Las 10 causas de la eterna pelea entre la Nación y las provincias por los fondos de la coparticipación federal

1. El enfrentamiento histórico entre las provincias y la Ciudad tiene múltiples causas, partiendo del origen del diseño de abanico vial donde las principales producciones del país tenían su primer contacto con el resto del mundo a través del Puerto de Buenos Aires. Y también, por la natural diferencia de recursos naturales y estructurales, junto con la falta de vocación para explotar el alto potencial en materia de producción de bienes y servicios, para no depender del “asistencialismo” del poder central en el reparto de los fondos cobrados vía impuestos nacionales, principalmente IVA, Ganancias, Internos, y parte de los nuevos, como al Cheque, sobre los Bienes Personales, Fondo Sojero, entre otros.

2. La decisión de establecer criterios de reparto de los fondos entre nación y provincias parte del criterio que cita la Oficina de Presupuesto del Congreso del experto Pedro Farías: “Es un sistema universal que unifica la programación y recaudación de ciertos impuestos para su redistribución posterior entre las distintas jurisdicciones, lo que genera actos de administración, por un lado, y de transferencia por el otro”. Es una concesión que acordaron y mantienen las provincias por la mejor capacidad de administración tributaria del poder central, y porque la Nación es el principal beneficiario con casi la mitad de los recursos para sostener la infraestructura a su cargo de Jubilaciones, Aduana, educación, sanidad, seguridad interior, migraciones, relaciones exteriores y Justicia, entre muchas otras definidas en la Constitución Nacional.

3. La Fundación Libertad y Progreso destaca: “El régimen de coparticipación federal de impuestos no tuvo origen en la Constitución Nacional, sino en 1934 como consecuencia de la creación del Impuesto a los Réditos, con carácter transitorio, pero sigue vigente bajo el nombre de Ganancias”. Desde ahí se fueron creando diversos impuestos nacionales, provinciales, y municipales, hasta constituir una maraña de más de 165 tributos, que ya se sabe el Gobierno tiene intenciones de ampliar, pese a que el PBI decrece, aumenta la pobreza y por tanto cae la capacidad contributiva; y su forma de reparto, con criterios erráticos, a tono con el ritmo de la economía y del signo gobernante. Así, se pasó de un reparto que hasta 1988 era del 48,5% de los recursos coparticipables, según lo dispuesto por la Ley 20.221 del 21 de marzo de 1973, principalmente impositivos, porque no comprende a lo percibido por Aduana y el Sistema de Seguridad Social, al 54,66% que determinó la Ley 23.548 del 7 de enero de 1988 hasta el presente, “reconociendo el impacto de los servicios transferidos a fines de los años setenta sin contrapartida financiera”, destaca un informe especial de la OPC.

4. A esa primera “mano de la política” se fueron sumando otras, como recuerda una de las partes interesadas, el ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, y último de Mauricio Macri, Hernán Lacunza: “El origen de la discriminación empieza con la Ley 23.548 del 7 de enero de 1988 acordada entre el presidente Raúl Alfonsín y el gobernador Antonio Cafiero, cuando la provincia cede 7 puntos porcentuales de coparticipación, de los cuales recuperó 4 p.p. con el Fondo del Conurbano aprobado por la Ley 24.073 de 1992, previo acuerdo entre el presidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo Duhalde”. Durante la vigencia de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar, ese fondo era equivalente a USD 650 millones, pero luego de la crisis de 2001 – 2002, la devaluación y aceleración de la inflación, ese monto fijo se fue diluyendo en su poder de gasto efectivo hasta el equivalente de la cuarta parte, 1 pp de los 4pp que había recuperado.

5. De ahí que con el cambio de signo político en la Nación y en la provincia a fines de 2015, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, recuperan esos puntos a favor de la provincia, pero no despejó la eterna pelea por el reparto de los fondos que genera cada distrito, pero que recauda la Administración Central y luego reparte según los criterios de la Ley 23.548, pese a que en los 32 años de vigencia cambió sustancialmente la realidad socioeconómica de cada distrito, y la Nación en su conjunto se achicó en términos de PBI por habitante en valores ajustados por la inflación, tanto del país como del promedio mundial, con varias crisis financieras en el medio, y los efectos de la pandemia ahora.

6. En el medio, se coló el mandato de la reforma constitucional de 1994, que dispuso que el Congreso Nacional debía convocar al tratamiento de una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, sobre la base de criterios económicos y fundamentalmente sociales. Pero nunca se pudo avanzar porque requería de un “Convenio Marco” de las 24 jurisdicciones, con absoluta unanimidad, en la que algunos cedan y otros ganen recursos, excepto que se acepte un único perdedor: el Estado Nacional. Pasaron 24 años, y no aparece la vocación por debatir esa Ley Convenio.

Disparador de un nuevo pleito

7. La repetición de crisis sistémicas, ahora agravada por la irrupción de la pandemia que llevó al Gobierno a decretar la cuarentena más larga de la historia y de la economía mundial, agudizó la recesión, comprimió la recaudación de impuestos de la nación, provincias y municipios, e incrementó la demanda de gasto social en esos tres niveles de gobiernos, quedando al descubierto las debilitadas finanzas públicas. Nuevamente el poder político interviene a favor de su aliado y, en castigo del gobernador del signo opuesto y de todos los habitantes de su distrito, con la quita de 1 punto porcentual del reparto de fondos y perspectiva de una poda adicional.

8. Claramente, uno de los disparadores principales de esta nueva crisis redistributiva de parte de los impuestos recaudados –excluye la mayor parte de los aduaneros y de la Seguridad Social– es el diferente desempeño político, económico y social de cada provincia, como el crecimiento de la población, más acelerado en las regiones pobres o con menos recursos y más lento en las más “opulentas”, como definió el Presidente a la Ciudad de Buenos Aires, porque generó distorsiones en la distribución de recursos medidos por habitante. Esa referencia es parcial, puesto que no contempla la movilidad de las personas, tanto para generar riqueza como para consumirla, independiente del lugar de residencia permanente. Es un común denominador de las grandes ciudades de provincias respecto de las pequeñas que no cuentan con los recursos y servicios necesarios en cantidad y calidad en términos de educación, sanidad, principalmente, pero también de fuentes de empleo, y eso provoca un desbalance en el sistema de seguridad.

La economista Verónica Sosa, de la consultora Economía y Regiones contó a Infobae: "En 2019, como en los primeros 8 meses de 2020, la brecha en los giros recibidos por la coparticipación y transferencias automáticas de la Nación y el PBI geográfico fue negativa en 10 puntos porcentuales para Buenos Aires (21,5% versus 31,3%), y de 17 pp para la Ciudad Autónoma (5,2% versus 22,1 por ciento).

9. El otro disparador de esta crisis redistributiva es la repetida incapacidad o falta de deseo de generar consensos para políticas de largo plazo para desarrollar el alto potencial económico inutilizado del conjunto de las 24 grandes jurisdicciones, para que tanto a nivel regional, como nacional, pudieran elevar la calidad de vida de sus habitantes, dando lugar a leyes que dejen atrás la eterna inseguridad jurídica, la vocación por el aumento de los impuestos para financiar gastos burocráticos e improductivos y el sostenido retroceso, no solo respecto de lo que una vez fue la Argentina, sino también en comparación con un mundo cuyos estándares de progreso tienden a alejarse aceleradamente.

10. Solo cuando el diálogo y la búsqueda de consenso dejen de ser palabras huecas y vacías, la Argentina podrá debatir con criterios sensatos la mejor forma de repartir el cobro de impuestos, sobre la base de criterios de incentivos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y de nivelar para arriba, en lugar de alentar lo contrario, porque ese camino ya se ve a dónde condujo.

De lo contrario, se repetirán los reclamos redistributivos de recursos que debieran ser para todos, a favor de los que tengan más cercanía con el poder central. Hoy fue la policía, mañana la sanidad, antes había sido la educación, o el reclamo de obras públicas de infraestructura vial, vivienda y agua potable.

Seguí leyendo