueva Ley. “Todo es resultado de la pobreza intelectual y la incapacidad de los legisladores en la búsqueda de herramientas lógicas, inteligentes y realistas para atender una problemática seria y compleja, ante la fácil y sencilla receta de aplicar políticas partidarias en temas legislativos nacionales, actitudes revanchistas y castigos en lugar de reales soluciones autosaboteando al país al condenar previamente al productor impulsando normas que promueven incertidumbre sectorial”, señalaron en un comunicado.
Además, advirtieron que las modificaciones a la Ley, “limitan el uso privado y comercial de tierras incendiadas, plantean una mirada prejuiciosa y muy injusta sobre el productor agropecuario, en quien recae la culpabilidad del hecho aun no siendo responsable, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna y restricciones por décadas”.
Y agregaron: “Las restricciones afectan profundamente el derecho de propiedad, además de ser aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios en el caso de situaciones naturales, provocados por terceros o accidentales, tan comunes en el sur de nuestras provincias de Bs As y La Pampa en campos lindantes a vías del ferrocarril en tiempos de seca. Se trata de una situación insólita e inconstitucional, porque se impide disponer del inmueble alterando el derecho a la propiedad”.
También hubo cuestionamientos de la dirigencia de Carbap al rol del Estado: “Los propietarios de las tierras deben soportar las consecuencias de la ineficiencia de un Estado que no es capaz ni de prevenir incendios tanto accidentales o como consecuencia de actos de vandalismo como así tampoco de aprehender y someter a la justicia a quienes lo hubieran originado”.
Más críticas
Antes del debate en el Senado de la Nación, varias entidades que representan a los productores agropecuarios se pronunciaron en contra de la nueva Ley.
Por un lado, los dirigentes de la Mesa de Enlace a nivel nacional, comentaron que las prohibiciones se dan “independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales” y que “afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.
Por otro lado, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) emitió un duro comunicado rechazando de plano las modificaciones propuestas por el oficialismo y consideró que el proyecto del manejo del fuego es el “disparate más grande que escuchó este año el campo” y que su confección fue “pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos”.
Otra de las entidades que se pronunció en contra de la nueva normativa, fue la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), donde también cuestionó la iniciativa parlamentaria considerándola como “un nuevo avance sobre la propiedad privada” esgrimida desde el kirchnerismo y sostuvo que vedar el uso de una propiedad quemada “constituye una verdadera confiscación estatal sin precedentes”.
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