Diez hitos y frases que marcaron la política económica del primer año de Alberto Fernández

Muchos hechos y frases signaron el primer año de gobierno de Alberto Fernández, algunos relacionados con medidas oficiales e identificados con palabras del Presidente, y otros con algún miembro de su Gobierno o de la coalición oficialista; o en reacción a iniciativas de política económica. A continuación, diez destacados.

1 - “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el Conurbano chapotean en agua y barro” (Cristina Fernández de Kirchner, 12 de diciembre de 2019)

La vicepresidente dijo esa frase a 48 horas de iniciado el gobierno, en el acto en el que Fernando Espinoza reasumió como intendente de La Matanza, el municipio más grande del conurbano bonaerense, para comparar la situación de ese distrito con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Anticipaba así la ofensiva sobre los fondos asignados al distrito porteño. La referencia tenia algo de extraña: un estudio de la Auditoría General de la Nación, sobre las 850 transferencias de fondos que la Nación había hecho en forma directa en el quinquenio 2010-2014 a 357 a municipios de todo el país, precisaba que 8 localidades de Santa Cruz ocupaban los 11 primeros puestos y con 0,5% de la población nacional habían recibido 55,44% de los fondos, contra 1% de La Matanza que aparecía en el puesto 16, pese a contar con dos millones de habitantes, cerca de 5% de la población nacional.

Alberto Fernández y su ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hablaron con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero el tema pasó al olvido con la irrupción del covid-19 y los sucesivos anuncios con que se fue construyendo la cuarentena más larga del mundo mostraron durante varios meses una aparente armonía entre Fernández, Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El crecimiento de la imagen de Larreta inquietó al kirchnerismo y el 28 de agosto el presidente, que hasta su mudanza a Olivos había vivido en una torre de Puerto Madero, dijo en un discurso “Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta”. En medio de una rebelión por cuestiones salariales, efectivos de la policía bonaerense reclamaron frente a la residencia presidencial, y el 9 de septiembre, minutos antes de un acto al que lo había convocado a la presentación de un plan de seguridad en Olivos, el presidente le adelantó por WhatsApp a Larreta la quita por decreto de $30.000 millones a CABA para financiar el aumento de los salarios de la policía bonaerense. El jefe de Gobierno porteño respondió con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

El recorte inicial, para financiar el aumento policial, redujo el porcentaje de fondos de CABA de 3,50 a 2,32%, pero un proyecto de ley enviado días después, que ya tuvo media sanción de Diputados, lo redujo aún más, a 1,40%, y fijó en $24.500 millones el monto para financiar el traslado de la Policía a la Ciudad. Según CABA, la quita sería así de $65.000 millones entre 2020 y 2021. Larreta no acudió este viernes para firmar el “Nuevo Consenso Fiscal” con el que el Gobierno reemplazará el que todas las provincias (menos San Luis) habían suscripto con la Nación a fines de 2017, pues lo obligaría a retirar su demanda ante la Corte, aceptar que los fondos para la Policía de la Ciudad queden sin base constitucional y dependan de la buena voluntad del Tesoro, y renunciar a aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses de las Leliq, uno de los parches con los que pretende compensar parte de la quita de fondos.

Por Twitter, De Pedro, acusó a Larreta de pretender “una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales”. Igualdad y federalismo por cierto singulares. Un reciente estudio precisó que, amén de los fondos “automáticos”, en el primer año de Alberto Fernández, la provincia de Buenos Aires recibió de la Nación fondos discrecionales 117,5% por sobre lo que indica su cuota según la ley 23.548, de Coparticipación Federal.

2 - “Lo único que hace (la ley de Emergencia Económica) es pedirle a los que tienen privilegios que aporten un poco más” (Alberto Fernández, 25 de diciembre de 2019)

El martes 24 de diciembre desde la cuenta de Twitter de su perro Dylan, el Presidente emitió una simpática imagen mientras esperaba la Noche Buena, y el miércoles de Navidad explicó desde la suya que el flamante paquete fiscal solo pedía que “los que tienen privilegios aporten un poco más”. El lunes 23 su Gobierno había promulgado la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública”, que declaró emergencias en 9 áreas y confirió vastos poderes al Ejecutivo.

La ley, y unos decretos de esos días, configuraron un fuerte manotazo fiscal, sazonado con pizcas distributivas. El paquete eliminó la rebaja a 0% de la alícuota del IVA sobre alimentos básicos, que reemplazó por un reintegro para jubilados de haber mínimo y beneficiarios de la AUH, con un tope de $700 mensuales; estableció un impuesto “solidario” de 30% a la compra y a los gastos en dólares; aumentó entre 14 y 36% los impuestos internos sobre autopartes y autos (y más en el caso de modelos importados, sobre los que además aumentó la tasa de estadística); duplicó las tasas del impuesto a los Bienes Personales y, al no modificar el mínimo no imponible, amplió su alcance; duplicó el impuesto al cheque para retiro de efectivo de las empresas, aumentó los aportes patronales para empleadores con ventas de más de $48 millones anuales y anuló la actualización de esas bases por inflación; aumentó las retenciones a los principales cultivos del agro; redujo el ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias, aumentando así los saldos a pagar; eximió a las provincias de aplicar la rebaja de Ingresos Brutos a que se habían comprometido en el “Consenso Fiscal” de fines de 2017 (el “Nuevo Consenso Fiscal” les permitirá volver a aumentarlas); y eliminó la desgravación de las donaciones gratuitas para morder mejor en el impuesto a la herencia. Además, se dispuso la doble indemnización por despido.

A su vez, el Gobierno derogó la Ley de Movilidad Previsional sancionada en diciembre de 2017 y la reemplazó por ajustes por decreto. A lo largo del año, calcularon Marcelo Capello y Laura Caullo, de la Fundación Mediterránea, esa medida le ahorró al fisco $108.000 millones en haberes jubilatorios, con aumentos que, según precisó el abogado previsionalista Adrián Troccoli, en el caso de la jubilación mínima fueron 4,3% inferiores y en el caso de la máxima 13% inferiores a los que hubieran resultado de la aplicación de la ley derogada.

El Gobierno pagó dos bonos de $5.000 a jubilados (a condición de que el receptor no cobrara más de $19.067 mensuales, incluido el extra) en diciembre de 2019 y enero de 2020, y dos adicionales de $2.000, también en diciembre y enero, a beneficiarios de la AUH. Además, congeló las tarifas de servicios públicos, intervino los entes reguladores y retomó para la Nación la competencia sobre las distribuidoras eléctricas que habían sido transferidas a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Las medidas apuntaban a una “consolidación fiscal”, para acompañarla con una fuerte baja de las tasas de interés y la compra de dólares por parte del BCRA, aprovechando la alta demanda de dinero del bimestre diciembre-enero, de modo de crear un “veranito” económico, aumentar las reservas y salir de la recesión mientras se renegociaba la deuda. La irrupción, en marzo, de la pandemia, malogró ese miniplan económico inicial. El “gasto Covid”, los subsidios a los servicios, las transferencias a las provincias y el nulo ajuste del gasto público tiñeron de rojo las cuentas fiscales pese a que, como computó el tributarista Sebastián Domínguez, en su primer año el gobierno creó, aumentó, eliminó exenciones o retocó 14 tributos, cuenta que incluye el nuevo impuesto a la riqueza.

3 - “La deuda pública que heredamos es el mayor escollo que enfrentamos... Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo” (Alberto Fernández, 1 de marzo 2020)

El verano deparó una excelente temporada turística, a favor de un tipo de cambio que desalentaba los viajes al exterior y atraía turistas extranjeros. El covid-19 era aún visto como un virus del Hemisferio Norte con pocas chances de llegar a la Argentina, según decía el ministro de Salud, Ginés González García. El 1 de marzo de 2020, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente dijo que se proponía “recuperar el valor de la palabra” y que el suyo era “un gobierno de científicos”. Un pasaje muy aplaudido fueron sus “nunca más” al endeudamiento, con los que cargaba las tintas sobre la herencia macrista y anticipaba una dura posición en la renegociación de la deuda que su ministro de Economía, Martín Guzmán, se había propuesto concluir a fin de ese mes.

La negociación, sin embargó, se estiró hasta fin de agosto, incluyó un falso ultimátum del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a los bonistas, y otros del propio gobierno nacional, e hizo que en el ínterin el gobierno pagara intereses por cerca de USD 4.000 millones, como señalaron algunos consultores.

Así y todo, en los primeros once meses de gestión de Alberto Fernández el total de la deuda pública de la Administración Central aumentó en USD 19.846 millones, a USD 333.146 millones, un salto igual al 45% de la deuda que entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Macri, el Estado había contraído con el FMI. Casi dos de cada tres dólares de la nueva deuda fue por colocación de títulos públicos. En rigor, la brecha entre la colocación de nueva deuda, más canjes y capitalización de intereses, menos cancelaciones, fue en ese período de USD 26.196 millones, cifra que se redujo a USD 19.846 millones al restarse unos USD 6.350 millones de deuda en moneda nacional licuada por la devaluación del peso.

4 - “Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía” (Alberto Fernández, 23 de marzo)

El jueves 19 de marzo, después de una serie de vacilaciones acerca de si se cerrarían o no las escuelas, el Presidente anunció el inicio de la cuarentena, que empezó esa medianoche, de modo de abarcar el viernes 20 de marzo. El lunes 23, Fernández explicó su decisión y, en términos del “dilema” que planteó, se puso del lado de la vida.

La dureza y la extensión de la cuarentena, aun en provincias que no registraban casos de Covid-19, y sus efectos sobre la actividad económica, el empleo, los ingresos de la población y la pobreza, fueron despertando críticas. A principios de mayo, el exministro de Economía Alfonso Prat Gay dijo que para supuestamente “frenar la curva” el gobierno estaba “destrozando la economía”, pidió que además de infectólogos se consultara a expertos de otras disciplinas y señaló el caso de Suecia, que había prescindido del aislamiento obligatorio. Tres días después, el viernes 8 de mayo, desde Olivos, donde anunció una nueva extensión de la cuarentena, el presidente mostró filminas sobre muertes por habitante y señaló: “cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus”. Y relacionando cantidad de muertos y población, concluyó, “lo que me están proponiendo, es que de seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos” (la Argentina no llegaba entonces a los 300 fallecidos por el virus).

Poco después, el embajador de Chile, Nicolás Monckeberg Díaz, corrigió datos de las filminas presidenciales. “La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por cada 100 mil habitantes y no de 98,5”, precisó por Twitter. En agosto, España desmintió declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la aplicación de cuarentenas estrictas y se reeditó el entredicho con Chile. Entre septiembre y octubre la Argentina fue durante algunas semanas el país con más muertes diarias de Covid por habitante, y entre octubre y noviembre superó la relación de muertes por habitante de Brasil y EEUU.

A principios de diciembre, con el número de muertes por covid-19 en el país próximos a superar las 40.000 personas, Worldometers, uno de los sitios internacionales más consultados sobre coronavirus, muestra que la Argentina, país 32 del mundo en habitantes, es el número 9 en casos de Covid, y entre los primeros 20 de ese ranking pelea con Irak el tercer puesto (encabezan México e Irán) en menor número de testeos por habitante. El sitio de la Universidad Johns Hopkins, también de referencia internacional, muestra a su vez que la Argentina ocupa el octavo lugar del mundo en muertos por habitante, o el sexto si se excluyen microestados como Andorra y San Marino.

En cuanto a la economía, en la semana que pasó, la OCDE difundió un estudio en el que estimó que, con una caída de 12,9%, la economía argentina sufrirá el mayor retroceso de las 46 analizadas y que a fines de 2021 el PBI estará todavía 8% por debajo del nivel de fines de 2019. Sobre los efectos sociales del parate, el jueves pasado el Observatorio de Deuda Social de la UCA informó que la tasa de pobreza aumentó en el tercer trimestre del año a 44,2%, lo que significa que 20,3 millones de personas no pueden acceder a alimentos básicos, al sistema de salud o a una vivienda digna, y la de desempleo pasó de 10,6 al 14,2%, lo que implica 600.000 nuevos desocupados, a un total de 2,7 millones de personas.

Incluyendo variables sanitarias y económicas y grados de libertad durante la pandemia, a fines de noviembre, la agencia Bloomberg publicó su Ranking de Resiliencia Covid. En base a diez indicadores buscó así determinar dónde el virus fue contenido de modo más efectivo y con la menor cantidad de restricciones a los negocios y la sociedad. El ranking de 53 países cuyo PBI supera los USD 200.000 millones muestra a la Argentina en la penúltima posición, detrás de México.

La carta a la que ahora apuesta el gobierno es una campaña de vacunación.

5 - “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló el Papa Francisco. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan” (Tuit de Alberto Fernández, 29 de marzo)

El Presidente se refirió de ese modo a Paolo Rocca, presidente de Techint, que al inicio de la cuarentena prescindió de 1.450 empleados de su constructora. En una entrevista radial, Fernández amplió su ataque contra uno de los hombres fuertes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”.

El Gobierno rehusaba, sin embargo, ajustar los salarios más altos del Estado, cargando el peso del esfuerzo sobre el sector privado al que, a su vez, le restringía la actividad. Sucesivamente, el Gobierno extendió la “doble indemnización” y la prohibición de suspensiones y despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, en ambos casos hasta fines de enero de 2021. Durante meses, la principal respuesta oficial a las quejas empresarias por la tenaza de recesión forzosa y obligación de mantener la nómina de personal fue la vigencia del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado pagaba parte de los salarios al personal de sectores y empresas en problemas, hasta un tope de dos salarios mínimos.

El 9 de julio el presidente invitó a Olivos a representantes del Grupo de los 6. En octubre invitó a Rocca a un almuerzo en Olivos, con el Plan Gas y Vaca Muerta como prenda de paz. El susto cambiario de ese mes, la adaptación del discurso económico y la búsqueda de un acuerdo con el FMI arrimaron aún más las posiciones.

La semana pasada en el discurso de cierre del presidente en la reciente Conferencia Industrial de la UIA, Fernández dijo que “de la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.

6 - “Pensé que todos iban a salir a festejar y me acusaron de cosas horribles” (Alberto Fernández, 13 de julio, tras desistir del proyecto para intervenir y expropiar Vicentin)

El 8 de junio el Presidente adelantó el decreto 522, de intervención de Vicentin, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar la empresa. El concepto político-económico fue la seguridad alimentaria.

Sexta agroexportadora del país, Vicentin había entrado en convocatoria de acreedores en febrero, al no poder afrontar deudas con bancos (incluido el BNA) y proveedores por cerca de $100.000 millones, casi dos tercios con el sector financiero. Tenía una historia de casi 90 años en el norte santafecino.

Tres días después, Alberto Fernández, acompañado por ministros y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recibió en Olivos al entonces CEO del grupo, Sergio Nardelli, en una reunión en la que este no pudo convencerlo de dejar que la convocatoria siguiera su curso y la empresa intentara un acuerdo con sus acreedores ni presentarle una “alternativa superadora”, como reclamaba el presidente.

Cuando el Gobierno envió sus dos interventores, se topó con la población de Avellaneda, sede de Vicentin, que los repudió ruidosamente. Los enviados debieron retirarse, escoltados por la Policía. El sábado 20 de junio se llevó a cabo un macizo “banderazo” nacional de repudio a la iniciativa oficial, que ya se asimilaba a la “Resolución 125″ que en 2008 había enfrentado al kirchnerismo con el campo y vastos sectores urbanos y provocado su primera gran derrota política. También un proyecto del gobierno provincial, propuesto como muleto del nacional, encontró resistencias políticas y judiciales.

Finalmente, el presidente anuló el decreto 522 y desistió del proyecto de expropiación. Días después, reflexionaba amargamente sobre la experiencia. “Cuando miro atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”, dijo.

El 12 de agosto, Sergio Nardelli, bisnieto del fundador de Vicentin, murió de un ataque cardíaco. Y esta semana el juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, el mismo que había limitado la intervención oficial, intervino la empresa por 90 días.

7 - “Nos enteramos por Twitter” (Ejecutivos de telcos, 22 de agosto, sobre el DNU que declaró servicio público la telefonía móvil, internet y TV paga)

El viernes 21 de agosto por la tarde, a través a una serie de tuits, Alberto Fernández informó que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 690) declaró “servicios públicos esenciales” la prestación de telefonía móvil, internet y TV paga y congeló sus valores hasta fin de año.

El pase a la categoría de “servicio público” significaba que lo que hasta entonces habían sido precios en un mercado competitivo pasaban a ser tarifas sujetas al visto bueno del Estado. “Nos enteramos por Twitter” dijeron a Infobae ese sábado los ejecutivos de las Telco. “Esto no es Vicentin, pero tampoco está tan lejos”, comentó uno de ellos.

“No fijan las tarifas... pero van a autorizar los aumentos. Y son subas que se dan por la inflación, no por otra cosa. El problema no es el sector, es la economía”, resumió Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones.

8 - “El 99% de la deuda bajo legislación extranjera ya ha quedado reestructurada. Hubo una adhesión de 93,55%, que por las cláusulas de acción colectiva eleva a 99% la reestructuración” (Martín Guzmán, 31 de agosto)

Luego de un proceso que tuvo idas, vueltas, extensiones de plazo y mejoras de oferta, el 31 de agosto el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron el resultado del canje de deuda, que despejó hasta 2025 la agenda de vencimientos. Guzmán dio cuenta de los datos y Fernández agradeció luego al Papa Francisco, al presidente mexicano, Andrés López Obrador, a los principales líderes europeos y a los gobernadores que apoyaron la renegociación “sin distinción política”

Los comités de bonistas obtuvieron un acuerdo mucho más cercano a sus pretensiones de lo que había sido el convite oficial del gobierno y la expectativa era que el “riesgo-país” de la Argentina se reduciría a cerca (o por debajo) de 1.000 puntos básicos, algo que nunca sucedió. La caída de reservas, que Guzmán pensaba se detendría con el canje continuó, y el 15 de septiembre el BCRA dispuso más controles de cambios que restringieron el acceso al “dólar-ahorro” (cupo de USD 200 mensuales).

9 - “Quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían” (Carta de “las tres certezas” de Cristina Kirchner, 26 de octubre)

El viernes 23 de octubre el dólar libre llegó a $195 y la brecha con el oficial tocó el 150 por ciento. El mercado no creía en las medidas oficiales ni veía cohesión en la coalición oficialista. La vicepresidente no había asistido al acto del “Día de la Lealtad” del 17 de octubre. El lunes 26, un día antes del décimo aniversario de la muerte de Kirchner (acto en el que Alberto repuso en el CCK una estatua de Kirchner repatriada de Ecuador y al que Cristina tampoco asistió) la vicepresidente publicó su “carta de las tres certezas” en la que cargó la autoría de la política oficial enteramente sobre los hombros del presidente y definió al “problema de la economía bimonetaria como el más grave que tiene nuestro país”, al que consideró “de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

Lo que muchos vieron como una toma de distancia, Alberto Fernández lo interpretó como “un respaldo”. Lo decisivo fue el empoderamiento de Guzmán, que cambió de enfoque: el problema pasó a ser el “exceso de pesos”, para lo cual tomó medidas de orden fiscal (fin al Ingreso Familiar de Emergencia y recorte del ATP, 5% de aumento jubilatorio en el último trimestre) y monetario (bonos atados al dólar, promesa de no pedir adelantos al BCRA) y cambiario (venta de bonos de la Anses) que lograron desinflar el dólar libre y quitar impulso a los “alternativos”, pero no detener la caída de reservas, punto más débil de su estrategia. Al 30 de noviembre, precisó el Estudio Broda, las “reservas netas líquidas” del BCRA son negativas en USD 2.110 millones y positivas en apenas USD 1.665 millones si se computa la venta de las 68 toneladas de oro en poder del Central.

El gobierno enfrenta un difícil ejercicio de equilibrio político, económico y social. Mantener el nuevo rumbo económico tensiona la coalición política oficial y aprieta sobre la realidad social. El estudio ya citado de la UCA sobre pobreza y desempleo precisa, por ejemplo, que sin los planes sociales (que Guzmán pretende recortar) la pobreza hubiera llegado al 53% y la indigencia al 28% de la población.

En cuanto a los “funcionarios o funcionarias que no funcionan” por ahora hubo un solo cambio: el ultrakirchnerista Jorge Ferraresi asumió en lugar de María Eugenia Bielsa.

10 - “El impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto” (Jorge Brito, 16 de noviembre en Infobae)

Días antes de su muerte en Salta, al caer a tierra el helicóptero en el que se desplazaba, el banquero y empresario Jorge Brito había expresado claramente la posición del empresariado acerca del impuesto a la riqueza, que ya había tenido media sanción gracias al impulso del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner. El Presidente lamentó por twitter la muerte de Brito, a quien calificó como uno de los empresarios con quien se podía “discutir constructivamente el futuro”.

Según cálculos de los autores del proyecto y de la AFIP, el “impuesto a la riqueza” recaudaría algo más de $300.000 millones. Pero no será sencillo ni exento de costos. En su última entrevista, Brito no solo había anticipado “una rebelión fiscal como nunca se ha visto”. Si se castiga al que emprende, alertó, “le estamos quitando los fondos necesarios para iniciar la recuperación”. No se trata, había dicho también el banquero, redondeando números, “de los 100 argentinos más ricos de la lista de Forbes que por supuesto podrían pagarlo y seguirán teniendo liquidez, sino de los 9.900 argentinos para los que pagarlo tendrá una significación mucho más importante y que desaparecerán con sus medianas empresas o bien se irán del país”.

Durante meses, el Gobierno tomó distancia de la iniciativa, que varios tributaristas y constitucionalistas consideran confiscatoria e inconstitucional, pero sobre el cierre de la semana el Senado convirtió en ley el proyecto.

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