Los ejes centrales de la negociación que comenzará hoy entre la Argentina y el FMI para llegar a un nuevo acuerdo

Con la crisis cambiaria como tema central, hoy comenzará formalmente la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda de USD 45.000 millones.

Fuentes en Washington y en Buenos Aires afirmaron a Infobae que prevén una negociación dura en términos técnicos y que exigirá que el Gobierno desarrolle un excelente vínculo con los países más relevantes del directorio del Fondo para que cualquier obstáculo en las cifras no se convierta en un problema cuando haya que firmar un acuerdo.

Y si bien la negociación había arrancado con el ritmo zen que le gusta imprimir al ministro de Economía, Martín Guzmán, la crisis financiera y cambiaria han acelerado los tiempos de ambos lados, según una fuente con acceso al diálogo bilateral.

Si antes el Gobierno estaba enfocado en cómo refinanciar los vencimientos de capital con el Fondo de fines de 2021, ahora necesita el urgente sello de calidad del organismo para cambiar las expectativas, locales y externas, porque quedó claro que con el exitoso canje de la deuda que consiguió, no pudo tranquilizar el crítico panorama que enfrenta y que se agudizó con caída de reservas y salida de depósitos.

Por supuesto que, si uno revisa el menú de las discusiones, no diferirán demasiado de las que ocurren habitualmente: la cuestión fiscal, la posición de la cuenta corriente, las reformas estructurales y el plan de pagos de la deuda mencionada. Pero, dado el agudo problema de la brecha cambiaria, posiblemente haya que priorizar la discusión sobre el régimen cambiario.

El organismo que dirige Kristalina Georgieva, afirmaron dos ex negociadores, no aceptará una rápida unificación cambiaria y podría tolerar en cambio un transitorio desdoblamiento cambiario si le sirve al Gobierno para encarar cuestiones de fondo que tranquilicen a los ahorristas.

Sin dogmatismos, los técnicos que encabezarán la misión -Julie Kozak y Luis Cubeddu- saben que, como ocurrió en negociaciones previas, en la Argentina lo importante no pasa tanto por los modelos que se prueban, sino por su implementación, por lo que podrían aceptar que el Gobierno avance en un desdoblamiento y, si no funciona, probar con otra receta, si la hay.

Pero lo que insistirá, aclaró otro ex funcionario, es que el Gobierno debe dejar de dudar sobre las medidas que tiene que tomar, ya que, aunque pudiera conseguir una calma transitoria con el super cepo, en un tiempo relativamente corto deberá encarar el problema de la altísima brecha cambiaria que refleja los agudos desequilibrios macroeconómicos.

Un punto a favor es que el Gobierno tiene espacio fiscal por haber resuelto en forma exitosa la negociación con los bonistas, aunque muchos se siguen preguntando si no hubiera sido más lógico tener primero un programa económico bendecido por el Fondo y luego encarar aquella cuestión.

Al respecto, en el organismo hubo elogios a la fórmula con la que se cerró el acuerdo con los grandes grupos de bonistas, porque, aunque en dos análisis técnicos de sustentabilidad el staff había considerado que los acreedores privados debían aceptar una quita mayor a la otorgada, se considera que la oferta final respetó los parámetros trazados por el organismo en términos de baja de intereses y de alivio financiero para los próximos años. Pero ahora el análisis del efecto de la oferta debe completarse con la sustentabilidad de mediano plazo del país para pagar su deuda más allá del 2024, en principio a través de los números del presupuesto.

El staff reconoce que la Argentina arrastra desequilibrios desde hace varios años que, por supuesto, se agravaron con la pandemia, pero considera que el equipo económico está al tanto de los desafíos que tiene por delante, aunque no siempre sepa cómo resolverlos.

En particular, cree que la Argentina representa un caso típico de “monetary overhang”, de exceso de emisión monetaria, que, aunque haya tenido un origen lógico por la pandemia y por la falta de acceso al mercado internacional, debe ser atendida en forma inmediata para evitar que se cristalicen los peores pronósticos en materia de inflación. Al respecto, los técnicos del organismo internacional no creen que el bajo resultado del índice de precios al consumidor (IPC) sea sostenible, porque responde a la fuerte caída de la demanda por el cierre de la economía durante varios meses para combatir la pandemia, que aplacó el efecto de la tormenta de pesos que cayó sobre la economía por la emisión del BCRA este año como producto del déficit fiscal. El escenario base del staff no es que, como prevén varios analistas, la inflación se vaya a tres dígitos, pero los riesgos de no controlar la emisión pueden llevar a consecuencias complicadas.

En este sentido, antes de los últimos controles del BCRA el FMI ya creía que los límites a la compra de dólares no era la solución para suturar la falta de divisas. Si bien el staff subrayó varias veces que acepta que los controles son necesarios en forma transitoria, entiende que el Gobierno debe encontrar fuentes genuinas para generar dólares y para esto es necesario evitar que la moneda nacional se aprecie.

En materia fiscal, para el organismo la clave es que se fije un ancla para reducir la emisión y buscar la consolidación fiscal de mediano plazo, aunque sea a un ritmo más lento que el deseado.

El ex representante argentino ante el organismo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, Héctor Torres, dijo que “el objetivo principal de la visita del Fondo es escuchar, tanto al gobierno, cómo a la sociedad civil: empresarios, trabajadores, analistas, referentes políticos. Las conversaciones con el gobierno van a ser particularmente importantes. El FMI puede apuntalar un plan económico, pero el plan tiene que ‘pertenecerle’ al gobierno. El FMI no puede, ni debe, inventarlo”.

“Necesitamos postergar los pagos netos al FMI hasta 2024. Esto es particularmente importante porque los vencimientos del programa firmado por Macri están concentrados en el 2022 y 2023 y son impagables. Vamos a necesitar que el FMI nos gire el dinero antes de que el gobierno pueda cumplir con muchos de los compromisos que incluya el próximo programa. Esto en en la jerga del Fondo esto se conoce como financiamiento ‘front-loaded’, a cambio de condicionalidad ‘back-loaded”.

“Por eso, para el FMI será particularmente importante escuchar la confianza que el plan económico despierte en la sociedad civil. Para que el Fondo apruebe el próximo programa, el staff tendrá que explicarle al directorio que el programa firmado por este gobierno tiene buenas perspectivas de continuar siendo aplicado por el próximo. Esta tarea sería mucho más sencilla si el gobierno y la oposición buscaran consensos políticos. Así como se puede arrancar un auto empujándolo o con cables, la ayuda del FMI nos puede ayudar a arrancar la economía. Pero para que el automóvil ruede, hará falta que el tanque tenga combustible. Ese combustible, es la confianza de la sociedad en el plan”, afirmó Torres a Infobae.

En paralelo a todas estas cuestiones técnicas -a las que se sumarán seguramente las definiciones en torno de la futura fórmula de ajuste de las jubilaciones y el esquema impositivo para recaudar más- el Gobierno debe acelerar los contactos con los miembros más relevantes del directorio del organismo multilateral.

Al respecto, aunque las elecciones del 3 de noviembre se lleven toda la atención de los funcionarios de Washington, los ex negociadores consultados expresaron su asombro por el zigzagueo del Gobierno con el gobierno de Trump en materia de derechos humanos en Venezuela y otras cuestiones clave para la agenda norteamericana, como la relación con China.

En este sentido, aunque algunos funcionarios y analistas crean que el mejor escenario para el gobierno argentino es que pierda Donald Trump y gane Joe Biden para tener una negociación más suave, quienes ya negociaron con funcionarios demócratas y republicanos aclararon que lo mejor que puede hacer la Argentina es asegurarse el voto del Tesoro antes del recambio de autoridades en Washington en enero de 2021.

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