En medio de las negociaciones entre los empresarios del sector de la construcción y el Gobierno nacional por la resolución respecto de las concesiones viales licitadas bajo el modelo de los contratos de Participación Público Privada (PPP), el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con uno de los grupos concesionarios para rescindir los contratos de dos de los corredores viales.
El Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.
Fuentes cercanas a la firma de rescisión del contrato señalaron que la decisión fue de común acuerdo y queno le implicará ningún gasto al Estado nacional.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló en Twitter que “el esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”. Y continuó: “El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.
Corredores
El Corredor E abarcaba las Rutas N° 9 (Autopista Campana-Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; mientras que el Corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
En la previa a este acuerdo, el grupo contratista había obtenido un fallo favorable respecto de las garantías presentadas por un monto total de 60 millones de dólares. A principios de septiembre de este año, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal falló a favor del consorcio encabezado por Helport. De esa manera los privados recuperaron las garantías presentadas por el contrato del denominado Corredor Panamericano II que es el que une Rosario-Córdoba.
El fallo resolvió “hacer parcialmente lugar a la apelación deducida por la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión de grado, admitiendo parcialmente la medida cautelar y ordenando la suspensión de la obligación de mantenimiento de las Garantías de Cierre Financiero y de Obras Principales, así como la devolución de dichas garantías”.
En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
Según el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, durante ese período las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio sólo al 2 por ciento.
En este contexto, el pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
En el entorno de Katopodis señalan que “las negociaciones siguen hasta noviembre. Hay tensiones, como en toda negociación, pero está abierta”.
Para los técnicos de la cartera de Obras Públicas, los contratos de PPP que fueron presentados por la administración de Cambiemos y que se frenaron muy rápido en medio de la crisis de 2018 y la escalada del riesgo país, hoy son difíciles de concretar. “Hay que resolver la situación de la mejor manera posible para que el Estado nacional no pierda recursos que son de todos los argentinos”, aseguraron.
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