Hace ya un año, en diciembre de 2019, la empresa Vicentin, que supo ser una de las principales agroexportadoras del país, declaró un default por casi $100.000 millones y entró en una crisis de la que aún no puede salir.
La firma está intervenida judicialmente y tiene un amplio concurso de acreedores a cuestas. Durante algunos meses el Gobierno se propuso intervenirla y expropiarla, pero desistió del proyecto . Lo que sigue es un repaso de los principales acontecimientos que sumieron a Vicentin en la actual situación.
1- ¨Estrés financiero¨
El 5 de diciembre de 2019 Vicentin soprendió al mercado de granos y al sector agroindustrial argentino. En un comunicado, la empresa santafesina informaba que iniciaría una reestructuración de pagos a sus acreedores pues había ingresado en una situación de ¨estrés financiero¨, más por cuestiones externas que internas del funcionamiento empresarial.
En el escrito presentado la agroexportadora adujo que, más allá de sus cuantiosas inversiones, que llevaron a un incremento de la molienda y de los despachos al exterior, las mismas se habían visto “negativamente afectadas por un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino”.
Aunque entonces se especulaba con que la empresa había ¨demorado pagos¨ por USD 350 millones a sus acreedores, en su mayoría productores que le entregaron sus granos, con el paso de los días empezaron a trascender datos que mostraban la verdadera magnitud del default de Vicentin, con más de 2600 acreedores alcanzados, entre los que se encontraban también la banca pública y extranjera, y una deuda que rondaba los $100.000 millones.
2- El concurso
El 6 de marzo, el juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó la apertura del concurso preventivo pedido ya en febrero. Allí Vicentin declaró deudas con 2.638 acreedores por un monto de $99.345 millones.
En el desagregado, la compañía santafesina declaró obligaciones con 1.895 acreedores por compra de granos, 586 proveedores de bienes y servicios, 37 acreedores financieros, 19 fiscales, aduaneros y de la seguridad social, 98 acreedores accionistas y tres sociedades vinculadas a la empresa con créditos pendientes de percepción.
Según un informe del Gobierno nacional, la deuda más representativa era con las entidades financieras, que alcanzaban los $63.962 millones, de los cuales $18.182 millones correspondía al Banco Nación. En cuanto a los productores, la deuda ascendía a $25.657 millones.
3- Intervención y expropiación
Si el default por parte de Vicentin tomó por sorpresa a todo el sector agropecuario, el anuncio de la intervención y expropiación sorprendió a todo el país. Pasada la tarde del 9 de junio, el Presidente Alberto Fernández, informó la firma de un DNU para su intervención y que mandaría al Congreso nacional un proyecto de expropiación.
“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción” dijo Fernández y agregó que “los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.
El plan del Ejecutivo contemplaba, una vez que el proyecto de expropiación sea aprobado por el Congreso nacional, que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, división de la petrolera estatal.
4- La decisión de Lorenzini: duro revés para el Gobierno
Solo 10 días después, el juez Lorenzini decidió darle el gran revés a las intenciones del Gobierno de intervenir la compañía por 60 días, al mismo tiempo que empezó a tambalear su plan de expropiarla. Días antes, la delegación interventora del Gobierno se hizo presente en Avellaneda para tomar las riendas de la compañía, desplazando al directorio original, en medio de una movilización de la localidad santafesina de Avellaneda en solidaridad con la empresa.
Sin embargo, el 19 de junio, con un fallo de 14 páginas, el magistrado de Reconquista no solo restituyó al directorio de la empresa en sus funciones, sino que también redujo el rol de los interventores al de simples veedores.
“Con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”, indicó Lorenzini en el fallo y agregó que “los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
5- El efecto no deseado: rechazos y protestas
Si bien el Gobierno daba por sentado el rechazo del sector empresario y de parte de la oposición, lo que no previó fueron las multitudinarias movilizaciones de rechazo a la medida oficial. El sábado 20 de junio, a poco del anuncio gubernamental, miles de personas participaron de un banderazo en defensa a la propiedad privada en casi 60 localidades de todo el país, con el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”.
El epicentro de las protestas fue la localidad de Avellaneda, donde está radicada la empresa cerealera, pero el rechazo a la iniciativa oficial llegó hasta el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y la Quinta de Olivos. Asimismo, hubo manifestaciones en varias capitales provinciales y en pueblos de interior, en algunos casos a la vera de las rutas.
6- Propuesta “superadora” de Santa Fe y marcha atrás del Gobierno
Con una ola de protestas a cuesta, un duro revés judicial y un clima enrarecido en el propio Gobierno, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentó un plan “superador, para retomar el control de la empresa.
El plan del gobierno santafesino planteaba una intervención de la empresa, pero con dos interventores propuestos por la provincia y uno por Nación. Obviamente se pretendía desplazar al directorio, cuestión que no ocurrió, aunque el pedido de intervención quedó abierto a una decisión de Lorenzini.
Ya sin la expropiación como plan, Fernández dio de baja el DNU que disponía la intervención. A través de su cuenta de twitter aseguró que “el juez interviniente no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía y ha impedido también el acceso a la intervención y mantenido a los mismo directores en sus funciones, que ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance 2019”. Ante esto, aseguró que el Estado “no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso”.
7- Balance negativo y dudas del Nación
Tras varios pedidos y meses de retraso, Vicentin entregó el balance de 2019, en el cual reportó pérdidas $52.536 millones y un patrimonio neto negativo de $17.502 millones. Un fuerte contraste con los resultados de 2018, cuando había registrado ganancias por $2.829 millones y un patrimonio de $30.542 millones.
Vicentin explicó que las pérdidas se debieron al impacto de la devaluación tras las PASO de agosto, la falta de disponibilidad de financiamiento y a la quita del diferencial entre la exportación de granos y los productos procesados con una caída general en los márgenes de la molienda, especialmente devastadora en una empresa como Vicentin, con una importante deuda estructural, una gran capacidad de molienda y costos fijos asociados”.
Al respecto, el Banco Nación denunció ante la justicia como “falso” al balance al considerar que el que presentaban ante la banca nacional y extranjera para obtener créditos y el de ahora hay una diferencia “tan grande que hay US$ 1.800 millones” entre uno y otro.
8- Directorio sin herederos
Pasada esta tormenta, Vicentin decidió dar un paso adelante cambiando el directorio y excluyendo del mismo a los miembros de la familia fundadora, cuestionados no solo por el Gobierno nacional, sino también por sus acreedores, en especial, los financieros, sembrando sospechas sobre supuestas maniobras ilegales.
La estrategia del nuevo directorio es posicionar la empresa en el mercado con una composición donde los acreedores comerciales se transformen en accionistas y se sume un socio local para sostener la mayoría de capital nacional. Asimismo, busca recuperar la confianza de los productores para que vuelvan a proveer a la compañía, indicaron los directores a Infobae.
Vicentin mantiene sus instalaciones operativas procesando los granos de otras compañías. Los contratos de fasón se transformaron en una de las opciones para avanzar con el negocio, con operaciones ya cerradas de la presente campaña agrícola que permitirán alcanzar en un 75% la capacidad operativa de la planta de soja, en San Lorenzo, cerca de Rosario. Por otro lado, pese a los efectos de la sequía en el norte de nuestro país, donde se desarrollan una gran cantidad de hectáreas de girasol, se llegaría a cubrir el 50% de la capacidad de la planta de Ricardone.
9- La intervención decidida por el juez
Habiendo quedado lejos los intentos del Gobierno y a un año del default, el Juez Lorenzini decidió el jueves último que se lleve a cabo la intervención de la empresa por 90 días, aunque podría extenderse. El interventor será Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores, y el subinterventor tendrá que ser designado por la provincia de Santa Fe.
En un extenso fallo, el juez consideró el “actual contexto de incertidumbre acerca del pasado y el rumbo actual de la empresa en crisis” y optó por la intervención por la “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado”, pero no removió al directorio.
10- La “sorpresa” de Vicentin
El directorio de la empresa tomó con “sorpresa” el fallo judicial, pero aclaró que colaborará. “Hemos recibido con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa a partir de la reciente resolución del Juez Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ra instancia, Civil y Comercial de la Ciudad de Reconquista. La Sociedad entiende que no existen razones de hecho ni fundamentos jurídicos acertados que la justifiquen y por ello la recurrirá por las vías que prevé la ley”, expresó en un comunicado en el que agregó que “la compañía seguirá prestando la más amplia colaboración a las autoridades judiciales, veedores, sindicaturas, al actual interventor designado y a todos los organismos de control impuestos en el trámite concursal”.
Seguí leyendo: