La mejora en el clima financiero, la expectativa de un acuerdo cercano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, paradójicamente, el espejo de la reestructuración de la deuda soberana, que dejó nuevos bonos que hoy siguen cotizando a precios de default, impone un impasse de espera en las renegociaciones de deuda a nivel provincial. Particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dispuso una nueva prórroga para la aceptación de una oferta que, se sabe, no tiene chances de éxito. Sin embargo, a los acredores ahora no les urge avanzar en el proceso. El nuevo plazo de suscripción vence el 4 de diciembre pero la apuesta de los bonistas ahora apunta a cerrar recién a partir de febrero o marzo. Esto es, una vez que el Gobierno nacional haya consensuado un nuevo plan con el Fondo Monetario y se materialicen mejoras sustanciales en las condiciones del mercado.
La lección de los grandes fondos de inversión que, tras sucesivas concesiones del ministro de Economía, Martín Guzmán, lograron su meta de obtener unos USD 55 con la expectativa de deshacerse de esos títulos apenas registraran alguna suba de lo que se asumía erróneamente sería el piso, marca un posible resultado de esas negociaciones. Es que, mientras no existan chances concretas de que los nuevos bonos coticen por encima de los títulos en default que se busca reestructurar, estos viejos bonos son relativamente más ventajosos. Esto porque, aún sin cobrar, siguen acumulando pagos mayores cuyo reconocimiento se discutirá tarde o temprano, en la renegociación o en un reclamo judicial. La contrapartida sería aceptar títulos nuevos con cupones más bajos, recorte de capital y una espera de 3 años para empezar a pagar según la oferta actual, que debería ser ampliamente mejorada para lograr un cierre rápido del canje. Nadie imagina que esto es posible, en un contexto de rendimientos de los nuevos bonos soberanos entre 15% y 17%.
“Con los papeles viejos, con cupones caídos, técnicamente los fondos podían acelerar e iniciar acciones legales. Y con eso poner presión, mientras continuaban devengando interés al 7%. Ahora tienen un papel nuevo que no les permite hacer nada más que esperar años para empezar a cobrar un cupón de la mitad y, si los quieren vender, los precios están destrozados”, explicó una fuente que participó de la reestructuración de Guzmán. De ahí el motivo del enojo de los comités de acreedores, que confirmó con duras declaraciones públicas la semana pasada el CEO de Blackrock, Larry Fink. Se trata de un antecedente imposible de pasar por alto.
“Estando casi a las puertas de un acuerdo con el Fondo, sus tenencias valen más dentro de 3 ó 6 meses. Claramente a ellos les conviene esperar, tanto para vender o para aceptar una propuesta de Kicillof. En un escenario como el actual, cualquier alternativa valdrá más dentro de unos meses”, admitió una fuente cercana a las discusiones por la deuda bonaerense.
Con todo, pese al compás de espera instalado de hecho, los bonistas movieron sus fichas en las últimas semanas. El comité Ad Hoc informó hace una semana la contratación de un asesor legal debido a “la falta de compromiso constructivo por parte de la Provincia” en las negociaciones. Este grupo, que concentra 49% de la deuda por USD 7148 millones a reestructurar, comunicó que el estudio White & Case LLP y Ayres Investment Management, firma especializada en el manejo de activos, llevará adelante una evaluación de “todas las opciones disponibles”, lo que pocos tomaron como un señal concreto de que avanzarán con acciones legales como tal vez se pretendió insinuar.
De todos modos, analistas del mercado adviertieron que el perfil de los inversores en bonos subsoberanos es diferente al de los fondos que invierten en títulos nacionales. “En las reestructuraciones provinciales, un elemento que aporta dificultad es el tipo de acreedor, fondos de cobertura que son mucho más ágiles, que tienen más abogados y que suelen asumir más riesgo. Son más difíciles que los Pimco, Blackrock y Templeton de este mundo”, aseguraron en las oficinas de un asesor en distintos procesos provinciales.
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