Cuántos años necesitará el Gobierno para volver a niveles de actividad de precrisis

El PBI no logra despegar tras la brutal depresión que sufrió en los primeros 40 días en cuarentena, pese a un intento de rebote fuerte en el bimestre siguiente. Las referencias inmediatas a recuperar son los niveles de actividad de febrero 2020; noviembre 2017 y el de ese año incrementado por el crecimiento vegetativo de la población

Desde la irrupción del covid-19 y el decreto que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo, el cual se extendió casi en forma generalizada hasta avanzado el tercer trimestre y empezó a flexibilizarse desde octubre, la actividad económica agregada (PBI) se resintió notablemente y no logra ingresar en un sendero de reactivación sostenido y generalizado, según se desprende no solo de los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec que mostraron por segundo mes consecutivo en septiembre un aumento inferior a 2% mensual, pese a encontrarse el promedio de los sectores con una capacidad ociosa del 40%; sino que incluso el Ministerio de Desarrollo Productivo anticipó que en octubre se observó una desaceleración, con un cuadro muy heterogéneo.

“Los primeros datos de octubre acompañan la tendencia de septiembre. De acuerdo al índice adelantado de producción industrial del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), que toma como insumo el consumo de energía en base a Cammesa, la actividad industrial muestra una suba interanual del 0,5%”, según describe el anexo II de la Decisión Administrativa 2.086 del 19 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial el viernes 20, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, la cual determinó la extensión selectiva del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Y agrega, “Si bien los indicios de recuperación son claros, no es menos cierto que la mejora de la actividad productiva es profundamente heterogénea, con sectores que hoy operan en niveles similares a la prepandemia (como la industria, la construcción y buena parte del comercio) y otros que continúan con niveles de afectación muy severos (como, por ejemplo, el turismo y las actividades culturales)”.

En los sectores críticos, y como puede verse en el cuadro, “la afectación de la actividad fue profundamente más severa por el covid-19. Mientras que en febrero no había diferencias en la actividad económica entre sectores críticos y no críticos (con la mediana de la facturación real cayendo al 5% interanual en ambos casos), desde marzo esas diferencias se hicieron notorias. En abril, la mitad de las firmas en sectores críticos tuvo caídas superiores al 85,2% real (una caída 37 puntos porcentuales mayor a la experimentada en ramas no críticas)”, destaca el análisis del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Y concluye el informe de marras: “Al igual que lo ocurrido en los sectores no críticos, de a poco, las ramas críticas también han ido mejorando en su facturación: en septiembre, la mediana de la variación de la facturación real interanual pasó a ser de menos 59,8%, lo cual representa una mejora superior a los 25 puntos porcentuales respecto a abril. Esta mejora ha sido evidente en ramas como la gastronomía, que pasó a estar habilitada en gran parte del país en los últimos meses. De todos modos, a la vez que es cierta esta mejora gradual en la actividad productiva, es también innegable que los sectores críticos continúan aún en niveles muy reducidos de actividad y por este motivo continúan siendo elegibles para el salario complementario en el marco del ATP”.

Cabe notar que la crisis sanitaria agravó la recesión que arrastraba la economía argentina desde diciembre de 2017, cuando la desacertada intervención del Banco Central por parte de la Jefatura de ministros del gobierno de Mauricio Macri interrumpió en el mini ciclo de reactivación que surgió tras la regularización de la deuda pública en estado de default.

De ahí que el desafío para el Gobierno no sólo será poder reencauzar la actividad a una senda de recuperación que permita en primera instancia volver al nivel de precuarentena, en valores corregidos por estacionalidad, implica un aumento promedio de 9,4%; sino también, generar el camino para volver a los índices de noviembre 2017, cuando el PBI se ubicaba en pesos constantes 19% más alto; y en términos por habitante 23 por ciento.

La exigencia no es menor, pero tampoco parece imposible, dado que como mostró en una reciente exposición el economista Jefe de FIEL, Juan Luis Bour, algunos países como Brasil y Chile, por citar casos cercanos, lograron desacelerar el ritmo de brutal caída de la actividad, de 3,5% y 11,1% acumulada hasta agosto, a 0,8% y 6,5% en el agregado a septiembre. Pero, en contraste, alertó: “la Argentina que se quedó, apenas atenuó la caída de 10,8% a 10,1%, en ese período”.

De ahí que mientras las pautas del Presupuesto 2021 muestran que para 2021 el PBI se reactivará a un ritmo de 5,5%, los economistas de FMI, en línea con el consenso de las consultoras locales, prevén un ritmo más lento, en torno a 4 por ciento.

Sobre esa base y a modo de ejercicio tentativo si se proyectara que la actividad pudiera registrar un ritmo de aumento acumulativo por año de 4%, que aunque no existan antecedentes para lograrlo, tampoco los hay recientes de un largo estancamiento con alta inflación (estanflación) agravado por la crisis sanitaria, que posibilitaría un notable rebote, si se adoptaran los incentivos fiscales adecuados y se liberan las ataduras que inquieta al sector empresario en su conjunto, como las regulaciones cambiarias, el aumento de impuestos en los tres órdenes de gobierno y los congelamiento y limitaciones a los ajustes de precios y tarifas.

Claramente, hay sectores resilientes y otros muy sensibles, más aún en un escenario de pandemia donde las actividades mano de obra intensiva, o caracterizadas por la concentración de personas fueron decretadas “no esenciales” y obligadas a cerrar sus puertas por más de 6 meses, como la hotelera, gastronomía, actividades culturales y deportivas, la construcción, e incluso las educativas, entre muchas otras.

Y, además, muchos otros que se adelantan a los procesos contractivos, como los vinculados con la producción y oferta de bienes durables, y por tanto habían ingresado a la cuarentena con un muy bajo nivel de actividad.

De ahí que si bien para el promedio general, una tasa de reactivación a un ritmo de 4% acumulativo por año posibilitaría recuperar el registro desestacionalizado de febrero 2020 en poco más de 2 años; como los casos del comercio, la provisión de servicios públicos, el mercado inmobiliario, la enseñanza y los servicios de salud; en otros se requerirá una velocidad notablemente más acelerada, como los vinculados al turismo, esparcimiento, e incluso la construcción, y el uso de los medios de transporte.

En tanto, recuperar los índices previos al actual ciclo recesivo que acaba de cumplir su tercer año, a ese ritmo de 4% acumulativo de avance por año insumirá hasta los primeros años del próximo gobierno, y dependerá mucho del rol de los incentivos fiscales y políticas públicas que se implementen. de lo contrario, el proceso tornarse más lento y extender hasta casi fines de la década, como anticipaba a Infobae Miguel Ángel Broda en junio último.

El rol de los incentivos fiscales

Un informe de los economistas del área de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, para el mundo en general, da cuenta que, de cara al futuro: “La política fiscal debe apuntar a facilitar la reanudación de la actividad y la protección continua de los más vulnerables. Esto debería estar acompañado de compromisos explícitos y bien comunicados de fortalecimiento de los amortiguadores a mediano plazo, porque tendrán un papel importante en el anclaje de expectativas y en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El trabajo, a cargo de Ali Alichi, Antonio David y Metodij Hadzi-Vaskov , destaca: “El espacio fiscal será un factor determinante para calibrar las políticas. Dado que la incertidumbre sigue elevada en cuanto a la recuperación y a los posibles daños de largo plazo derivados de la pandemia, los países con espacio fiscal deberían disminuir las ayudas de emergencia de manera gradual y ofrecer ciertas medidas de estímulo, como recortes temporarios de los impuestos sobre nóminas para incentivar la contratación y la inversión pública adicional”.

Mientras que, para el caso de naciones como la Argentina, con “espacio fiscal limitado, la prioridad consistiría en preservar medidas con el mayor impacto social (por ejemplo, prestaciones de desempleo y asistencia social), aumentar la eficiencia del gasto y la movilización de los ingresos y analizar más fuentes de financiación de bajo costo”.

Más aún, porque en el último Informe de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina los técnicos advierten: “La velocidad a la que el PBI logre volver al nivel previo a la pandemia dependerá de una serie de factores tanto internos como externos, no exentos de riesgos. El primer foco de incertidumbre, compartido a nivel global, está asociado a la evolución de la pandemia y el segundo, de orden local, se vincula con el entorno de mayor volatilidad financiera. En este contexto, la política monetaria cobra relevancia como instrumento de estabilización macroeconómica a fin de alinear las expectativas en torno a los objetivos buscados”.

En octubre, el Indicador Líder de la Actividad Económica (ILA-BCRA) acumuló seis subas consecutivas, confirmando que la mejora observada en el EMAE desde abril representó el comienzo de una fase de recuperación de la economía.

Pero cabe notar que se trata de un indicador que, si bien acompaña al ciclo de los negocios, también revela que, en los períodos no afectados por fenómenos extraordinarios, como la pandemia, tiende a subestimar la recuperación, y, por el contrario, en los escenarios de crisis exógenas pareciera sobre ponderarla.

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