Uruguay sigue avanzando en su estrategia de apuntalar el resurgimiento económico de la mano de la llegada de inversiones externas. Primero, flexibilizó los requisitos para adquirir la residencia fiscal, luego rebajó la presión impositiva para los “nuevos uruguayos” y ahora se encamina a generar beneficios al capital que llegue a radicarse en el vecino país.
Mediante un decreto, el presidente Luis Lacalle Pou decidió impulsar un nuevo régimen simplificado y reducir la carga tributaria a los nuevo capitales que ingresen al país. Así, dispuso que se libere a las empresas de hasta el 90% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Esto se traduce en una baja de 10% al 2,5% de la tasa efectiva anual a pagar. En la previa a este decreto, las empresas que llegaban a Uruguay podía obtener este beneficio hasta el 80% mientras que para las ya establecidas era del 60%, según explica el diario El País de Uruguay.
Además, se extiende el plazo mínimo de acceso al beneficio de tres a cuatro años. Y, por último, el decreto de Lacalle Pou –que tiene que ser aprobado en el Congreso del vecino país– modifica el escenario para las inversiones ya instaladas y en desarrollo. Hasta ahora, señalaba que los proyectos que ya había realizado más del 20% de la ejecución no podían acceder al beneficio. Ahora, eliminan ese porcentaje.
Para el especialista Ivan Sasovsky, Lacalle Pou “hace uso de todas las señales que puede dar para fomentar la inversión extranjera directa. Un contraste absoluto que garantiza seguridad jurídica y un beneficio directo de exención del Impuesto a la renta del vencino país de hasta un 90%. Esas políticas buscan aumentar la base de contribuyentes partiendo desde la idea que hoy estos recursos que no van a percibir vía un impuesto que de por sí en los primeros años de todo proyecto ya difícilmente lo recauden. Uruguay sincera las cuentas fiscales asumiendo el círculo virtuoso que se genera por cada desembarco dólar invertido en un escenario post pandemia”
Las medidas de beneficios al capital buscan complementar las ya aprobadas en las que se busca incentivar la radicación de extranjeros. En ese aspecto, hace poco menos de un mes, el congreso de Uruguay sancionó, con algunas modificaciones, el proyecto de ley presentado por el presidente Luis Lacalle Pou respecto de los incentivos tributarios para quienes obtengan la residencia fiscal e inviertan en el país.
La ley sancionada consolida el beneficio ya existente en el ordenamiento tributario uruguayo para las personas físicas que adquieran la calidad de residentes a partir del ejercicio 2020 para elegir por alguna de las siguientes ventajas:
- Optar por no tributar el Impuesto a la Renta de Personas Físicas –IRPF– por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por los ejercicios fiscales de los próximos 10 (diez) años.
- Optar por tributar el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiere la residencia fiscal, y en forma indefinida (salvo eventual cambio legislativo), a la tasa del 7% (la tasa general del IRPF para este tipo de rendimientos es del 12%).
El Proyecto de Ley originalmente presentado contemplaba la posibilidad de que aquellas personas físicas que adquirieron su calidad de residentes fiscales con anterioridad al 2020 y realizaron la opción de los 5 años, pudieran ampararse a este nuevo régimen. Ello fue modificado por el Congreso, por lo cual este beneficio se aplicará únicamente para aquellas personas físicas que adquieran la residencia fiscal en Uruguay a partir del ejercicio 2020.
El pasado 11 de junio, Lacalle Pou firmó el decreto en donde flexibiliza aspectos para obtener la residencia fiscal. El primero es que el monto del valor de inversión en propiedades bajó de USD 1,7 millones a USD 380.000 y el tiempo de residencia requerido bajó de 180 días a 60 en un año. Pero el punto más importante es que en el caso de tener una empresa que se quiera radicar, en la previa a esta modificación, el interesado tenía que hacer una inversión de USD 5,3 millones y ahora la nueva cifra es de USD 1,6 millones, aunque debe garantizar 15 empleos directos.
Desde que Lacalle asumió e impulsa estas reformas, se cree que una buena cantidad de argentinos están dispuestos a seguir el recorrido que inició la estrella televisiva Susana Giménez. Según dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en los primeros nueve meses del año, 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal. De ese universo, 229 contribuyentes pidieron la baja de impuestos en Argentina por cambio de residencia a Uruguay.
Seguí leyendo: