Hernán Lacunza: “Con el impuesto a la riqueza se va a perder mucha más inversión que lo que piensan recaudar”

El exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, cree que la semana que pasó fue la repetición por triplicado de una tara argentina: a falta de soluciones estructurales a los problemas del país, se aplican parches. Los tres últimos, dijo fueron el Impuesto a la Riqueza, la quita de fondos a CABA y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En el primer caso, dijo, el gobierno incurrió en una clara contradicción: mientras el presidente reconocía que la inversión privada era la única capaz de sacar al país de la crisis, el Congreso sancionaba un tributo que la desalienta. Además, pronosticó que la nueva fórmula jubilatoria hará que los jubilados pierdan en 2021. Y señaló la quita de fondos a CABA como ejemplo del constante tironeo fiscal que produce la falta de una nueva ley de Coparticipación Federal, pese al mandato constitucional de 1994.

-¿Cuál es su visión sobre el Impuesto a las “grandes fortunas” que sancionó el Congreso?

-El impuesto a la riqueza tiene una motivación política más que económica. El cuento de Robin Hood es atractivo y romántico, pero el bosque de Sherwood (donde transcurre la leyenda, que hasta el siglo XV fue un coto de caza de la realeza británica) no era autosustentable, dependía de que otros aportasen las riquezas. Hay una contradicción muy grande en todo esto. El mismo día en que Alberto Fernández dice que no es el Estado, sino la inversión privada la que nos va a sacar de la crisis, le ponen un impuesto a los stocks de riqueza, que son flujos de ingreso acumulado. Esto es un desincentivo a la inversión, que es lo que genera empleo. El discurso presidencial (en la Conferencia de la UIA) y la sanción del impuesto son una contradicción, y ocurrieron el mismo día.

-El gobierno apunta a que así podrá recaudar $ 300.000 millones.

-Aquí se confunde la foto con la película. Por apropiarse de $ 300.000 millones van a dañar mucho más a la inversión. En definitiva, perjudican la dinámica, que es lo que más importa. La actividad privada sufrió mucho con la crisis. No es un momento para subirle impuestos.

-Algunos tributaristas argumentan que este impuesto incurre en doble imposición y tiene carácter confiscatorio

-En cuanto al diseño técnico, tiene alícuotas muy agresivas. El impuesto al patrimonio ya existe, es el impuesto a los Bienes Personales. El gobierno hace seis meses que habla de una reforma tributaria de la que nada sabemos y ahora duplica un impuesto al que ya le habían subido la alícuota de 0,25 a 1,25% para los bienes en el país y a 2,25 para los bienes en el exterior. Con el “aporte solidario”, la suma de alícuotas ahora puede alcanzar el 4,75% sobre los bienes locales y 7,5% sobre los bienes en el exterior. Pero lo más grave del nuevo impuesto es no distinguir entre activos y patrimonio neto. El impuesto a los Bienes Personales está mejor diseñado, porque desgrava inversiones y ahorros; no se paga sobre bienes que son para producir (campos, maquinaria) ni sobre los plazos fijos y los bonos, que financian el crédito privado y al Estado. El nuevo impuesto tiene un diseño muy rudimentario y también es malo por cuestiones de equidad. A quien se arriesgó, tomó un crédito para invertir y producir, le gravan la deuda como si fuera un activo neto.

-Lo justifican con el presunto destino de los fondos: salud, inversiones, YPF.

-Es el verso de los destinos específicos. El dinero es fungible, cualquier ingreso adicional siempre va a financiar el gasto más superfluo. Si alguien compra una heladera a crédito y después se va de vacaciones, en realidad el crédito fue para pagar las vacaciones. Hay que terminar con el verso de los destinos asociados a los fondos. Además, es de buena práctica tributaria dejar los impuestos sobre los activos, los stocks, a las provincias, que pueden tener mejor control sobre ellos, están ahí. Así estaba concebido el Consenso Fiscal 2017: la idea era que las provincias gravaran los stocks, como el impuesto inmobiliario, y que los flujos de gasto e ingresos, que son interjurisdiccionales, los grave la Nación con impuestos como el IVA y Ganancias. Por eso planteamos bajar las alícuotas de Bienes Personales, para dejarle a las provincias más espacio para el inmobiliario. Lo que sucede con las tres medidas importantes de esta semana, el impuesto a la Riqueza, la quita de fondos a CABA y la fórmula de movilidad jubilatoria, es que son todos parches. Son parches que intentan sustituir tres reformas estructurales que nunca encaramos.

-Una sería la reforma impositiva, de la que el gobierno habla pero nada se sabe. ¿Cuáles son las otras dos?

-La más emblemática es la falta de una nueva ley de Coparticipación Federal. La fijó como mandato la Constitución de 1994. Pasaron 26 años y ningún gobierno convocó a discutirla. Y la otra es el sistema previsional: discutimos si ésta o aquella fórmula va a dar mejor el año que viene, pero no debatimos la sustentabilidad del sistema, un objetivo que se había mencionado en la ley de Reparación Histórica de 2016. Aclaro que mi crítica es general, no a un gobierno en particular: nunca discutimos las cuestiones de fondo.

Jubilaciones

-¿Qué le parece la nueva fórmula de movilidad planteada por el gobierno? (pondera en partes iguales las variaciones de la recaudación previsional y del salario promedio formal, en vez del 70% de la inflación y 30% del salario promedio formal, como hacía la fórmula anterior)

-El régimen jubilatorio es insustentable desde las moratorias de la década pasada, pero aquí se discuten fórmulas de movilidad sin analizar cómo vamos a financiar el sistema del lado de los ingresos. Incluso el debate público se focaliza en los efectos inmediatos: cómo dará una fórmula este año o el que viene. El sistema previsional tiene un déficit estructural de 2,5% del PBI y con estas reglas va a ser del 3,5% del PBI en 2030. Discutimos en el margen, cómo va a ser la jubilación el año que viene. Así, en tres o cuatro años tendremos que hacer otro parche. La falta de reformas estructurales siempre termina en parches.

-El gobierno dice que con la nueva fórmula los jubilados van a ganar.

-La nueva fórmula tiene el raro defecto de no brindar alivio de corto plazo ni sustentabilidad de largo plazo. Las jubilaciones cayeron el año pasado, por la alta inflación, este año perderán contra la inflación 1% en el caso de la mínima y 12% el resto, pero con la fórmula anterior hubieran tenido una mejora real del 6%. Y con la fórmula propuesta, volverán a caer en 2021. Porque la inflación el año próximo será mayor a la variación de recaudación rezagada un semestre.

-¿Por qué sería así?

-Porque la inflación se viene acelerando, lo que a su vez tiene que ver con el exceso de emisión de este año; cuando advertíamos por eso, negaban que hubiera efecto inflacionario. El efecto de la emisión siempre tiene rezago. Pero volviendo al tema jubilaciones, no veo ninguna razón para el cambio de fórmula que propician, salvo la de deshacer lo que hizo el gobierno anterior. Al jubilado lo que más le importa es que sus haberes no pierdan respecto de la inflación, no depender de la evolución de la recaudación. Una fórmula donde los jubilados siempre ganen es insostenible y una donde siempre pierdan es injusta.

-En la comisión de movilidad previsional argumentaron que vincular las jubilaciones a la recaudación hace más “sustentable” el sistema.

-Yo creo que asociar el gasto previsional a la recaudación previsional va a ser una complicación. Todos los cambios tributarios de ahora en adelante van a tener impacto previsional. Imagine que el año que viene sube un impuesto cualquiera: ¿cómo van a calcular si la variación de la recaudación previsional se debe a este o aquel motivo? Eso va a dar lugar a contingencias y más litigios. La volatilidad de la recaudación no es menor a la de la inflación. En la parte ascendente de la inflación, como pienso que va a ocurrir en 2021, las jubilaciones van a caer, y en la parte descendente van a mejorar. Pero cuando la inflación aumente y haya más recursos, ¿los van a guardar? Y si no lo hacen, cuando la inflación y la recaudación bajen, ¿de dónde van a sacar los recursos? Son un montón de ruidos, distorsiones, inequidades. Se trata de una regla estructural, que debe durar varios años, y ni siquiera dará alivio de corto plazo.

Coparticipación

-Mencionó la Coparticipación como la otra “reforma estructural” pendiente. El gobierno acaba firmar un “Nuevo Consenso Fiscal” con las provincias y de reducir la parte de CABA del 3,50 a 1,40%. ¿Qué relación tienen una cosa con otra?

-El origen del problema es que la ley actual no es razonable. Es una vergüenza, pero la ley de coparticipación de 1973 (ley 20.221, sancionada sobre el final del gobierno militar de Lanusse) tenía criterios de eficiencia y equidad y la vigente (ley 23.548, de 1988), sancionada en democracia, no tiene esos criterios. La economía política de estas leyes es compleja, pero eso no es una excusa válida. Con la ley 23.548 la provincia de Buenos Aires recibe 22% pero aporta 36% de los fondos de coparticipación. Durante los gobiernos kirchneristas fue donde más bajó lo que recibía Buenos Aires: pasó de 24 a 18% por la licuación del Fondo del Conurbano. ¡Ahora descubren que Buenos Aires estaba discriminada! Pero más discriminada todavía está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-¿Cómo se puede medir eso?

-Un bonaerense por cada peso que aporta recibe 60 centavos en coparticipación. Y hasta 2015 recibía 50 centavos, esos 10 centavos que recuperó fueron porque la gobernadora María Eugenia Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a reclamar el Fondo del Conurbano y porque Macri reconoció ese reclamo en el Consenso Fiscal de 2017; así fue que se pasó del 18 al 22,5%.

-Entonces el reclamo de Buenos Aires tiene fundamento.

-Sí, pero un porteño está peor: por cada peso que aporta, recibe 30 centavos, por lo que está mucho más discriminado que un bonaerense. En los cambios que están haciendo no hay ningún argumento de equidad. En cuanto al resto de las provincias, en promedio, por cada peso que aportan reciben $ 1,60. Por eso los gobernadores firmaron la quita a CABA, a ellos no los afecta.

-Cada gobernador procura recursos para su provincia.

-Esa forma de pensar confunde el federalismo con el sálvese quien pueda. Ni Misiones, ni la Rioja, ni Santa Cruz se van a desarrollar mientras tengamos como tenemos el Conurbano. Si pensamos exclusivamente en los fondos que va a recibir mi provincia sin importar el vecino, no somos una Nación sino una Federación de la época de Rosas. Todos tiran del mantel. Nunca piensan en la posibilidad de bajar impuestos para atraer la inversión privada o en bajar el gasto corriente para tener mayor inversión pública. Es un tironeo insaciable, entonces se hace un mantel grueso que va oprimiendo a la actividad privada. Por eso las provincias apoyan el Impuesto a la Riqueza, aunque no se coparticipa, porque piensan con esa lógica: siempre recaudar más. Hasta que llega el día en que una provincia no puede pagar los salarios a la Policía, como le pasó a Buenos Aires, y para arreglarlo le quitan a CABA. Así estamos.

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