A fin de este mes se vence el decreto de necesidad y urgencia que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos. Desde el Gobierno están analizando opciones para los inquilinos, como la extensión del decreto o un plan de créditos o subsidios que les permita saldar sus deudas con los propietarios.
El decreto de congelamiento que vence el 31 de septiembre abarca a los contratos de alquileres de vivienda única pero también habitaciones en pensiones, alquileres para actividades culturales o comunitarias o destinados a pequeñas producciones familiares y agropecuarias.
Si bien dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020, el decreto prevé que la diferencia deberá ser abonada en cuotas a partir de octubre
También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos para la prestación de servicios, comercio o industria; alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.
Si bien dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020, el decreto prevé que la diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento deberá ser abonada en tres cuotas, y como máximo seis, mensuales, iguales y consecutivas. La primera de esas cuotas debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.
Además, el decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, lo previsto, es que se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
“Se está trabajando en el tema. Es un trabajo conjunto que se evalúa con varios organismos”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. “La continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas. El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, agregaron.
Se necesita una política de desendeudamiento que garantice la estabilidad de los hogares y la seguridad sanitaria
Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino de la ciudad de Buenos Aires, señaló que el Estado no debe descuidar el derecho a la vivienda y que se debe evitar el efecto poscrisis de 2001, con desalojos masivos, venta de viviendas únicas familiares por endeudamiento con los consorcios y más “inquilinización”.
“Se necesita una política de desendeudamiento que garantice la estabilidad de los hogares y la seguridad sanitaria. El Estado tiene que garantizar que donde hay deuda, el locador cobre y el inquilino reconstruya su economía familiar y siga bajo un techo digno”, explicó Muñoz.
“La extensión que se necesita del decreto es la prórroga de los contratos. Que nadie quede en la calle. Todo lo demás es secundario. El desendeudamiento no es un subsidio al inquililno; es una transferencia directa a los locadores, que demuestren la titularidad, el contrato, y la deuda”, agregó. La mayoría de las consultas que reciben en la Defensoría tienen que ver con la extensión del decreto o la finalización anticipada del contrato.
Desde el sector inmobiliario hay distintas posturas. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) que en marzo había apoyado el decreto de congelamiento, manifestó su rechazo a una posible extensión. “La prórroga del decreto sería un desastre. Vamos a ver un retiro de la oferta de propiedades en alquiler”, señaló Armando Pepe, presidente del colegio de profesionales inmobiliarios porteño (Cucicba).
El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) que en marzo había apoyado el decreto de congelamiento, manifestó su rechazo a una posible extensión
Mientras que la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) tiene una postura más intermedia y considera que el Gobierno debe contemplar la situación de los dos sectores. “Nosotros somos intermediarios y representamos a propietarios e inquilinos. Estamos a disposición para colaborar. En estos meses, logramos llegar a acuerdos entre las partes con un esfuerzo compartido. La mayoría de los inquilinos de viviendas están al día”, destacó Alejandro Bennazar, titular de la CIA.
En un reciente relevamiento nacional realizado desde la Federación de Inquilinos Nacional se estimó que el 30% de los inquilinos no podía pagar el alquiler del mes de agosto y la mitad acumula deudas de dos meses o más de alquiler.
Mientras que una encuesta realizada a comienzos de agosto por el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad (Cucicba) entre sus matriculados mostró que 84,5% de los inquilinos de viviendas de la Ciudad pagó su alquiler en julio. Es un valor similar al de junio, que había arrojado un 85% en el nivel de pago, pero sigue por debajo del 92% que realizó el pago en tiempo y forma en mayo.
Entre los que no pudieron pagar el alquiler de su vivienda, casi un 8% rescindió el contrato durante julio, detallaron desde el colegio. La encuesta abarcó unos 40.000 inmuebles de toda la ciudad, entre viviendas y comercios.
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