Cuando Alberto Fernández decidió a fines de marzo ir a una estricta cuarentena para enfrentar la pandemia era perfectamente consciente de los daños colaterales que implicaría. “No me preocupa la economía, porque sé cómo recuperarla”, aseguró entonces. Pero si tenía la fórmula para la recuperación, lo está disimulando de maravillas.
La Argentina llega con una pobreza superior al 45% y un desempleo que bien medido se ubica en 30%. La respuesta del Gobierno a la pandemia resultó deficiente en lo sanitario, pero además generó un efecto devastador sobre la economía y la situación social. Es cierto que el mundo atraviesa una recesión a causa del coronavirus. Pero el país es uno de los más afectados, porque ya venía de una situación débil previa a la llegada del virus.
Claro que el drama no es “sólo” la caída del nivel de actividad, que este año llegará al 12% o el aumento de la pobreza. A todo esto se le suma una crisis financiera y cambiaria de grandes proporciones. El salto del dólar financiero (contado con liquidación) hasta $155 y el informal a cerca de $167 es un reflejo de estos desequilibrios. La brecha cambiaria ya supera el 110%, el doble de lo que dejó Cristina Kirchner cuando terminó su mandato en 2015.
Ninguna de las medidas recientes adoptadas por el equipo económico tuvo los efectos buscados. El Banco Central restringió el dólar ahorro, pero igual siguió perdiendo reservas. Solo en los primeros tres días de octubre tuvo que vender USD 350 millones. Y la baja de retenciones para seducir al campo tampoco generó un aumento de oferta de divisas para estabilizar al mercado cambiario. Tampoco se calmó el retiro de depósitos en dólares, que salen a razón de USD 100 millones diarios. Los camiones de caudales no dan abasto con el pedido de billetes que llegan desde las sucursales bancarias.
El Presidente se puso de acuerdo con Miguel Pesce para no bajar la principal bandera de estos meses: evitar una devaluación brusca, que generaría un fogonazo inflacionario y un nuevo salto en los ya elevados niveles de miseria de la sociedad.
El Gobierno sigue sin acertar la receta para sacar a la economía de la crisis. Tampoco hay reacción ante la escalada del dólar y el fuerte aumento de la brecha. Se impone un cambio en el equema cambiario, si el objetivo es no terminar como Venezuela
Sin reservas líquidas y con un balance cambiario negativo, la única manera que tiene el BCRA para evitar ese salto devaluatorio es ponerle un cerrojo a las importaciones. Es lo que estuvo pasando en la última semana. Pero cerrar más la economía no es gratis: con el correr de los días impactará sobre la producción y empezarán a faltar productos, como ya es notorio en la industria automotriz. El problema de desabastecimiento en las góndolas es menos probable en el corto plazo, porque la Argentina sigue siendo un gran productor de alimentos.
Insistir con el cepo cambiario tal como funciona hoy, seguir con los parches y dejar que la brecha cambiaria siga aumentando es un camino seguro al desastre económico. Se trata de la fórmula elegida por Venezuela, el único país de la región (aparte de la Argentina) que tiene un estricto control cambiario y un fuerte esquema de represión financiera. Los resultados están a la vista: se trata de uno de los países que más rápido se empobreció en todo el mundo en la última década.
Durante la campaña electoral y al inicio de su gestión, el Presidente enfatizó en varias oportunidades que no avalaba el cepo cambiario ni mucho menos. Al contrario, habló en varias oportunidades de la necesidad de flexibilizarlo. Quizás haya llegado el momento de avanzar en esa dirección, aún en medio de la fuerte crisis financiera que atraviesa el país. El Gobierno se quedó sin municiones para defender el cepo, por lo que es imprescindible cambiar, y rápido, de esquema cambiario.
La Argentina está llena de dólares. El detalle es que ya no los tiene el Banco Central. Están todos en poder del público, inversores y empresas. Por lo tanto, la única salida es incentivar el gradual regreso de esos dólares al circuito económico. Pero sólo hay una forma de lograrlo: recuperar la confianza.
La vicepresidenta no participa de las decisiones económicas ni se mete en el día a día. Sin embargo, es la responsable de introducir temas en la agenda que generan un enorme ruido: la reforma judicial, el impuesto a la riqueza y la postura errática del Gobierno para condenar a Venezuela por la violación de derechos humanos
Cristina Kirchner no se mete en las decisiones económicas. Al menos no en el “día a día”. Son los propios funcionarios nombrados por el Presidente, muchos amigos personales de él para hacerse cargo de la economía, quienes tienen la responsabilidad de las medidas técnicas que hasta ahora no dieron resultado alguno. Hoy todos están en la línea de fuego: Martín Guzmán, Miguel Pesce, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca.
Sin embargo, la vicepresidenta sí impulsa temas que aparecen como disruptivos en la agenda y generan mucho ruido. Esta semana fueron las idas y vueltas en relación a la condena a Venezuela por violaciones flagrantes a los derechos humanos. La semana anterior la embestida contra la Corte Suprema. Un poco antes las discusiones en torno a la reforma judicial. Y en el medio la ofensiva para aprobar el nuevo aporte solidario, conocido como el “impuesto a la riqueza”, que impulsan el propio Máximo Kirchner con Carlos Heller. Allí también hay que buscar razones para la disparada del dólar, la brecha y la caída de los depósitos en moneda extranjera.
La misión del FMI mantuvo reuniones esta semana con el equipo económico. También con empresarios, sindicalistas y economistas. En estos encuentros los tres representantes del organismo internacional adelantaron que en noviembre comenzarán las negociaciones formales para llegar a un nuevo acuerdo y también se avanzará con el “artículo IV”, es decir evaluarán el estado de la economía argentina.
El Fondo Monetario se ofreció a ayudar al gobierno a elaborar un programa económico consistente, cuando arranquen las negociaciones en noviembre para llegar a un nuevo programa. Pero para eso falta mucho tiempo. Antes, la economía podría sufrir una crisis de grandes proporciones si no se reacciona a tiempo
Pero para llegar a ese momento falta demasiado. Un mes es demasiado tiempo para las urgencias que requiere el momento. En una situación de extrema desconfianza, con una enorme emisión monetaria que ya tuvo lugar pero aún no finalizó y un Central con reservas muy menguadas, una crisis que termine en una fuerte devaluación es casi inevitable.
Ahora la variable que empezaron a monitorear en el equipo económico es el comportamiento de los depósitos en pesos. En los últimos meses vienen en aumento, a partir de la expansión monetaria impulsada por el Central. Pero en medio de la corrida cambiaria está latente el peligro de una caída de las colocaciones en los bancos que impactarían inmediatamente sobre el tipo de cambio. Dilatar decisiones y dejar que todo siga transcurriendo a la espera de algún cambio milagroso de tendencia es a esta altura jugar con fuego.