El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que el Gobierno trabaja en un esquema tarifario que no le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder acceder a la energía.
”El incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder consumir energía, porque eso sino nos generaría recesión en otras actividades”, sostuvo Martínez a radio AM 750.
El funcionario aseguró que el Gobierno viene trabajando con el objetivo de no tener que aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la gestión anterior, “porque eso impactaría de manera brutal en las tarifas”.
En cambio explicó que la idea es “utilizar los subsidios de una forma más eficiente, pudiendo detectar los sectores más vulnerables, así como se hizo con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por ejemplo, y usar esa información relevada para tener una tarifa que no se incremente para ese sector. Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar un incremento tan alto como nos aplicaría la RTI de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento. Con una tarifa de transición que va a ser muy menor y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”, precisó Martínez.
A pesar de los dichos del secretario de Energía, la decisión de ir hacia una tarifa de transición tiene más que ver con otros factores, como los plazos que tienen para ajustar en base a lo que pida el Fondo Monetario Internacional (FMI), la escasez de subsidios establecidos en el Presupuesto 2021 y las elecciones de medio término.
Según el presupuesto que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y aprobó la semana pasada el Congreso de la Nación, los fondos establecidos para los subsidios de las tarifas son los mismos que en 2020, lo que significa que en términos reales si se cumple con la estimación de inflación, habrá que recomponer en un 29% si sólo se quiere ajustar por costo de vida y si las empresas aceptan las pérdidas de dos años de tarifa congelada.
Además, el otro problema que tiene es el de los tiempos. Para aumentar las tarifas debería llamar a una audiencia pública. El decreto de congelamiento termina a mediados de diciembre, luego podrían hacer el llamado, que podría ser recién para febrero o marzo. Luego de ese trámite, podrían aumentar la tarifa y eso sería casi en consonancia con el último tramo de la campaña rumbo a las elecciones de medio término. Y es sabido que ningún gobierno aumenta las tarifas antes de ir a votar.
Con la puesta en marcha de las tarifas de transición no sólo se evitan el proceso de llamado a una audiencia pública sino que también se evitan las rencillas internas en el Frente de Todos respecto de los niveles de incremento que se tienen que llevar adelante.
Por otro lado, el secretario explicó que en lo que se refiere a la situación de los clubes, el Gobierno pretende ampliar el esquema de tarifa social e incorporarlos porque “la contención que hacen es muy importante y es increíble que no lo puedan hacer porque no puedan pagar el costo de la energía”, según informó Telam.
Además, resaltó la decisión del Gobierno de lanzar el Plan Gas, “no solo para tener gas nacional, producido en Argentina, sino también para ahorrar y ayudar a tener un esquema tarifario más ordenado”.
”Necesitamos un país que produzca energía para que las y los ciudadanos vivan cada vez mejor y la industria empiece a producir, generar empleo y lograr un mercado interno cada vez más fuerte”, concluyó el funcionario.
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