Mientras en la Argentina el gobierno anuncia que investigará a través de la Unidad de Información Financiera (UIF, la agencia encargada de combatir el lavado de dinero), a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) cuya creación se aceleró a partir de la sanción de la ley 27.349, “de apoyo al capital emprendedor”, de abril de 2017, tendiendo sobre ellas un manto generalizado de sospecha, el Banco Central de Uruguay puso a consulta pública un proyecto para reglamentar un régimen de emisión de valores de empresas a través de plataformas digitales de financiamiento, un mecanismo conocido como crowdfunding.
El proyecto uruguayo surgió de la ley “de Fomento al emprendedurismo”, que el Ejecutivo uruguayo reglamentó a fines de 2019 y cuyas dos principales novedades son, justamente, permitir los mecanismos de financiamiento colectivo y una nueva forma societaria: las “Sociedades por Acciones Simplificadas” (SAS), las mismas ahora bajo sospecha en la Argentina.
La colisión de enfoques sobre la creación de empresas y la promoción del emprendedurismo coincide, además, con la renuncia de Federico Tomasevich, ahora expresidente de la empresa Puente, en virtud de haber conseguido la residencia fiscal en Uruguay. La decisión de Tomasevich se suma al más notorio éxodo del empresario argentino Marcos Galperin, fundador y principal accionista de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, que también se radicó en Uruguay. Como ayer consignó Infobae, la salida de Tomasevich se debería también la extrema presión fiscal argentina, el aumento del impuesto sobre los bienes personales de principios de año y en medio del avance del nuevo impuesto a la riqueza impulsado en el Congreso por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.
Recientemente, el Congreso uruguayo aprobó también un paquete incentivos fiscales para extranjeros que redujo el monto del valor de inversión en propiedades para radicarse allí (de USD 1,7 millones a USD 380.000) y la cantidad de tiempo que los beneficiarios deben estar en el país para ser considerados residentes fiscales (de 180 a 60 días en un año), al tiempo que disminuyó de USD 5,3 a USD 1,6 millones la inversión mínima, aunque con la condición de garantizar al menos 15 empleos.
La consulta que el Banco Central de Uruguay mantendrá abierta hasta al 9 de octubre apunta a atraer emprendedores que estén iniciando nuevos proyectos (startups) o tengan empresas pequeñas, facilitándoles financiamiento en los mercados bursátiles y, además, a través de plataformas digitales, una forma más flexible y simple que las tradicionales, lo que los exime de la necesidad de recurrir a intermediarios de valores para hacer su primera oferta pública. "Es mucho más simple, dijo al diario uruguayo El País el abogado Javier Domínguez, de la firma Deloitte.
El éxodo de emprendedores, pequeños y grandes empresarios a la otra orilla llamó la atención de la revista The Economist, que en su última edición se preguntó y respondió por qué los argentinos están acudiendo en manada a Uruguay y añadió como causa los mejores resultados del país vecino contra la pandemia de coronavirus. De hecho, el semanario británico resume lo que en un pasaje de su nota llama la “estampida” en dos causas: exenciones impositivas y más bajas tasas de infección, mientras –afirma- “en la Argentina los casos están aumentando”.
The Economist cita a un agente inmobiliario quien dice que las consultas de argentinos se sextuplicaron respecto de 2019 y precisa también que pese a restricciones como las que recientemente decidió el gobierno de Alberto Fernández (al limitar a un máximo de 90 días la estancia anual en la Argentina de quienes se radiquen fiscalmente en el exterior) unos 20.000 argentinos iniciaron trámites para radicarse en Uruguay. De hecho, también cita a Enrique Antia, exintendente de Maldonado, quien proyecta que la población de Punta del Este se duplicará desde sus actuales 15.000 habitantes.
“Uruguay puede que sea pequeño –concluye la revista- pero en una miniguerra eso no es una desventaja”.
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