La Argentina y su larga historia de impuestos “por única vez” que aún siguen vigentes

Durante décadas, los argentinos han conocido a políticos que con el objetivo de enamorarlos en elecciones les prometen que los impuestos que pagan son muy altos pero una vez en el poder sostienen déficit fiscales crónicos y no hay endeudamiento externo ni emisión monetaria para poder financiarlos.

La aparición del Aporte Único Solidario o “impuesto a la riqueza”, anunciado como una obligación “por única vez”, invita a hacer un recorrido sobre la incorporación de tributos que llegaron de esa manera y nunca más se fueron de nuestro país.

1932:, el mundo se encontraba en recesión y Argentina no era la excepción y apareció el Impuesto a las Ganancias, que en realidad era un impuesto sobre las rentas.

1973: en el pre “Rodrigazo”, se crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que reemplazó al impuesto a las ventas (nacional) y el impuesto sobre las actividades lucrativas (provincial). La alícuota era del 13% e incluía muchos productos exentos que hoy están incluidos, como alimentos y bebidas, libros y materiales de construcción. Solo algunos productos tributaban el 21%. Por necesidad recaudatoria, en 1986, en el gobierno de Raúl Alfonsín se unifica la alícuota del IVA en 18%. En 1995, con Carlos Menem como presidente, por el “efecto tequila” y como medida transitoria, se sube a la actual alícuota del 21%. Ya han pasado 25 años.

1977: se crea uno de los impuestos más distorsivos, Ingresos Brutos, que reemplaza al anterior impuesto provincial a las actividades comerciales.

1991: Argentina venía de la hiperinflación y necesitaba recaudar. Por excepción, quienes más tienen debían poner algo. Se crea Bienes Personales que era el “impuesto a la riqueza” de aquel entonces. Pasaron 19 años y hoy está entre nosotros peor que nunca.

2001: Asume Domingo Felipe Cavallo como Ministro de Economía durante el agónico final del gobierno de Fernando de la Rúa. Era necesario otro gravamen de emergencia, esta vez sobre las transacciones bancarias, conocido como el “impuesto al cheque”. Había que contener la crisis política y económica. Pero quédense tranquilos que se disponía fecha de finalización el 31 de diciembre de 2002. Sigue vigente, 19 años después.

2002: Ya estaba Eduardo Duhalde en el poder. Jorge Remes Lenicov había hecho el trabajo sucio de la devaluación asimétrica pero quedó su último trabajo que fue la retención a las exportaciones. Había que recaudar y financiar el déficit presupuestario y el plan de subsidios que había propuesto Duhalde, antes saber con qué recursos lo financiaría. Las retenciones a la exportación de granos (maíz y trigo) y oleaginosas (soja y girasol) fueron llevadas a un 20% promedio, un 10% para productos manufacturados y un 5% para el calzado. Pero no fue por única vez. Aún faltaba más. El presidente Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007, alcanzando porcentajes de 35% para la soja, 32% para el aceite, 28% para el trigo y 25% para el maíz. Mauricio Macri, que había eliminado en 2015 las retenciones para el trigo, maíz, carne y productos regionales, las volvió a aumentar al 12% luego de la crisis cambiaria en 2018. Solo temporalmente.

2019: La Argentina, una vez más en emergencia y en crisis. Alberto Fernández incorpora un nuevo Impuesto llamado PAIS en concepto de “solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” para la compra de moneda extranjera. Tranquilos: es solo por 5 períodos fiscales.

2020: Mediante la Ley de Emergencia Económica que impulsó Fernández al asumir el gobierno se dispuso un aumento de las alícuotas que van desde 0,50 a 1,25% en Bienes Personales, con una duplicación de tasas en caso de que los activos se encuentren radicados en el exterior en 2019. Pero la emergencia económica es mayor y surge otro impuesto por única vez que es una “contribución solidaria” para los que tengan un patrimonio mayor a $ 200 millones.

Microhistoria de Impuestos “Falsos” Progresivos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que la reforma tributaria buscará la progresividad de los impuestos que cobra el Estado. Sin embargo, no hizo mención sobre la regresividad y mínimos no imponibles actuales que generan alta distorsión y gran informalidad.

El Impuesto a los Bienes Personales que surgió en 1991 como un impuesto temporal de solo 9 años. El mínimo no imponible era de USD 100.000. Durante el gobierno de Mauricio Macri para seducir al blanqueo de capitales el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay anuncia su eliminación gradual. El mismo gobierno que lo anunció lo reincorporó, con el ex ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne. Alberto Fernández, en la emergencia de 2019 dispuso un aumento de las alícuotas que van desde 0,50 a 1,25%, sin mecanismo de ajuste, el mínimo no imponible de $ 2 millones. Es decir, una persona que tiene una cochera por USD 20.000 paga Bienes Personales, porque su vivienda única está excluida del impuesto. Fue creado en 1991 como impuesto a la riqueza y hoy alguien de clase media que cae en desgracia debe pagarlo. No hay ninguna información de cambios en la próxima reforma tributaria al respecto. Nos gustaría decir que es “por última vez”.

El IVA es el impuesto más regresivo, ya que lo pagan todos los argentinos independientemente de su nivel de ingreso. Desde 1995 se mantiene en 21%. Mauricio Macri lo bajo por especulación política previo a las elecciones nacionales en 2019 al 10,5% para los productos de canasta básica pero no por convicción económica. Alberto Fernández no le dio continuidad a la iniciativa.

El Monotributo surgió en 1998 con el objetivo de blanquear la economía de los cuentapropistas y hacer un régimen simplificado a bajo costo. En aquel momento, el tope de facturación del sistema eran USD 100.000. Es otro impuesto “falso” progresivo, porque con mecanismos sin ajustes por inflación durante mucho tiempo hoy un vendedor de bienes tiene como tope USD 27.000 y un prestador de servicios USD 17.000. Es la cuarta parte de facturación inicial en su origen hace 22 años, hoy sin mecanismo de ajuste y actualización a la espera de la próxima fórmula de ajuste previsional.

Mientras tanto, la AFIP evita la exclusión de oficio del régimen para un sistema que hoy debería tener un tope de hasta $13 millones de pesos con alícuotas diferentes por escalas de facturación. El salto del Monotributo al Régimen de Responsable Inscripto es el motivo de mayores cierres de empresas entre los emprendedores comerciales y de servicios, ya que no pueden soportar una carga del 35% de Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, Tasas Municipales e impuestos provinciales. El Estado los ahoga impositivamente.

Seguí leyendo: