Por qué la dolarización de la economía no asegura la reactivación ni la mejora de la calidad de vida

Cada vez que la Argentina se sumerge en una tremenda crisis, cuyo indicador más palpable es la depreciación del valor del peso y la próxima emisión de un nuevo billete con la máxima nominalidad, pero con muy bajo poder adquisitivo por la escalada del tipo de cambio, sostenida pérdida de reservas en el Banco Central, alta inflación, depresión de la actividad agregada e inquietantes niveles de pobreza y caída de la fuerza laboral, aparecen las recomendaciones de “dolarizar la economía”.

Esa fue la propuesta que en la última semana volvió a hacer el profesor Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, y que ratificó en diálogo con Infobae que adoptar la moneda estadounidense y una regla fiscal estricta son las únicas soluciones que debe seguir el país para evitar una nueva crisis grave. No se trata de una idea nueva, sino que viene predicando desde hace unos 30 años cuando en la Argentina se ensayó la Convertibilidad Fija entre el peso y el dólar, para forzar una regla de rigidez fiscal, en la que el gasto público se acomode a la capacidad de generar ingresos por la vía del cobro de impuestos, porque ya el Estado no podrá acudir a la asistencia de la emisión espuria del Banco Central.

Hanke basó su recomendación en la experiencia de Ecuador y El Salvador que dolarizaron sus economías hace 20 años, porque considera: “los países se vuelven más eficientes”, y asegura:"funciona bien en la mayoría".

Sin embargo, si la vara para determinar el éxito o fracaso de un sistema monetario, en forma muy simplificada, es el nivel del ingreso promedio por habitante, determinado, también en forma muy acotada, por la relación del valor del PBI en dólares con la población surge que la dolarización no ha logrado catapultar a los países a una alta calidad de vida, salvo contadas excepciones.

Sobre una lista de apenas 10 países que adoptaron al dólar como moneda oficial, que en conjunto representan menos de 0,6% de la población mundial de 7.700 millones de personas; y no llega a 0,4% del PBI global de USD 80 billones, estimados antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19, sólo la mitad supera el promedio mundial, pero lejos de los primeros 30: Guam USD 31.460, con 168.485 habitantes; Puerto Rico USD 31.360 y 3,9 millones de residentes; Islas Vírgenes Británicas USD 27.500 por cada una de los 37.381 personas que registra; y Panamá USD 15.150, por cada uno de sus 3,9 millones de habitantes.

Los 5 restantes mantienen ingresos por habitante muy bajos, entre USD 5.915 Ecuador; USD 3.830 El Salvador; USD 3.180 Micronesia; USD 2.850 Islas Marshall; y USD 1.240 Zimbabue.

Steve Hanke suma a la lista otros 23 países que en 2016 habían adoptado al dólar como moneda de referencia para sus transacciones corrientes, y aceptada en los contratos entre particulares, como ocurrió en la Argentina en los 90. Son los casos de Samoa Americana, Andorra, las Islas Cocos (Keeling), las Islas Cook, Chipre Del Norte, Timor Oriental, Groenlandia, Guam, Kiribati, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Mónaco, Nauru, Niue, Isla Norfolk, las Islas Marianas del Norte, Isla Pitcairn, San Marino, Tokelau, y Ciudad del Vaticano.

Los últimos datos del PBI de la Argentina, correspondiente al segundo trimestre muestran, en estimaciones de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, un ingreso medio por habitante anualizado de USD 7.712, al tipo de cambio oficial promedio en ese período de $67,64; pero se reduce a USD 4.540 a la cotización media en el mercado libre, en ese caso el menor registro en más de 15 años.

Principal causa de la crisis

Claramente, uno de los disparadores de ese proceso es el descontrol de las finanzas públicas, por exceso de gastos sobre los ingresos, pese a haber agotado la capacidad de pago de más impuestos, con más de 166 tributos, y nuevos en debate, y también de la capacidad de financiamiento con emisión de pesos por parte del Banco Central, porque el serial incumplimiento de los términos de pago de la deuda pública vedó el acceso del gobierno al mercado internacional de deuda, al menos a tasas acordes con la posibilidad de crecimiento de la economía.

El ritmo de ejecución del Presupuesto 2020 muestra que el año cerrará con un déficit equivalente a 10% del PBI, y casi el 70% de los recursos tributarios esperados para todo el período; y las expectativas del Gobierno es achicarlo a 4,5% del PBI, que significaría más de un cuarto del total de cobro de impuestos.

Semejante bache, se financia con emisión del Banco Central a través de transferencias de ganancias contables y adelantos transitorios, así con colocación de deuda interna, fenómeno que derivan en presiones alcistas sobre la inflación, la cotización del dólar y el índice de riesgo país, y consecuentemente recesión, desempleo y brutal aumento de la pobreza.

De ahí que la iniciativa de la dolarización, o reconocimiento de un régimen legal bimonetario, como fue en los 90 con la Ley de Convertibilidad fija entre el peso y el dólar, aparece como una opción que emerge como política para estabilizar la economía y volver a crecer, como propone el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Sin embargo, la experiencia de esos años dejó en claro que renunciar a la soberanía monetaria es una condición necesaria para poder estabilizar la economía y volver a crecer con la llegada de inversiones, privadas locales y extranjeras; pero no suficiente, al punto que empezó a debilitarse hasta el extremo de terminar de la peor manera con la crisis de 2001, porque se omitió lo necesario: apoyarse en un plan sostenido de largo plazo de respeto de la disciplina fiscal, sin atajos, como fue el crecimiento de la deuda pública, para financiar un déficit que no aparecía en la base caja, como se define a la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos pagados, sino en el devengado, los gastos ejecutados pero no pagados.

Además, en la previa al lanzamiento del Plan de Convertibilidad, con el respaldo legislativo, se hicieron ajustes de precios relativos, como la devaluación del peso, la licuación de pasivos, el canje de depósitos a plazo fijo a 7 días por bonos en dólares a 10 años de plazos, y se avanzó con un plan de privatizaciones, recorte del gasto público y eliminación de las retenciones sobre las exportaciones.

Si hoy el Gobierno estuviera decidido a abandonar el peso y dolarizar la economía, y para eso buscara consenso político, empresarial y sindical para encarar políticas que conduzcan inmediatamente al equilibrio fiscal y renunciar a la asistencia espuria del Banco Central, no sería necesario dar curso legal al dólar, porque el peso naturalmente comenzaría a recuperar valor y daría paso al inicio de un ciclo virtuoso, cuya sustentabilidad dependerá de no volver a repetir los errores del pasado y pensar en el largo plazo.

Esa es una de las enseñanzas que destacados economistas concluyeron a fines de los 90. Se trata de William Gruben, Mark Wynne y Carlos Zarazaga que escribieron para el Centro de Estudios Económicos Latinoamericanos el Documento de trabajo CLAE 0201 que fue traducido del original en inglés del capítulo de un libro sobre dolarización de MIT Press, editado por Federico Sturzenegger y Eduardo Levy Yeyati, bajo el auspicio de la Fundación Gobierno y Sociedad (Buenos Aires, Argentina: "La dolarización bajo un esquema de caja de conversión o la creación de una unión monetaria con otro país, debe ser considerada como parte de un proceso integral de reformas institucionales, políticas y económicas con el fin último de alcanzar la integración financiera y comercial completa de un país con el resto del mundo y no simplemente como una mera reforma monetaria capaz de resolver mágicamente todos los males económicos de un país cuando se implementa de manera aislada”.

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