El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se anunció en abril, durante el momento más intenso de la cuarentena, y se empezó a pagar en mayo. En estos días todavía falta completar los últimos desembolsos del tercer pago del programa definido para sostener a los hogares más golpeados por la caída en la actividad económica que trajo aparejada la pandemia de COVID-19, pero la extensión en el tiempo del beneficio y la marcha constante de la inflación ya tuvieron un impacto en la capacidad de compra del bono extraordinario.
Si se mira la capacidad adquisitiva que $10.000 tenían en abril y lo que pueden comprar hoy se ve que el avance de los precios a lo largo de estos meses de pandemia-cuarentena hizo que perdiera más de $800 de poder de compra en sólo cinco meses.
La inflación de abril marcó un 1,5%, el mes siguiente repitió la cifra, antes de acelerar al 2,2% en junio. El avance del 1,9% de julio es el último dato oficial, pero según el índice que elabora Ecolatina de precios al consumidor se movió otro 2,6% en agosto. Es un acumulado de 10 puntos de inflación en el breve período de vida de la asignación extraordinaria.
Si se tiene en cuenta que en cinco meses -seis si se agrega septiembre- hubo 3 pagos, ya que no se trata de un pago mensual. En ese caso, sirvió para pagar el equivalente al 27% de la canasta básica alimentaria del hogar y 11% de su canasta básica total
Así, medido en pesos constantes, esos $10.000 que cobran en estos días los últimos beneficiarios del IFE 3 tienen un poder de compra equivalente a $9.194 de abril. Un 9% menos que cuando fue lanzado.
La cifra es un poco mejor si se la compara con el avance de alimentos y bebidas en lugar de con el nivel general de precios. Se trata de los consumos más sensibles en el nivel socioeconómico al que fue dirigido, dentro del que se asume que una porción más importante del ingreso se destina a la canasta básica alimentaria.
En ese sentido, los $ 10.000 de hoy compran el equivalente a $9.234 de abril pasado. Perdió el 7,7% de su capacidad adquisitiva en alimentos y bebidas.
La explicación a esta diferencia está en que los precios de alimentos y bebidas tuvieron aumentos moderados en el período mayo a julio. Los aumentos más importantes en ese rubro se dieron a principios de año, cuando el IFE todavía no había sido diseñado ni implementado. El resto de los bienes y servicios recuperaron terreno en los meses siguientes.
“El tema es que alimentos y bebidas subió mucho más a principios del año y el índice general menos”, dijo Matías Rajnerman de Ecolatina.
Entre enero y julio, según un trabajo de Ecolatina, “mientras que la suba de precios rozó 17% para el primer decil de ingresos, la misma fue menor al 15% en el 10% de los hogares de mayores recursos”.
De ahí que el impacto del IFE, según los primeros análisis oficiales, impactó más en la reducción de la indigencia -ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria- que en la de la pobreza -ingresos por debajo de la canasta básica.
Medido en pesos constantes, los $10.000 que cobran en estos días los últimos beneficiarios del IFE 3 tienen ahora un poder de compra equivalente a 9.200 pesos
En sus cinco meses de existencia, en los que acumuló tres pagos el primer pago servía para cubrir el 57,6% de la canasta básica alimentaria para una familia promedio de 2 adultos y dos menores, a cubrir el 53,2% de ese valor actualmente.
Frente a la canasta básica total que incluye servicios esenciales, pasó de cubrir el 22,6% a 21,9% del valor proyectado hasta agosto de la estimación del Indec que en julio fue de $18.321 en el primer caso y $44.521 en el segundo.
Esas cifras se agravan si se tiene en cuenta que en cinco meses -seis si se agrega septiembre- hubo 3 pagos, ya que no se trata de un pago mensual. En ese caso, sirvió para pagar el equivalente al 27,2% de la canasta básica alimentaria de ese período y el 11,2% de su canasta básica total, para un hogar promedio, tipo 2 en la clasificación del Indec.
La transferencia monetaria realizada en la primera ronda de pagos durante los meses de abril y mayo evitaría entre 5 y 6 puntos porcentuales de aumento en la pobreza y, en el caso de la indigencia, el impacto rondaría entre 4 y 7 puntos porcentuales, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo.
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