Productores de Entre Ríos se movilizaron en defensa de la propiedad privada, en medio del conflicto entre Juan Grabois y la familia Etchevehere

“Fuera Grabois de Entre Ríos” y “Con usurpaciones no hay democracia” fueron dos de las banderas que se destacaron este miércoles en una fuerte movilización de productores en Entre Ríos en defensa de la propiedad privada. La misma se realizó en el distrito de Santa Elena, en el Departamento de La Paz, donde está instalado en el campo de la familia del ex ministro de agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Fueron más de 600 los ruralistas que se movilizaron.

La familia Etchevehere denunció la semana pasada ante la Justicia la usurpación de su estancia “Casa Nueva” y pidió el “pronto desalojo” de los ocupantes, a pesar de que entre ellos está la hermana menor de los cuatro hermanos de la familia. Dolores Etchevehere, en efecto, participa de la ocupación de ese establecimiento con el apoyo legal de Juan Grabois y de otros referentes del MTE Rural, y decidió donar el 40% de la parte que le corresponde de esa estancia. Para eso, firmó con el “Proyecto Artigas” un acta fundacional de la “Comunidad Rural Organizada Artigas”, donde se desarrollará una colonia agroecológica.

Hay que recordar que desde hace tiempo Dolores Etchevehere mantiene un enfrentamiento con las empresas del grupo familiar en Entre Ríos, al que acusa de “administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral”.

Pero mientras que Dolores Etchevehere habla de una “donación”, su propia madre define el contexto como el de una “usurpación". En un escrito que fue enviado a la prensa, la madre del ex ministro alega ser la legítima propietaria del predio. En ese documento, figura que Dolores cedió en 2018 la fracción de la empresa familiar que ahora dice haber donado para el desarrollo del proyecto agroecológico.

Según dicho documento, que va acompañado de un acta notarial que certificaría que efectivamente la firma corresponde a Dolores Etchevehere, la empresa compradora mencionada en ese documento que ahora la familia esgrime para pedir a la Justicia el desalojo de los intrusos es Mirus S.A., una constructora e inmobiliaria con domicilio en Pilar, creada en 2014. Dolores también vive en esa ciudad bonaerense.

Hoy antes del inicio de la movilización, Dolores Etchevehere publicó un mensaje en las redes sociales del Proyecto Artigas donde denunció que sus hijos fueron amenazados. Además, desde dicho espacio manifestaron: “Con mentiras y engaños, Luis Miguel Etchevehere convocó a una patota para sacar de su casa a su hermana, Dolores Etchevehere. Le pedimos a la Justicia que actúe conforme a derecho”.

En medio de la protesta, Luis Miguel Etchevehere comentó al medio entrerriano Mundo Rural : “No es una cuestión familiar. Mi hermana Dolores hace dos años que no es socia nuestra. Están ocupando una casa de la que no son dueños. Tenemos mucha angustia con lo que está pasando con nuestros elementos personales. Son pérdidas actuales y para el futuro, además del daño moral”.

Reacción de los productores

Frente a este panorama, los integrantes de la Sociedad Rural La Paz, “condenaron y repudiaron enérgicamente todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones. La violación de la propiedad privada y por ende la Constitución Nacional es un límite que debemos sostener como infranqueable".

Además, dijeron que hasta el momento ni el gobernador Gustavo Bordet ni sus ministros de Producción, Juan José Bahillo, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, “se han expresado ni a favor ni en contra de la inseguridad que vivimos los entrerrianos ante la propiedad privada”.

Desde el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, transmitieron su preocupación por “el accionar lento de la Justicia para resolver la problemática y con un mensaje político que no está atado a la Constitución Nacional y al Estado de derecho”. Por otro lado, los dirigentes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos expresaron su “intranquilidad” por el aumento de casos de toma de tierras en la provincia y el resto del país.

Además, los productores de la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina manifestaron en un comunicado: “No vamos a aprobar que la usurpación sea permitida en Entre Ríos. Este tipo de prácticas delictivas en contra de la propiedad privada no puede ser convalidado desde la política con una mirada distraída e irresponsable. Los ciudadanos entrerrianos necesitamos tranquilidad y seguridad jurídica y que la columna vertebral de las leyes es nuestra Constitución Nacional”.

Esta semana, la diputada nacional de la Coalición Cívica por Santa Fe, Lucila Lehmann, presentó con el acompañamiento de sus pares un proyecto de repudio ante el incremento en la usurpación de tierras que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de Argentina, así como la falta de acciones de resguardo de la propiedad privada por parte del Poder Ejecutivo Nacional y el rol que se está tomando en la materia.

“Manifiesto mi total preocupación por la situación que están atravesando muchísimos propietarios ante la usurpación indiscriminada de sus tierras. En mi país, la propiedad privada debe respetarse”, dijo la diputada.

Entidades del campo y la toma de tierras

La semana pasada, las entidades del campo se pronunciaron una vez más sobre la profundización de la toma de tierras, usurpaciones y hechos de violencia en varias zonas del país, especialmente en la región patagónica.

A través de un comunicado, titulado “La propiedad privada es un derecho constitucional inviolable”, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó: “Nos preocupa que son hechos violatorios de la propiedad privada, muchos de ellos agravados por el uso de métodos violentos e intimidatorios, y la relativización de ese derecho inalienable exhibida por algunos sectores de oficialismo y otros actores de la sociedad civil”.

Y agregaron: “La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo el ordenamiento legal y jurídico de la República, gozan del más absoluto consenso social”.

Por su parte, los miembros de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) apuntaron al Estado nacional por la mencionada problemática. “Es el principal responsable de la violencia del presente y lo que suceda a futuro. Las autoridades de seguridad nada hacen y la Justicia se demora en su burocracia, los ánimos se exacerban y el Estado no brinda solución alguna, paradójicamente fogonea la actitud disponiendo interminables negociaciones, que solo prolongan el hecho ilícito”, señalaron.

“El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca. Es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos, los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido”, dijeron desde CRA.

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