A lo largo de 5 extensas notificaciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó la inhabilitación para comprar dólares de 14.728 nuevos suspendidos para operar en cambios, sospechosos de integrar redes de “coleros digitales”, así como también de 130 organizadores de esos grupos que operan ilegalmente en el mercado cambiario.
Según pudo saber Infobae, las nuevas suspensiones corresponden al mismo proceso investigativo que había derivado en otras 5.000 inhabilitaciones previas, dadas a conocer por el BCRA el pasado 18 de agosto. Por tanto, estos nuevos suspendidos también eran en su mayoría clientes de Rebanking, una financiera que opera únicamente online y permite abrir una caja de ahorro que opera en pesos y en dólares en forma rápida y remota. Esa entidad decidió cerrar 6.000 cuentas de sus clientes y, al igual que el banco digital Brubank, detectó esa clase de maniobras y las informó al BCRA para que realice la investigación correspondiente.
Tal como adelantó Infobae, el problema de los coleros digitales no se limita a las pequeñas entidades que operan en forma digital sino que se extiende a los bancos tradicionales y existen muchas investigaciones en curso que podrían derivar en nuevas suspensiones masivas. En las redes de “coleros digitales”, aquellos que compran su cupo personal de USD 200 al precio del dólar solidario, $101, y lo ceden a cambio de un pequeño pago a una cueva financiera que operan en el mercado del dólar “blue”, donde esos billetes valen $135.
El ministerio de Seguridad de la Nación colaborará con el Banco Central para fiscalizar el cumplimiento de las normas cambiarias y prestará polícías para comparezcan los testigos en las causas de la justicia penal cambiaria.
Las sanciones se conocieron en el último día de agosto, horas antes de que se renueve el cupo mensual del dólar “solidario”, que en julio fue comprado por 3,9 millones de argentinos y le costó más de USD 700 millones a las reservas del BCRA, por lo que representa una preocupación para las autoridades monetarias.
Dos elementos suponen que tanto en agosto como en septiembre habrá menos compradores que en julio. El primero es que en julio se cobraron los aguinaldos, lo que hace suponer que hubo más gente que, en forma genuina, destinó $20.000 a comprar dólares para ahorro. El segundo factor es una serie de medidas dictadas por el BCRA tendientes a desactivar la compra de dólar “solidario” para otras personas. La Comunicación A 7072, del 17 de julio, dio un golpe duro a este negocio al permitir solo una transferencia en dólares por cuenta y obligar a la justificación de cualquier transferencia adicional. También habilitó a los bancos rechazar sin más trámite una operación que considere sospechosa.
El rol del ministerio de Seguridad
Otra novedad vinculada a la investigación del mercado ilegal de cambios fue el anuncio, también conocido en el último día del mes, de la firma de un “Convenio Marco” entre el BCRA y el ministerio de Seguridad de la Nación, sellado con la firma del presidente del Central, Miguel Pesce, y la ministra Sabrina Frederic.
Un comunicado oficial explicó que el documento “apunta a la prevención de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, consistentes en la actuación organizada de personas que operan por fuera del mercado de cambios formal e intentan evitar ser identificadas o quedar registradas en las bases de datos”.
A través de este Convenio, el Ministerio de Seguridad “proveerá personal de las Fuerzas Federales para que intervenga en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan adelante los agentes del BCRA. Los miembros de las Fuerzas también realizarán las medidas probatorias, incluyendo la comparecencia de testigos e imputados, y las medidas de investigación que le solicite el BCRA”.
En la misma jornada en la que se selló el acuerdo para combatir el dólar blue, la ministra Frederic se había referido públicamente a otros actos delictivos. Planteó que la toma violenta de terrenos, registrada en distintos puntos del país, no es un tema de su cartera sino una cuestión que debería ser atendida por otras áreas del Gobierno.
Según explicó a radio Con Vos, la “salida de la cuarentena” provocó situaciones que el Poder Ejecutivo no había previsto. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, analizó Frederic.
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