La misión del FMI regresó a Washington, pero el eje de una negociación todavía con final abierto quedó en Buenos Aires

El regreso de la misión del FMI a Washington, tras dos semanas de reuniones en Buenos Aires, marcó ayer el inicio de una nueva etapa en lo que es todavía una negociación de final abierto.

De hecho, el organismo emitió desde Washington un comunicado en el que sugirió que el ida y vuelta demandará varios meses.

En primer lugar, dijo que “el equipo del FMI y las autoridades argentinas comenzaron a delinear los contornos de un programa con el FMI que podría respaldar los planes del gobierno para hacer frente a los profundos desafíos económicos y sociales del país”, lenguaje que más que rapidez sugiere varios obstáculos por superar.

En segundo lugar, aunque el Fondo reconoció “una visión compartida” sobre los “desafíos de corto y mediano plazo”, también señaló que las políticas para afrontarlos aún no están sobre la mesa. Si no, no habría dicho que para eso “se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.

En tercer lugar, el texto subraya la intención del gobierno argentino de respaldar el acuerdo a negociar “con un amplio consenso político y social”.

Y ahí es donde se insinúa el principal problema, que se hizo ostensible con la carta que la misión del Fondo recibió de los senadores kirchneristas, dirigida a la directora-gerente del organismo, Kristalina Georgieva. Lejos de observar algún atisbo de consenso, lo que las cabezas de la misión, la norteamericana Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu pudieron confirmar in situ es el acrimonioso ambiente político y la sospecha de que ni siquiera en la coalición oficialista hay consenso sobre lo que realmente quiere del Fondo.

Por expreso pedido del gobierno de Alberto Fernández, Georgieva, que hace meses no enviaba misiones presenciales a ninguno de los 190 países miembros del Fondo, que negoció y acordó en modo enteramente virtual paquetes de ayuda considerables como los concedidos a Ecuador y Ucrania por USD 11.500 millones, en seis semanas envió dos veces a Buenos Aires a Kozack y Cubeddu, los dos alfiles que eligió personalmente, apenas asumió, para lidiar con el difícil “caso argentino”.

Así las cosas, es dudoso que la carta de los senadores, acusando al FMI de cómplice de fuga de capitales, exigiéndole auditar los recursos que prestó a la Argentina y advirtiéndole que el país podría reembolsar el dinero en “varias décadas”, produzca en Georgieva una impresión favorable.

Punto conflictivo

En particular, y más allá de la retórica, el quinto punto de la carta de los senadores puede resultar muy irritante para el Fondo y hasta, como observó desde Washington un conocedor de las entrañas del organismo, hacerlo sospechar de que el texto fue redactado por el propio representante argentino en el directorio, Sergio Chodos.

La carta insiste ahí en una acusación que la vicepresidente Cristina Kirchner hizo en febrero pasado desde Cuba; que en el préstamo a la Argentina, durante el gobierno de Macri el FMI violó el artículo VI de su estatuto y financió la “fuga de capitales”, como la carta define lo que el BCRA llama “formación de activos externos”; en gran medida, compra de dólares por parte de los propios argentinos. Acusación que, de hecho, se vuelve contra el actual gobierno.

En febrero pasado, el vocero del organismo, Gerry Rice, habló de ese punto cuando, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones de la vicepresidente, dijo “puedo asegurar absolutamente a todos que no hubo violación de las reglas del Fondo”.

Chodos, que como director del BCRA fue uno de los redactores del decreto por el cual, en 2010, la entonces presidente buscó disponer de las reservas del Central para pagar deudas del Tesoro (lo que provocó una controversia con el entonces titular de la entidad, Martín Redrado, que finalmente renunció al cargo), ya hizo ese argumento ante algunos pares del board, que le recordaron la resolución 1.238 del Directorio, del 28 de julio de 1961, sobre el alcance e interpretación de ese artículo. El texto dice expresamente que las normas del FMI “no impiden el uso de los recursos del Fondo para transferencias de capital en acuerdo con las provisiones de los artículos constitutivos, incluido el artículo VI”.

La inclusión de su argumento en boca de Cristina Kirchner y en la carta de los senadores tal vez aumente la consideración de Chodos en Buenos Aires, pero no cambiará un ápice la posición legal del Fondo ni facilitará la negociación. Como señaló anoche el comunicado del Fondo, esta continuará de modo remoto.

A diferencia de la visita de octubre, cuando Kozack y Cubeddu anticiparon que retornarían en noviembre, esta vez no hay tiempos establecidos. La pelota quedó en Buenos Aires. Todo dependerá del consenso que el Gobierno logre organizar y de cuán eficaz sea Martín Guzmán en evitar una nueva escalada del dólar. Nada sencillo si las reservas del BCRA siguen cayendo (esta semana perforaron el umbral de USD 39.000 millones y, según varios analistas, las líquidas de libre disponibilidad están hace rato en terreno negativo) y la brecha cambiaria merodea el 100 por ciento.

“No me imagino a Luis (por Cubeddu) presentando y teniendo que defender un acuerdo con la Argentina”, dijo a Infobae una fuente de Washington.

Algo parecido expuso Benjamin Gedan, subdirector del “Proyecto América Latina” del Wilson Center, uno de los think tanks más prestigiosos de Washington, equidistante de la Casa Blanca y la sede del FMI, el martes 17, en un hilo de 8 tuits.

“A menudo me preguntan –observó– si la administración Biden apoyará la renegociación de la deuda de USD 44.000 millones de Argentina con el FMI, y si incluso asegurará algunos fondos adicionales”. Según Gedan, no hay duda: “Biden querrá ayudar, pero el principal obstáculo está en Buenos Aires, no en el Tesoro de EEUU”.

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