Los empresarios se preparan para ir a la Justicia si el impuesto a la riqueza avanza en el Congreso

La decisión de comenzar a darle trámite legislativo al proyecto de ley del Aporte Solidario por Única vez a las grandes fortunas, o impuesto a la riqueza, que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados, generó mucho malestar en el mundo empresario que creía que el tema había sido dilatado y que no se volvería a hablar hasta marzo de 2021 como mínimo.

Los grandes empresarios reunidos en lo que se denomina el Grupo de los 6 (G6), la noticia cayó de sorpresa y empiezan a vislumbrar un camino de judicialización de la medida. “Nosotros habíamos mantenido conversaciones con el presidente Alberto Fernández al respecto y entendíamos que el tema se había dilatado. Esta no es la agenda que necesita la Argentina”, explicó a Infobae una fuente del grupo,

El G6 está integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Sociedad Rural Argentina (SRA). Hace poco, había emitido una carta apoyando las gestiones con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con los acreedores privados y había mantenido silencio respecto al impuesto. “No queríamos ponerlo en el centro de la discusión cuando todo hacía suponer que no se iba a dar”.

Uno de los puntos que más atacan desde el sector provado, además de que “todo el tiempo cambian el uso que se le daría a lo recaudado”, es que abarque a los accionistas. “Esto es un despropósito”, señalan.

“Es una locura que los accionistas locales de una empresa tengan que pagarlo, porque supongamos que hay un puerto en el gran Rosario -la zona por la que se exporta casi el 80% de la producción agrícola del país- que es de capitales nacionales, por lo que sus accionistas deberán pagar el impuesto, mientras que su vecino que es un puerto propiedad de una gran multinacional no está alcanzado. Esto genera competencia desleal”, explicaron.

“Como consecuencia de esto, no sólo que se ahuyentan a las inversiones y los posibles inversores, sino que van a caer el valor de las acciones de todas las empresas argentinas”, agregaron.

Por ahora no habrá una expresión pública al respecto hasta que la norma no comience a caminar el derrotero legislativo, pero el enojo de los empresarios es con el presidente Alberto Fernández. “En varios encuentros expusimos nuestro parecer, hemos tenido varias cenas en donde se le explicó el conflicto que esto puede generar y había expectativa de que cambie lo que querían discutir".

La expectativa estaba centrada en la posibilidad de que exista una especie de exoneración en aquellos casos en donde las empresas se hubieran comprometido a una inversión concreta. “Nosotros buscábamos algo que incentive la inversión porque este impuesto es parte de la agenda que la Argentina no necesita, es volver a la grieta. Se podría haber trabajado en otros impuestos que son más progresivos”, agregó un hombre fuerte del Grupo de los 6.

El impuesto, redactado por el diputado Carlos Heller a pedido del presidente del bloque, Máximo Kirchner, establece el pago de una tasa progresiva para las personas físicas o “humanas” argentinas a partir de los $200 millones. No importa que la persona tenga residencia fiscal en otro país, pero no alcanza a los extranjeros. Fue cuestionado por especialistas en impuestos y por otros empresarios.

Arranca con una alícuota del 2% y llega hasta 3,5% para patrimonios de más de $3.000 millones en el país. La tasa se eleva hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en el exterior. Si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras afuera, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes en el país.

Crítica y propuestas de la UIA

En este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) dio a conocer un documento en el que señaló que el proyecto “incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo. El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”.

“Esto se debe a que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, explicó la entidad que preside Miguel Acevedo.

“La Argentina está transitando esta pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación. Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía”, aclaró.

En esta marco, “el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos. El sistema tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo. El proyecto en cuestión va en sentido contrario”.

“Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, indispensables para recuperar el crecimiento. La tasa de inversión en relación con el PBI es una de las más bajas en términos 3 históricos, con 13,2% en el período pre-pandemia, en el primer trimestre de 2020. Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro país (con una relación entre crédito y PIB de solo el 9,7%) hace que mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de sus accionistas para invertir”, indicó la UIA.

“La situación que vive el país requiere generar confianza en nuestra economía, promover la inversión, disminuir la brecha cambiaria a partir del ahorro en moneda nacional y recuperar reservas. El acuerdo reciente por la deuda es un paso importante en esta dirección y es necesario fortalecer ese camino. Debido a los problemas antes mencionados, es clave no afectar aún más el sector productivo y subsanar los problemas del proyecto actual”.

Por esta razón, la UIA propuso “excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos, permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año, incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a ON de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación) , e incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales”.

Seguí leyendo: