
Este lunes finalizaron en el Congreso las 16 rondas virtuales de consultas y exposiciones de expertos en seguridad social sobre la definición de la nueva fórmula de movilidad para determinar los futuros aumentos de las jubilaciones.
Marcelo Casaretto, el diputado del Frente de Todos que preside la comisión bicameral de previsión y seguridad social, adelantó que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria se basará en una combinación de los índices de evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, la inflación y la recaudación. Y comenzaría a aplicarse a partir del año que viene, aunque no detalló con qué frecuencia: puede ser cada tres o cada seis meses.
“Vamos a proponer una fórmula que busca como objetivo sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones. De todas las jubilaciones, pero especialmente de los que menos ganan. A partir de una ley ya queda la actualización automática hacia el futuro”, indicó Casaretto al canal Diputados TV.
Según adelantó el diputado, la idea es cerrar el proyecto con la nueva fórmula en la comisión durante el curso de septiembre y elevarlo al presidente Alberto Fernández y a los presidentes de las dos cámaras legislativas para que sea tratado antes de fin de año y tenga validez a partir de enero del año que viene.

Durante los años de la convertibilidad, las jubilaciones no tenían una fórmula de actualización y luego de la salida del sistema los aumentos se determinaban a través de la Ley de Presupuesto o por decreto. En 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por pedido de la Justicia estableció una fórmula de movilidad con un mecanismo de actualización automático de los haberes jubilatorios con dos incrementos al año (marzo y septiembre) basados en la recaudación tributaria y de la Anses y en la evolución de los salarios registrados.
En 2017, el Gobierno de Mauricio Macri aprobó una reforma previsional con una fórmula de actualización compuesta por un 70% por el índice de inflación (Indec) y un 30% por la evolución salarial (Ripte) con cuatro incrementos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre).
En diciembre de 2019, el actual Gobierno de Alberto Fernández suspendió la aplicación de esa fórmula de actualización y otorgó aumentos por decreto en marzo, junio y septiembre con porcentajes menores a los que hubieran correspondido por la fórmula anterior y con sumas fijas para compensar a las jubilaciones más bajas. “La fórmula propuesta estaría más cerca de la fórmula de 2008 que de la fórmula de 2017″, anticipó Casaretto en declaraciones a Radio Nacional de Córdoba.
Desde Anses propondrían una fórmula similar, pero el tema aun está en discusión. “La recaudación del sistema jubilatorio se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad. Eso representaba casi el total de los recursos. Y luego representaba el 50%, la mitad de los recursos son del sistema y la mitad son de impuestos. En este momento de pandemia, los recursos propios son el 26% y el 74% proviene de impuestos”, detalló el diputado.

“Hay muchas especulaciones pero el proyecto aun no está para evaluarlo. La idea general es que se quiere volver a la fórmula anterior que incorpora de nuevo la recaudación como parte de la fórmula de movilidad, lo que creemos que es muy negativo porque la recaudación hace que la fórmula sea procíclica”, explicó el diputado de la oposición Alejandro Cacace, que integra la comisión previsional.
“Cuando crece la economía, crecen los haberes y cuando hay recesión, que en la Argentina es la mitad del tiempo, los haberes pierden poder adquisitivo en términos reales. El Gobierno quiere la sustentabilidad del sistema y es lógico que se quiera cuidar los recursos del Estado, pero eso no se lo puede hacer pagar al jubilado en la movilidad. Se debe definir la movilidad con parámetros objetivos y luego el Estado buscar mecanismos para compensar”, agregó Cacace.
Según señaló el diputado del radicalismo por San Luis, entre los expositores que participaron de las reuniones virtuales hubo sugerencias de que la movilidad tenga parámetros objetivos y que el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) se pueda usar como fondo anticíclico cuando la recaudación no alcance. La propuesta de la oposición es que las jubilaciones deben acompañar a la inflación.
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