Las 5 condiciones y medidas que harían sustentable el sistema jubilatorio en el mediano plazo

La primera condición para poder comenzar a resolver el crónico déficit del sistema jubilatorio, y en particular, evitar que sea la permanente variable de ajuste de las finanzas públicas, es generar un marco de respeto extremo de la legislación, en particular por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y una celosa vigilancia de su cumplimiento por parte del Poder Judicial.

Recurrentemente en las campañas electorales se incluye a los jubilados y pensionados como un sector al que hay que mejorar su futuro, con promesas de corregir los errores y vicios del pasado. Esas promesas no sólo casi siempre se incumplen, sino que por el contrario se profundiza el deterioro de los ingresos de los jubilados, tanto por factores macroeconómicos (la economía no crece, se destruyen empleos y aumenta la inflación) como políticos (se echa mano a la caja de los jubilados para financiar el déficit fiscal o se los obliga a ser “solidarios” con quienes no hicieron aportes, sea porque trabajaron en negro o se dedicaron a tareas domésticas no rentadas, y no tienen sustento).

Como consecuencia de ese escenario se llegó a un cuadro en el que, como analizó la Oficina de Presupuesto del Congreso, el sistema tiene 6,6 millones de personas beneficiarias y 9,8 millones de aportantes; con esa relación, explica el informe, se puede cubrir solo el 40% de la remuneración promedio.

Sin embargo, hay posibilidades de cerrar semejante brecha en el mediano y largo plazo, no sólo en términos de cantidad, sino fundamentalmente de ingresos, y de generar un sistema sustentable y virtuoso para la economía en su conjunto, de modo gradual y sostenido.

La primera condición es no sólo conocer la realidad del sistema previsional argentino, sino también tomar nota de qué regímenes adoptaron otros países, en particular en la región, donde el peso presupuestario del pago de jubilaciones y pensiones, tanto en términos del total del gasto primario como del PBI es sustancialmente menor al que registra históricamente la Argentina.

La Argentina y la región

Un singular aporte en esa dirección lo hicieron los economistas de Ieral Fundación Mediterránea Marcelo Capello, Gerardo García Oro, María Laura Caullo y Manuel Infante, a través de un estudio especial que hicieron a pedido del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): “Desafíos previsionales a largo plazo para Argentina Aplicación de un Modelo de Sustentabilidad basado en Microfundamentos”.

En primer término, el informe presenta lo que definió como “la Taxonomía actual del Sistema Previsional Argentino” en la cual se describe cómo se van ramificando los dos puntos de partida: Prestaciones y Beneficiarios, administrados por el ente gestor, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

A partir de ahí, el trabajo analiza múltiples alternativas de diseño de sistemas previsionales en el mundo. “Cada país tiene sus propias reglas de acceso, cálculo de haber, actualización y financiamiento. El diseño depende de las condiciones históricas e institucionales de cada Estado”, Una de las alternativas es el sistema público de reparto, como es el caso actual de la Argentina, en el que la Anses recibe los recursos y los distribuye entre el total de beneficiarios, incluidas prestaciones adicionales, como la Asignación Universal por Hijo, entre otras; y otra un sistema de capitalización administrado por el Estado; y privado de capitalización (ahorro, como se intentó en la Argentina a mediados de los 90, pero no se lo dejó madurar por defectos de origen y relato político en contra de las AFJP y se lo extinguió en 2008 ).

El estudio de Ieral identificó para el caso de 11 países latinoamericanos que sólo 2 tienen un régimen de reparto público: Argentina y Ecuador; otros 2 tienen sistema único, pero es de carácter opcional entre público y privado en Bolivia; y de capitalización privado en Chile; 4 casos en los que es excluyente, uno u otro, son los casos de Colombia, México, Paraguay y Perú; y 3 en los que es complementario: Brasil, Panamá y Uruguay.

Asimismo, el trabajo analizó la tasa de cobertura para 13 países de la región (sumó Venezuela y Trinidad y Tobago), definida como la proporción de personas mayores a 65 años que reciben algún beneficio previsional, y detectó que la Argentina se encuentra entre las naciones que tiene más alta expectativa de vida al nacer: 77 años (solo superada por Chile, Panamá, Uruguay y México) y está entre las que da mayor asistencia, 90% de la población de referencia, detrás de Trinidad y Tobago (99%); mientras que, salvo Uruguay (87%) y Brasil (84%), el resto se ubica entre 16% y 60 por ciento.

Los datos consolidados a 2017 de 8 países de la región, de la proporción del gasto público antes del pago de intereses de la deuda pública que se destina al pago de pensiones, muestra que en los sistemas mixtos, reparto y capitalización se registran las menores incidencias, entre 6,3% en Perú y 26,1% en Uruguay; en tanto en la Argentina, con régimen de reparto estatal supera el 45%, y por tanto se ha convertido entre los menos sustentables.

Acciones necesarias

Muchos gobiernos y economistas han intentado reformas y presentado propuestas para estabilizar las cuentas del sistema previsional, pero no lo lograron, porque cualquier régimen que se adopte para que se torne financiera y fiscalmente sustentable exige como punto de partida:

1. Mínima tasa de inflación y crecimiento sostenido de la economía; requisitos claves para recuperar la sustentabilidad de las finanzas públicas;

2. Estabilidad de las normas y respeto de la Constitución Nacional, porque una carga constante sobre las finanzas públicas ha sido y es la industria del juicio previsional que alimenta la recurrente violación de derechos de jubilados y pensionados. La historia muestra que siempre la Justicia falla en contra del Estado, cuando debiera accionar contra los patrimonios de quienes fomentan y votan esas violaciones, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, de modo que constituyan acciones ejemplares;

3. Aumentar la productividad: El crecimiento de la economía apoyado en un mejor y eficiente rendimiento del uso de los factores del trabajo, no sólo del personal, sino también del capital, posibilitará elevar el salario medio real y de ese modo el monto de aportes al sistema previsional, sea de reparto, mixto o únicamente de capitalización;

4. Reducir al mínimo la informalidad laboral a través de incentivos fiscales y financiera para revertir la creciente precariedad del trabajo que ha llevado a una relación insustentable entre la cantidad de empleados asalariados e independientes, porque los trabajadores en relación de dependencia en conjunto perciben remuneraciones más altas que el promedio de monotributistas y de muchos autónomos, y por tanto hacen aportes más alto a la caja de jubilaciones;

5. Reimplementar el sistema de capitalización, público, privado, o mixto, de modo de poder individualizar el ahorro para el futuro y constituirse en una fuente de incentivo al ahorro, clave para que el país genere opciones de financiamiento de proyectos rentables a través del desarrollo del mercado de capitales que traería asociado.

De este modo, no sólo se lograría revertir una larga historia de fracasos y devaluación del sistema previsional y sus beneficiarios, sino que además contribuiría a reducir en forma sostenida los niveles de indigencia y pobreza, de activos y pasivos, y elevar la calidad de vida del conjunto de los residentes en la Argentina. Muchos países han logrado iniciar ese camino, pese a que la mayoría dispone de menos recursos naturales y de mano de obra inactiva, y por tanto de potencial de crecimiento.

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