![Se trata de la séptima etapa de este programa](https://www.infobae.com/new-resizer/cf8WVwgt0Et4A_aDYoga7WbgBYY=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UBHN3CQVCREOXCGNMBT664BU2A.jpg 420w)
Como ya se había adelantado, el Gobierno decidió extender “la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP) hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que la ayuda estatal a las empresas privadas para pagar los sueldos seguirá, por lo menos, hasta fin de año. Así lo informó a través del Decreto 823/2020, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial.
Se trata de la séptima etapa del plan que comenzó poco después de que la pandemia del coronavirus llegara a la Argentina y que, además del auxilio para el pago de los salarios, también plantea la eximición de contribuciones patronales y créditos a tasas subsidiadas.
La decisión de prolongar nuevamente el ATP para continuar asistiendo a los sectores que están en situación crítica por las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID-19, fue tomada la semana pasada tras una reunión del equipo económico de la Casa Rosada.
Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, las autoridades nacionales confirmaron que el programa seguirá vigente, al menos, “hasta el 31 de diciembre de 2020”.
Entre los considerando, el Gobierno señaló que, “en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión” del coronavirus en el país, “limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias”.
![El Gabinete económico decidió avanzar con una nueva etapa del ATP](https://www.infobae.com/new-resizer/dgPIfP9152fPBi0IwNZJeBd59J4=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XQTQDVLDNFHYBMLYJGRHA3UWOY.jpg 420w)
En este sentido, el Poder Ejecutivo recordó que, en ese contexto, se creó el ATP para ayudar a “empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas” por esta situación, aunque se trata de una medida “temporal” que finalizó el 30 de septiembre pasado, pero se aclaró que para los sectores más críticos el beneficio podría extenderse más allá de esa fecha, “aun cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio hubiere concluido”.
Por esta razón, el Gobierno sostuvo que, “si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial”, por lo que consideraron “pertinente extender la temporalidad de la asistencia comprendida en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para las personas en relación de dependencia e independientes, “adecuándolo a las necesidades imperantes en la actualidad y a los cambios que se han producido y se van produciendo en la realidad económica".
Según trascendió, la inscripción para esta nueva etapa del plan tendrá lugar en los últimos días de octubre, a los efectos de que los trabajadores beneficiados puedan cobrar sus haberes en forma completa durante noviembre.
“El ATP ha sido y es una herramienta fundamental para reducir el impacto sobre la actividad productiva, sostener el trabajo y acompañar a las empresas en este duro contexto. Definimos una nueva ronda para seguir protegiendo el saber hacer de la economía y tener bases sólidas que propicien un mejor horizonte de recuperación”, aseguró Guzmán tras la reunión del Gabinete Económico realizada en el Palacio de Hacienda.
De aquel encuentro participaron también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo y de Política Económica, Haroldo Montagu.
En la última etapa que tuvo este programa previo a esta nueva prolongación, un total de 1.291.970 trabajadores pertenecientes a 124.160 empresas accedieron al salario complementario por parte del Estado. En ese sentido, el gasto público necesario para afrontar el pago de esos sueldos alcanzó los $26.000 millones, que se complementó con los fondos asignados a los créditos a tasa subsidiada.
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