La presión impositiva sobre el campo: el Estado se queda con $62 de cada $100 de renta agrícola

La presión impositiva es uno de los principales problemas que afecta al negocio agropecuario. El índice del presente mes elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 62% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Esto quiere decir que de cada $100 de renta (ingresos menos costos) que genera una hectárea agrícola, $62 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos.

Además, la participación del Estado en la renta de una hectárea de maíz es de 52,9%, en una de trigo, es de 57,2%; en una de girasol, es de 56,3%, y en una soja es de 66,7%.

Por otro lado, en la comparación interanual, el relevamiento de FADA señaló que los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó. Según los especialistas de la Fundación, “este cambio en la composición es resultado del incremento de las retenciones, que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”.

Por otro lado, en el último trimestre hubo una mayor participación de los impuestos nacionales coparticipables por una mejora en los precios, que también impactó en los márgenes y un mayor aporte del impuesto a las ganancias. Al respecto, David Miazzo, economista jefe de FADA, comentó: "Un tema recurrente con este trabajo es el tema del federalismo. Tenemos un esquema fiscal en el que casi dos tercios de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”.

Y agregó: “La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación. La segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias. Y la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”.

El impacto del cepo cambiario

Otro de los problemas que impacta negativamente en la producción agropecuaria, son las nuevas medidas cambiarias anunciadas días atrás por el Banco Central. Desde FADA, consideran que la profundización del cepo cambiario, “limita la entrada de divisas e impulsa mayores importaciones. Hay un incentivo a mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar, tratando de no quedarse con pesos que pierden valor. Pero además, provoca un incentivo de stockearse con productos dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios".

Para Miazzo, “el cepo es una restricción que se pone sobre el tipo de cambio oficial. En este último tiempo tuvimos un dólar oficial a $75, dólar bolsa a $130 y dólar blue a $140. Esa brecha, superior al 70%, desincentiva la inversión y la producción, porque cada dólar ganado, una vez que afronta los costos y riesgos, vale menos. Por ejemplo, si la producción de una hectárea de soja genera un resultado después de impuestos de 140 dólares oficiales, en realidad son 80 dólares billete”.

Costos y ranking

Para tomar dimensión de la incidencia de los costos en pesos y en dólares de una hectárea, ejemplificaron que el 52% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, pero si considera el costo de la tierra dentro del esquema, los costos dolarizados pasan a representar el 65%. En relación al maíz, los costos dolarizados ascienden al 57% de la estructura, y llegan al 65% si se considera el costo de la tierra.

Mientras el índice FADA nacional es de 62%, Entre Ríos lidera el ranking con 66%, le sigue Buenos Aires con 63%, La Pampa con 62,3%, Córdoba con 61,2%, Santa Fe con 60,2% y San Luis con 59,6%. Por ejemplo, en el caso de la provincia puntana, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí.

En este relevamiento, se conjugan los rendimientos, impuestos provinciales y locales y los fletes. Además, se considera cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia.

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