Desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó el lunes la proyección de 4,5% de déficit fiscal para 2021, el foco de atención se corrió al resto de los supuestos macroeconómicos que acompañarán ese objetivo en el Presupuesto 2021. El dato del desequilibrio de las cuentas públicas era una de las señales más esperadas por parte del mercado, como indicio concreto del rumbo de la política económica en el corto plazo.
Pero ese número aislado resulta ahora información insuficiente. Lo que resta saber es en qué magnitud se ajustarán los gastos -ya con un impacto menor de la pandemia del coronavirus- y, sobre todo, cuánto, cómo y por qué aumentarán los ingresos. Más allá de la suba de impuestos que se contemple en el proyecto que el Ejecutivo deberá enviar al Congreso en diez días, la definición del volumen de recursos disponible estará dada por la pauta de crecimiento económico.
Rebote lento, acelerada recuperación en V o, incluso, un nuevo milagro económico, los pronósticos de economistas privados y analistas de Wall Street son variados. Pero el Gobierno apuesta a una estimación más conservadora: proyecta una recuperación firme pero moderada, según confiaron fuentes del gabinete económico. Esto es una pauta que se ubicará mucho más cerca, e incluso por debajo, del 5,6% que arroja el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central que de los cálculos más optimistas locales e internacionales, como los del banco de inversión Barclays, que pronosticó un rebote de hasta 9% o el XP Securities, que prevé un avance del 7% para la economía argentina el próximo año.
Subestimar la recaudación es una estrategia a la que recurrió repetidamente el kirchnerismo durante su gestión anterior para poder contar con recursos con mayor discrecionalidad, por fuera del Presupuesto.
La pauta de crecimiento que se incluya en el Presupuesto no es un dato meramente económico ni menor a la hora de negociaciones políticas internas: de esa cifra se desprende cuánto dinero ingresará al Estado, ya que el nivel de crecimiento determinará el volumen de la recaudación, y por ende cuánto dinero tendrá cada área para gastar. Así, subestimar esa cifra, una estrategia a la que recurrió repetidamente el kirchnerismo durante su gestión anterior, permite contar con recursos para ser aplicados con mayor discrecionalidad por fuera del Presupuesto. Lo mismo pasa con la inflación: calcular la evolución de los ingresos en base a una inflación menor a la que realmente es esperable, genera recursos “excedentes” o no contemplados en el Presupuesto, amén de que es una variable mucho más sensible ya que genera expectativas concretas en los distintos actores económicos.
Pero no sólo para negociaciones políticas domésticas, la proyección económica es un dato clave. También lo es en la negociación con el Fondo Monetario. En función de esa cifra, y por ende de los ingresos estimados, es que las autoridades deberán discutir con el organismo los ajustes macros requeridos, tanto por la vía de los recursos como de los gastos. “Nosotros no estamos esperando ningún tipo de recuperación maravillosa. Y tampoco debería hacerlo el FMI”, remarcó un funcionario del equipo de Guzmán.
De hecho, las últimas estimaciones públicas del Fondo Monetario, actualizadas a fin de junio, indican que el organismo prevé una caída de 9,9% para este año -contra un consenso de estimaciones privadas que rondan el 12%- y una recuperación de apenas 3,9% para 2021. Claro que el Presupuesto deberá ser aprobado mucho antes de lo que el ministro espera cerrar el nuevo acuerdo con el FMI, durante el primer trimestre del próximo año. Esos tiempos harán que el mercado disponga de especial atención al proyecto que debatirán los legisladores.
En principio, el foco estará puesto en dos grandes rubros de gastos: los subsidios económicos, esencialmente a la energía y al transporte, y el gasto social y previsional.
En el primer punto, lo que estime el Gobierno dará la señal sobre la política tarifaria y revelará hasta qué punto el congelamiento vigente en principio hasta fin de año es una respuesta a la emergencia por el Covid-19 o una política más estructural al modelo económico al que apunta la gestión de Alberto Fernández. Respecto a las jubilaciones y también planes sociales que ajustan por la misma fórmula, ahora suspendida y a la espera de una alternativa, el Gobierno dio muestras claras de su voluntad de recortar ese gasto. De acuerdo con estimaciones privadas, la modalidad de aumentos por decreto le permitirá un ahorro equivalente a 0,25% del PBI este año. Pero ese ahorro puntual puede estar lejos de compensar subas en otros rubros.
Seguí leyendo: