Un estudio demuestra como el Gobierno podría eliminar gastos superfluos y optimizar los recursos para enfrentar la pandemia

A pocos días de que el Gobierno presente el proyecto de Presupuesto 2021 en el Congreso, los analistas adelantaron la discusión respecto de la orientación del gasto, en momentos de importantes necesidades de financiamiento producto de la pandemia.

Con cifras que indican que este año el déficit fiscal primario cerrará en 8% del PBI y que la proyección para el año próximo es de 4,5%, la Fundación Libertad planteó, en un informe titulado “Pandemia, aislamiento y Sector Público: análisis y perspectivas del presupuesto nacional”, que el Estado tiene margen para recortar gastos en pos de atender las necesidades del momento y optimizar más que nunca los recursos.

La entidad destacó en el documento que el Gobierno llevó a cabo acciones para afrontar la crisis derivada de la cuarentena, tales como el ingreso familiar de emergencia para contener a los grupos más vulnerables, la prórroga de vencimientos de servicios, eximición de aportes para pocos sectores y créditos para pagar sueldos, pero sostuvo que estas medidas resultan “insuficientes, teniendo en cuenta la situación económica, signada hace años por una presión tributaria récord combinada con alta inflación y caída en el nivel de actividad”.

La Fundación Libertad afirma que no se ha propuesto nada en materia de gasto público, es decir, reducciones puntuales o reasignaciones de partidas con el fin de concentrar los recursos en las prioridades que se imponen durante la emergencia sanitaria. El informe recuerda que el gasto público hoy es récord y que pasó en los últimos 15 años de un 22,7% al 39% del PBI, es decir que tuvo un crecimiento en torno al 72%.

“Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos en este momento es ¿no debería el sector público compartir los enormes costos del confinamiento? Muchas familias deben resignar días valiosos de trabajo y utilizar sus ahorros (si tienen) para sostenerse y, por el otro, las empresas deben seguir pagando impuestos y sueldos a pesar que muchas están facturando muy por debajo de su capacidad o ni siquiera lo están haciendo”, agrega el documento.

Dentro del Presupuesto de la administración nacional para 2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el de mayor relevancia (41,9% del gasto total). Le siguen los Servicios de la Deuda Pública, con el 19,7%, y Obligaciones del Tesoro, con el 5,1%. Es decir, que entre los 3 abarcan cerca del 70% de todo el Presupuesto, según la Fundación Libertad.

Y si bien los Ministerios de Salud, Seguridad y Defensa se encuentran entre las jurisdicciones de mayor presupuesto, representan un proporción baja respecto al gasto total (entre las 3 no superan el 9% de participación). “Sin embargo, cabe recalcar que del gasto público total en salud (2,7% del PIB), dos terceras partes corresponden al efectuado por las provincias (1,8% del PIB). Le sigue Nación (0,5% del PIB) y más atrás los municipios (0,4% del PIB). De esta manera, se puede afirmar que la salud pública es jurisdicción de las provincias principalmente”, indicó el informe.

Más abajo en la tabla, figura el Poder Judicial y el Legislativo, en tanto que en los últimos lugares aparecen el Ministerio de Cultura, el de Turismo y Deportes, entre otros. “A pesar de que estos tienen una baja incidencia en el total gastado, en estos momentos de emergencia (sanitaria y económica) un ahorro de una parte de estos fondos podrían ser de gran utilidad. Podrían considerarse reasignaciones o reducciones de partidas con el objeto de priorizar el gasto en aquellas áreas que el Estado debe atender con mayor urgencia, tales como salud y seguridad, o bien para asistir al sector privado ante el parate total de la economía”,

Por ejemplo, dentro del Poder Legislativo, se advierten ciertos programas que pueden ser considerados superfluos dada la coyuntura. Algunos de estos son: “Asistencia social integral al personal del congreso de la nación”; “Impresiones y publicaciones parlamentarias”; y la “Asistencia bibliográfica”. A su vez, el Poder Judicial es otra jurisdicción que podría realizar un ajuste. Cuenta con programas donde podrían efectuarse algunos recortes, como el de “Mandamientos y notificaciones”, o el de “Biblioteca y jurisprudencia”.

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Deporte también posee programas cuyos montos podrían derivarse a otras áreas. “Promoción del turismo receptivo internacional” o el de “Promoción del deporte”, que en un contexto de confinamiento total se tornan poco relevantes, precisó la Fundación.

El total del puñado de gastos seleccionados, arroja un gasto de $10.974 millones, “cifra que puede resultar insignificante teniendo en cuenta el presupuesto total de la Nación, pero que sin ninguna duda puede hacer una diferencia si se lo redirecciona”, sostuvo la entidad. Por dar un ejemplo, ese monto equivale a 7,7 veces el presupuesto de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán ($1.421 millones).

A modo de conclusión, el informe remarca que “hay margen – y mucho- para recortar gastos en pos de atender las necesidades del momento. Después de todo, si hay que mejorar el sistema de salud estatal para evitar su saturación, es el Estado el que tiene que optimizar ahora más que nunca sus recursos”.

Por otro lado, agregó, para disminuir las presiones sobre el sector privado y también para contener la emisión monetaria, que en definitiva es la vía por la cual se financiará la mayor parte, “es oportuno que la clase política tenga un gesto ante esta compleja situación". Además, habría que pensar en una disminución de los sueldos del personal del sector público cuando los mismos sean superiores a una determinada cifra y asignar esos fondos a los recursos que necesita el sector privado, para no despedir personal o bien contribuir al sustento de aquellos que, por el confinamiento no pueden salir a trabajar y generar su ingreso, sugirió la institución.

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