La AFIP detectó inmuebles en el exterior que estaban declarados a un valor menor que en el mercado

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene prorrogando la feria fiscal desde que comenzó al aislamiento que decreta el gobierno nacional. Sin embargo, en una de las últimas prórrogas, la oficina recaudadora exceptuó de la feria fiscal a los procedimientos por precios de transferencia, las fiscalizaciones realizadas en función de la información proporcionada por la OCDE sobre cuentas de argentinos en el exterior y las fiscalizaciones electrónicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online).

La puesta en marcha de las fiscalizaciones electrónicas generó una oleada de operaciones de rectificaciones de declaraciones juradas de Bienes Personales que hicieron que aumentara la percepción por el impuesto en 125 millones de pesos.

En los últimos 40 días el organismo que comanda Mercedes Marcó del Pont realizó tres campañas respecto de estas verificaciones online cruzando datos de diferentes bases de datos y realizaron 9.000 fiscalizaciones que observaron a contribuyentes que en sus declaraciones juradas de Bienes Personales subvaluaron inmuebles en el exterior.

El uso de esta herramienta es nueva y lo que hizo fue que hubiera una oleada de rectificaciones de declaraciones juradas de Bienes Personales. En la primera campaña de fiscalización, el porcentaje rectificado ascendió al 96% de los contribuyentes y en la segunda, con los plazos todavía no cumplidos, ya alcanzó un nivel de respuesta del 55%. De esta forma, las fiscalizaciones electrónicas arrojaron ingresos por más de 125 millones de pesos en impuestos adeudados.

La operatoria es bastante simple. Cuando los contribuyentes son avisados del procedimiento de fiscalización tienen la oportunidad de rectificar su declaración jurada e ingresar el monto adeudado. En ese momento, el procedimiento se cierra.

Pero puede ser que la persona a la que se le avisa que tiene una inconsistencia en su declaración jurada quiera solicitar una prórroga o realizar un descargo. En ese caso, la operación se realiza de manera online. Si transcurridos los 15 días de recibida la notificación no rectifican o no contestan, la Administración Federal de Ingresos Públicos inicia el proceso de determinación de oficio (liquidación de deuda, multa e intereses). A partir de este momento se abren nuevamente dos opciones: el controbuyente puede elegir por pagar y, de esa manera, cerrar el proceso de fiscalización o, hacer caso omiso y si elije ese camino, la AFIP puede avance en la ejecución fiscal.

A los inmuebles no declarados y subdeclarados en el exterior se le sumarán en el transcurso de las próximas semanas usuarios de facturas apócrifas y aquellos contribuyentes que omitieron declarar los depósitos en moneda extranjera, entre otras campañas de fiscalización.

Días atrás la AFIP publicó la Resolución 4838 en donde establece una serie de herramientas destinadas a frenar las maniobras de evasión fiscal, con sanciones para aquellos que incumplan y no presenten la nueva documentación requerida.

Básicmente la herramienta que resaltó sobre el resto fue la puesta en marcha del Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF), basado en el modelo de muchos países que practican intercambio de información tributaria, el cual busca supervisar las estrategias que emplean las empresas para obtener beneficios fiscales vía la elusión o detectar a los que cometen delitos.

Lo que significa es que hay que mostrarle al fisco la transparencia de las operaciones. Es una agenda muy ajustada e implica mostrar la estructura de costos a nivel internacional para saber a dónde se fija la ganancia para evitar que las sociedades holding sean las únicas que tributen.

Los regímenes de información de planificaciones fiscales constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que también establecieron mecanismos para conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por parte de los contribuyentes.

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