El equipo económico sabía que el lapso de tiempo que habría entre el exitoso final de la reestructuración de la deuda privada, hacia fines de agosto, y el envío del proyecto de Presupuesto 2021, sumado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar vencimientos por USD 45.000 millones, contenía riesgos. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, no imaginaba que se terminaría dando el escenario más negativo que pudieran haber proyectado: un altísimo nivel de incertidumbre, reforzado a partir de los mayores controles cambiarios de septiembre, que llevó a que la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas llegara a tocar el 150%. Y ello afectó el proceso de desaceleración inflacionaria que se venía produciendo durante los primeros meses del año.
La inflación de octubre, que escaló al 3,8% mensual y 37,2% interanual, estuvo impactada por la brecha. También por algunos ajustes que el Gobierno comenzó a permitir en productos de consumo masivo, y por la escalada de los productos estacionales, que treparon casi 10% en el mes. Pero las diferencias entre el dólar oficial y los paralelos también hicieron lo propio, y en Economía lo saben. “Una brecha del nivel del que llegamos a tener afecta los precios. En tanto y en cuanto los actores económicos no saben lo que está sucediendo, se generan mecanismos precautorios”, admitieron en el Palacio de Hacienda.
Por un lado, la alta brecha genera en los empresarios la expectativa de que se devaluará el tipo de cambio oficial, y eso hace ajustar los precios por las dudas, frente a lo que puede ser un alza del costo de reposición. Por otro, las escasas reservas han generado restricciones a los importadores para acceder al mercado libre de cambios, por lo que ajustan los precios al paralelo previendo que podrían tener que recurrir a ese mercado para pagar sus operaciones con el exterior. En cualquier caso, se trata de movimientos precautorios, como aseguran en el Gobierno.
La brecha con el contado con liquidación (CCL) bajó -se ubica en el 87%- y con el blue sigue por encima del 100%, aunque lejos del 150% de mediados de octubre. La reducción -aunque todavía poco firme- se produjo a partir de un conjunto de medidas que adoptó la cartera económica conjuntamente con el Banco Central (BCRA) para transmitir más certidumbre, entre las que se incluyen la intervención en esos mercados mediante la venta de bonos, la licitación de títulos dollar-linked, la corrección al alza de las tasas de interés y la decisión de dejar de recurrir al financiamiento el organismo monetaria vía adelantos transitorios durante lo que resta de este 2020.
Pero todavía el plan está a mitad de camino. La negociación con el FMI recién arranca y en el Gobierno saben que la volatilidad y la brecha en estos niveles puede durar al menos hasta el año próximo. Aseguran que mientras sigan los controles de capitales habrá mercados paralelos, pero apuestan a que la diferencia entre las cotizaciones se reduzca a partir del acuerdo con el Fondo y de las señales que se vayan dando en materia de política económica. “La idea es tratar de dar señales respecto de qué tan previsible es la política económica, sabiendo que el mundo está en una situación muy imprevisible”, dijo la fuente consultada. Y agregó: “No queremos esta magnitud de incertidumbre”.
¿Cuál es el plan del Gobierno entonces para mantener a raya la inflación, cuando hay muchos precios que deberán ajustar tras varios meses de congelamiento? Por lo pronto, y contra las expectativas del mercado, que espera para el 2021 una inflación que roza el 50%, Economía sigue convencida de que los precios el año próximo subirán en línea con el cierre de este año, quizá no 29%, como supone el Presupuesto, pero tampoco muy por encima del 35 por ciento.
“Este año arrancamos con 53% y vamos a terminar en torno al 32%. Fue importante haber podido mantener el tipo de cambio y los salarios en línea con la inflación. Las tarifas este año estuvieron congeladas y eso está ayudando, pero nuestro objetivo es tratar de mantener el nivel de inflación el año próximo”, dijeron cerca del ministro Guzmán. Al respecto, el presidente Alberto Fernández admitió ayer por la mañana que el equipo económico prepara una readecuación para marzo y que beneficiarán a los sectores de menor poder adquisitivo. “No está previsto que las tarifas se ajusten este año. Calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen. Vamos a buscar mecanismos para que los ajustes sean pagables”, aseguró el jefe de Estado.
Según los planes de Economía, las tarifas van a subir -en línea con la inflación- y ello presionará al alza el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero el Gobierno intentará compensar con algunos otros precios relativos. Será clave, afirman, el acuerdo de precios y salarios que el Gobierno prevé encarar para marzo, con el objetivo de encarrilar expectativas y evitar desmadres, en un año en el que se proyecta que la economía rebote -si no hay malas noticias en materia sanitaria- y resurja la puja distributiva.
En el caso de los alimentos, el Ministerio de Desarrollo Productivo encaró el desarme del programa Precios Máximos, pero se hará de manera gradual y las autoridades buscarán que los productos de primera necesidad -tanto alimentos como artículos de limpieza e higiene- no queden completamente liberados. El objetivo es reforzar el plan “Precios cuidados”, que tiene revisiones trimestrales y administradas. El resto de los ítems, como ya ocurrió la semana pasada, se irá “deslistando” de a poco y con el mayor de los cuidados para que no impulse una aceleración del IPC.
Pero las presiones de los empresarios del consumo masivo y de otros rubros, como el sector de salud, por ejemplo, para ajustar en 2021 lo que no pudieron este año irán in crescendo. El gran desafío de Guzmán será administrar esa tensión y lograr el equilibrio justo. Mucho más en un año electoral y con indicadores sociales que todavía estarán fuertemente deprimidos tras la pandemia.
Seguí leyendo: