Preocupación en el sector que exporta servicios profesionales por una posible quita de beneficios en la ley de Economía del Conocimiento

Los empresarios se sorprendieron por las versiones del dictamen que se hicieron públicas. En la oposición dicen que no saben si hubo cambios a última hora

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Sesión del Senado (Senado)
Sesión del Senado (Senado)

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado se reunieron en un plenario este miércoles por la tarde y, luego de una discusión respecto del reglamento, el oficialismo logró aprobar un dictamen para que las modificaciones a la Ley del Conocimiento sean tratadas en la próxima sesión de la Cámara Alta. Sería la semana que viene y, una vez aprobada, regresará a Diputados, donde ya se le había dado media sanción.

Sin embargo, el sector privado se encontró con que en las versiones del dictamen que circularon –no hay confirmación de que alguna de ellas sea la definitiva– desapareció el inciso que señalaba que los servicios de exportación estaban incluidos en la promoción.

El proyecto lo había enviado el Ejecutivo Nacional, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados y luego se demoró en el Senado, establecía beneficios para un listado de servicios profesionales, siempre que fueran de exportación.

Este listado se amplió en el Senado a un mayor número de actividades exportables: servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal; servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal); publicidad, creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria; diseño de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial, diseño interactivo; entre otros. También servicios de arquitectura e ingeniería y otros servicios profesionales de exportación.

Todos estos rubros, que estaban detallados en el inciso "e" del Artículo 2 del proyecto, es el que no estaría en la versión final del dictamen.

Por ahora el sector privado no quiere opinar hasta no tener la versión final, pero igual mostraron su preocupación. La oposición, en tanto, aún no firmó el dictamen porque como hay una presentación judicial en contra del protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara votado la semana pasada, sus senadores aceptan discutir pero no firmar dictamen ni votar la ley. Versiones de importantes dirigentes de la oposición, sin embargo, aseguran que si el inciso efectivamente se “perdió”, se lo volverá a incluir.

Por otra parte, se estableció que el dictamen podía tener algunas modificaciones antes de que sea tratado en el recinto muy posiblemente la semana que viene. Así senadores consultados explicaron que hay varios documentos dando vueltas por los despachos, pero que no significan que alguno de ellos sea el documento final.

Otro de los cambios que introdujo el Frente de Todos es el esquema de tramos para el beneficio en Impuesto a las Ganancias para las empresas del sector. El texto, que llegó de Diputados, preveía un descuento del 60% en general y ahora queda ese porcentaje sólo para las empresas chicas, y baja a 40% para las medianas y 20% para las más grandes.

También que el bono fiscal a otorgar a las empresas alcanzadas, que equivaldrá al 70% de las contribuciones patronales, será intransferible, por 24 meses y no aplicable para Ganancias. Este punto iba a ser analizado por la oposición ya que entendían que las empresas que exportan tienen mucho IVA acumulado.

Entre los cambios que introdujo el bloque del Frente de Todos respecto del proyecto que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, los senadores establecieron que para acceder a los beneficios que establece la Ley de Economía del Conocimiento –que podría obtener media sanción la semana que viene y que en no más de 20 días podría ser aprobada en Diputados y publicado en el Boletín Oficial–, es que las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas.

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