La Sociedad Rural Argentina expresó su alarma y repudio al apoyo indebido o la presencia no justificada de funcionarios nacionales en las tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país. Además, reclamaron “preservar el pacto social; vivir bajo un Estado que asegure sus derechos y garantías, su seguridad física y la de sus familias, el valor de su trabajo y su moneda, sus propiedades, sus ahorros, su salud y, sobre todo, la paz social”.
Hay que recordar que el ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, denunció hoy que una funcionaria del gobierno nacional pasó la última noche dentro del campo perteneciente a su familia en la localidad de Santa Elena, La Paz, Ente Ríos, en compañía de los presuntos usurpadores comandados por Juan Grabois.
“Dicho accionar o la presencia de funcionarios públicos de manera presencial o virtual entre los usurpadores, en las prolongadas tomas del Sur, las del Conurbano bonaerense, en la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos y, lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, pueden ser interpretadas como un aval del Estado a una metodología ilegal”, manifestaron desde la entidad que preside Daniel Pelegrina.
Y agregaron: “Preservar el contrato y la paz social es sostenible únicamente mediante el respeto y el acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes. Las usurpaciones como modus operandi se están extendiendo ante la pasividad de los poderes de la República, que están descuidando su función principal que es ordenar. Esto puede traer consecuencias imprevisibles para todos los ciudadanos de la Nación, especialmente si ese rol es asumido por referentes sociales que no han sido elegidos por el pueblo”.
Por otro lado, el juez subrogante de La Paz postergó su decisión respecto al conflicto de la familia del ex ministro de Cambiemos, con epicentro en la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos.
La familia Etchevehere mantiene desde hace tiempo un conflicto interno por la propiedad de la finca “Casa Nueva”, ubicada en la localidad entrerriana de Santa Elena. De un lado, el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, dos de sus hermanos y su madre defienden que ellos son los únicos dueños, tras haber finalizado en 2018 el juicio por la herencia del padre.
Por el otro, la hermana restante Dolores Etchevehere asegura que un 40 por ciento del campo es suyo y que decidió donarlo a organizaciones populares para desarrollar un proyecto agroecolíco. Mientras decenas de representantes de los organismos sociales comandados por Grabois se instalaron dentro de la finca, con el permiso de Dolores, el resto de la familia
En medio de todo esto, productores agropecuarios de Entre Ríos y del resto del país expresaron su preocupación por el aumento de casos de toma de tierras y el avance sobre la propiedad privada. Ayer hubo una movilización y vigilia de productores en la puesta del campo de los Etchevehere. Además, se mostraron preocupados por la inacción de la Justicia y el silencio oficial ante esta situación.
En medio del conflicto en el campo de la familia Etchevehere, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró en diálogo con TN, “no alentamos ninguna toma de tierras y siempre actuaremos en defensa de la propiedad privada”. Sin embargo, Juan Diego Etchevehere, hermano del ex funcionario nacional, señaló: “Hay una zona liberada para que sucedan hechos, como el que nos toca vivir a nosotros”.
Presencia de funcionarios
Esta mañana, Luis Miguel Etchevehere, denunció que una funcionaria del gobierno nacional pasó la última noche dentro del campo perteneciente a su familia en la localidad de Santa Elena, La Paz, Ente Ríos, en compañía de los presuntos usurpadores comandados por Juan Grabois.
El ex titular de la Sociedad Rural Argentina aseguró en las redes sociales y ante las cámaras del canal de noticias TN que Gabriela Carpineti, integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañó a los “usurpadores” durante toda la última noche dentro del campo y acusó de manera directa al presidente Alberto Fernández por su presunta complicidad en el conflicto familiar.
“Una de las personas que estuvo en la toma es Gabriela Carpineti, de la Secretaría de acceso a la Justicia del Ministerio de Derechos Humanos. También había otras personas. Una que se presentó como fotógrafo, periodistas y otras personas más. Todos invocando el carácter de funcionarios públicos nacionales. O sea, lo grave de acá es que hay funcionarios públicos nacionales participando de la toma. Esto quiere decir que el señor presidente Alberto Fernández está avalando la toma de tierra en Entre Ríos con la presencia de sus funcionarios”, denunció Etchevehere.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aclararon a Infobae que la funcionaria en realidad fue hasta el lugar porque estaban recibiendo amenazas, pero no pasó la noche allí.
Carpineti tiene 35 años, es abogada y fue nombrada en abril como Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para Acceso a la Justicia en la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de una reconocida abogada en causas por los derechos populares muy ligada al área laboralista de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), comandada por Grabois y de la CTA.
Asimismo, Etchevehere denunció que Sebastián Correa, referente del CTEP de Santa Fe también permaneció la noche junto a representantes de la organización social dentro de la finca de su familia.
“Eran las 1.30 o 2 de la mañana. Quisieron salir del campo y cuando la policía les pidió que frenaran para requisar el auto, que es la condición que dio el fiscal, los integrantes de los tres vehículos se negaron y volvieron a entrar”, aseguró el ex titular de la cartera agropecuaria.
Además de la denuncia sobre la presencia de Carpineti en su rol de funcionaria nacional junto a los usurpadores, causó sorpresa también la aparición de los nombres de Victoria Donda, la titular del INADI, y de Daniela Verón, abogada del Ministerio de Justicia, en el acta que se firmó entre todas las partes para dar lugar al cuarto intermedio de la audiencia judicial del pasado miércoles.
Donda participó de la audiencia mediante videoconferencia y su presencia respondió a que la convocatoria de productores rurales de Entre Ríos llamada “Fuera Grabois de Entre Ríos” pueda llegar a constituir el delito de intimidación o amenazas. La convocatoria incitaba a los productores a acudir a la entrada del campo de la familia Etchevehere con “jinetes, tractores y camionetas”, para así persuadir a los usurpadores de abandonar la finca.
Seguí leyendo: