El Gobierno les recortó fondos a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Hábitat para atender el déficit de las empresas públicas

En línea con el convencimiento que tienen el presidente Alberto Fernández, y sus ministros, en particular los de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sobre el ingreso a una etapa de salida de la depresión que provocaron las medidas preventivas de la crisis sanitaria, según expresaron al cierre de la 14 Conferencia Industrial de la UIA, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 975 del 5 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del día siguiente, el Gabinete de Ministros en pleno resolvió recortar las partidas previstas en el Presupuesto 2020 para lo que resta del año en tres áreas sensibles: Salud, Desarrollo Social y Hábitat, principalmente.

En el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, que al viernes 4 de diciembre llevaba ejecutado el 82% del monto total asignado para 2020 de $347.583 millones, se dispuso una poda de $2.905 millones, inferior al 1% del total, pese a que la emergencia sanitaria sigue vigente con Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio en gran parte del país, y rigurosidad extrema en algunos puntos turísticos; se mantiene la incertidumbre sobre la llegada y costos de la vacunación contra el covid-19; y que en los considerandos del decretos 975 menciona: “es necesario reforzar el presupuesto vigente con el objeto de atender la adquisición de la vacuna destinada a dar respuesta a la pandemia producida por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), así como los servicios de logística respectivos”.

La explicación que sintetiza la norma es que “es necesario reducir el presupuesto financiado con transferencias internas provenientes del fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud y de los aportes de la Superintendencia de Servicios de Salud, actuante en la órbita jurisdiccional, que no serán percibidos durante el presente ejercicio”.

Más intenso resultó el recorte de partidas para el área del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Daniel Arroyo: sobre un presupuesto de $268.553 millones, de los cuales ya había comprometido al último viernes el 79,6%, casi $213.800 millones, se limaron $4.814 millones, cercano a 2% del total.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hàbitat, ahora bajo el control de Jorge Ferraresi, quien sucedió a María Eugenia Bielsa, contará para cerrar el año con $3.048 millones menos del saldo pendiente de ejecución de $19.194 millones, representa casi el 16%; al parecer justificado en que es una de las áreas de Gobierno con menor grado de aplicación de los $44.800 millones previsto para todo el ejercicio, 57,2%, como consecuencia, explica los considerandos de la norma, “no se recibirán los recursos pertinentes provenientes de préstamos externos”.

Del procesamiento de los datos del Anexo I del decreto 975 que consta de 242 páginas con todas las modificaciones presupuestarias y 1 folio de forma, Infobae detectó otros recortes menores, pero principalmente la reasignación de partidas multimillonarias a favor de unos pocos Ministerios y Programas, que en conjunto sumaron $119.053 millones, equivalente a casi 2% del total de los recursos tributarios proyectados para el 2020 y 7,7% del saldo total pendiente de ejecución.

La más favorecida fue la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que en su plan de desarrollo prevé dar cobertura al 100% de agua y del 75% en cloaca a las áreas urbanas del país hacia 2023, porque a la partida en ejecución de $85.870 millones, de las cuales lleva comprometidos a esta altura del año poco más de 88%, sumará $63.000 millones, con lo que se convierte en el undécimo presupuesto más abultado del conjunto de la Administración Pública Central, casi duplicando el de Ciencia y Técnica y aproximándose al destinado para Industria.

Otras dos partidas relevantes ampliadas en el rango de los 11 dígitos son las destinadas al Ministerio de Desarrollo Productivo, $22.942 millones para “asistencia financiera a empresas públicas, a los efectos de apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) en el marco del Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivos -BID-”; y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Claudio Moroni, que contará con $22.171 millones adicionales para pagos de Pensiones no Contributivas “en virtud de lo dispuesto por los Decretos 692/20 y 899/20, se incrementa el haber de las Prestaciones Previsionales a cargo de la Anses”.

Asimismo, el DNU dispuso destinar $8.617 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas para poder avanzar con las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 16, en Santiago del Estero, las cuales cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y $2.030 millones para que el Poder Judicial pueda atender el pago de Pasividades (jubilaciones).

Ingresos extraordinarios y ahorros de la deuda pública

Semejante expansión del gasto a cargo de la Administración Central no tendrá efectos negativos sobre el déficit fiscal, porque también surge de las planillas anexas del decreto 975 el aumento de los recursos tributarios respecto de lo esperado en $120.374 millones, equivalente a casi 2% del total previsto para el año, en concepto de Impuesto PAIS (siglas de “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”, el tributo sobre la compra de dólares); Ganancias y Bienes Personales, con el agregado a cuenta sobre el tipo de cambio para dólar ahorro; más la suba de los Impuestos sobre Cigarrillos, Combustibles y automotores de alta gama; también por Débitos y Créditos bancarios, derivado principalmente de la mayor bancarización que generó el pago de IFE a través del crédito en cuenta de los beneficiarios en el sistema financiero.

De ahí que de efectivizarse esas modificaciones presupuestarias, tanto del lado del gasto como de los recursos, el déficit actual previsto de la Administración Central (no incluye Anses, empresas públicas, ni organismos descentralizados) se reducirá en $12.517 millones, a $1,42 billones, equivalente a poco más del 5% del PBI; y a 22,5% de los ingresos totales esperados, incluyendo las transferencias del Banco Central por giro de utilidades contables a la Tesorería General de la Nación.

Y del lado financiero, se dispuso en el citado DNU la emisión de deuda pública de corto plazo, con fecha 15 de diciembre y a liquidarse el 15 de marzo de 2021 por un total de $71.000 millones, los cuales se destinarán para:

Ministerio del Interior $30.000 millones;

Superintendencia de Seguros de la Nación $7.000 millones;

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) $24.000 millones;

Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) $5.000 millones; y

INPT (Instituto Nacional de Promoción Turística) $5.000 millones.

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