
Hoy por la tarde es el plazo final que puso el oficialismo para aprobar el dictamen de la comisión que analizó el Presupuesto 2021 y se encamina para darle media sanción la semana que viene. Lo que aún resta por saberse es si la oposición apoyará o no la propuesta oficial.
Luego de una extensa discusión del proyecto que envió el Ejecutivo, el pasaje por la comisión de Presupuesto del ministro de Economía Martín Guzmán y los secretarios que conforman su equipo, estaba todo listo para que ayer se obtuviera dictamen. Sin embargo, a última hora el oficialismo modificó el proyecto y les agregó cambios a 40 artículos, por lo que la oposición pidió extender el plazo.
El presidente de la Comisión, el diputado Carlos Heller, defendió las modificaciones señalando que eran todos pedidos que había realizado la oposición y que hoy iban a hacer valer la mayoría para sacar el dictamen y avanzar en la obtención de la media sanción.

Según pudo averiguar Infobae, entre los puntos principales que se introdujeron se encuentra un aumento en los impuestos al juego, el reconocimiento de una deuda con las empresas productoras de gas así como el pago de los juicios por coparticipación que ganaron en la Corte las provincias de Santa Fe y La Pampa.
En lo que se refiere al impuesto a las apuestas o los juegos de azar, la norma señala que será del 5% por cada apuesta realizada a través de cualquier plataforma digital. Asimismo, la alícuota sube a 10% si el que realiza la apuesta es una persona desde el exterior.
Respecto del transporte, el Ministerio de Economía aceptó el pedido de los diputados del interior del país para incrementar los fondos para subsidiar las tarifas –hubo reclamos respecto de lo que se destina al AMBA– y se habilitó un aumento de 7.000 millones de pesos.

Un punto no menor en los cambios introducidos es el empoderamiento del Ministerio del Interior, ya que se modifica el art. 93 en lo que se refiere a la reforma la ley de Responsabilidad Fiscal para los endeudamientos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora se establece que las provincias tienen que elevar el pedido de autorización para tomar deuda al Ministerio del Interior, para que en conjunto disponga si se autoriza esa operación.
Quizás como consecuencia de los incendios que arreciaron en 14 provincias y que tuvieron su epicentro en Córdoba se definió aumentar la cantidad de dinero destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego. En este caso, para incrementar los ingresos, se establece en el artículo 102 una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros excepto las de vida, a cargo de las aseguradoras.
También se establece en el artículo 104 que el Fondo del Tabaco será transferido a las provincias productoras en forma mensual sin que el Banco de la Nación Argentina perciba retribución de ninguna especie por los servicios que preste para hacerlo.
En lo que se refiere a las provincias también se fija en el artículo 110 que el Estado nacional acordará el pago a las provincias de Santa Fe y de La Pampa de los fallos de la Corte Suprema que son de 2016 y que habían quedado afuera del Pacto Fiscal.
Respecto de las empresas tecnológicas, en las modificaciones se establece en los artículos 106, 107 y 108 la asignación al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento un monto de 230 millones de pesos. Asimismo, en los artículos 113-106, se establece la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech), que tendrá como finalidad financiar al sector.
En el mundo energético también se presentaron modificaciones. Primero, se reconoce una deuda con los productores y distribuidores de gas que Cambiemos había aceptado por el salto en el tipo de cambio de 29.500 millones de pesos.
También hay modificaciones referidas a las versiones anteriores del Plan Gas en donde hay deudas contraídas con certificado de crédito fiscal y en moneda extranjera.
Además, se agrega en el artículo 87 un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o las deudas sean "razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista.
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