Todo sucedió en sólo 24 horas. El jueves al mediodía, durante el encuentro virtual del Consejo de las Américas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, declaró: “Una de las prioridades del Gobierno será conseguir que los argentinos reinviertan en el mercado local parte de los 170.000 millones de dólares guardados sin fines productivos”. Exactamente un día después, un grupo de diputados oficialistas anunció el envío al Congreso del proyecto para gravar las “grandes fortunas”, en abierta contradicción con la idea de salir a buscar esos dólares que están guardados debajo del colchón, en una caja de seguridad o incluso en cuentas en el exterior declaradas.
Es cuestión de días o quizás semanas para que aparezcan amparos contra este nuevo impuesto, que tendría un rápido tratamiento legislativo. La razón es obvia: estaría gravando de manera doble la misma base imponible. Primero, a través de Bienes Personales, ya elevado a fines del año pasado un inédito nivel de 2,25 por ciento. Y sobre ese mismo cálculo se aplicaría el nuevo gravamen, partiendo del 2% pero con una alícuota máxima de 3,5 por ciento.
No hay ejemplos de países capitalistas y democráticos que graven en un solo año un patrimonio con una tasa de más del 5 por ciento. El economista Fausto Spotorno lo planteó crudamente ayer en un comentario en redes sociales: “Nadie tiene en su caja fuerte el 3,5% de su patrimonio esperando que le cobren un impuesto. Ese dinero está invertido en algún lado, por lo tanto obligarán a la gente a desinvertir para poder pagar”.
Este nuevo invento argentino se plantea por “única vez”. De no ser así, se estaría planteando una situación que acercaría a la Argentina a un modelo comunista. En 20 años, todos aquellos que se vean alcanzados por el gravamen perderían la totalidad de sus patrimonios. Por las dudas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el llamado aporte solidario “es una medida excepcional en un momento excepcional”.
El nuevo impuesto a la riqueza, o aporte solidario, no es otra cosa que una doble imposición, porque el patrimonio ya está gravado por la elevada alícuota de Bienes Personales. Una vez que se transforme en ley, es probable que lluevan los amparos
La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, agregó algo más de letra esta semana. Dijo que la reforma impositiva no plantea reducción de impuestos y por el contrario habrá mayor presión para los sectores de mayor capacidad contributiva.
Si el objetivo es captar inversiones para retomar el crecimiento, ninguna de estas iniciativas parece el mejor camino. Lo mismo ocurrió con la iniciativa para expropiar Vicentín (finalmente cajoneada por el propio Alberto Fernández) y con la decisión de declarar como “servicio público” a las telecomunicaciones. Un informe de la agencia Moody´s indicó que el congelamiento de precios es “un evento de crédito negativo” para Telecom y sus competidores. “En un país con elevada inflación, no podrán traspasar el efecto del incremento de costos a los usuarios por lo menos hasta fin de año”.
El Gobierno muestra muchas facetas al mismo tiempo. Lleva la presión impositiva a niveles insoportables, cambia las reglas de juego para sectores claves de la economía, pero al mismo tiempo hace “buena letra” para recuperar su reinserción financiera. Esta semana se anunciará una adhesión superior al 90% del canje internacional, lo que despeja vencimientos de deuda por los próximos años. Y el tramo local conseguiría un resultado similar o incluso superior.
En forma paralela, el Presidente, Alberto Fernández, dio el primer paso para negociar con el FMI. En la carta a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, se compromete a “reducir el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda como con la recuperación económica”.
El exitoso canje de deuda, el acercamiento al Fondo y la promesa de un ajuste fiscal muestran la cara más amigable del Gobierno para reinsertarse en los mercados financieros. El problema es que este enfoque convive con medidas intervencionistas y cero atractivas para captar inversiones
Se trata de comportamientos difíciles de decodificar para los mercados y para los inversores. La mayoría sigue percibiendo que detrás de estas señales tan contradictorias está la raíz del propio Gobierno y el famoso “doble comando”, compartido por el Presidente y su vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Ahora la apuesta del Banco Central es que el exitoso resultado del canje de deuda más el diálogo con el FMI ayuden para reducir la brecha cambiaria. Se trata de un tema acuciante, ya que la pérdida de reservas se viene acelerando. En julio la demanda de dólares para ahorro por parte del público llegó a U$S 740 millones, pero en agosto la cifra se ubicaría en un total de USD 1.100 millones.
La negociación con el Fondo Monetario, sin embargo, podría extenderse por muchos meses, quizás más de un año. En caso de que el nuevo programa sea de largo plazo, es decir de “facilidades extendidas”, implicaría el avance de reformas estructurales que la Argentina viene eludiendo hace décadas: un nuevo esquema impositivo, mayor flexibilidad laboral y barajar y dar de nuevo en el plano previsional.
“El Gobierno sabe que hoy su urgencia es frenar el drenaje de reservas. Si no cambia esta dinámica le quedan algunos meses más y se acaban. En este contexto, la baja del dólar contado con liquidación será transitoria”, señala el último informe del economista Fernando Marul. Por ahora se mantiene la ventana abierta de los USD 200 mensuales del dólar “solidario”.
Alberto Fernández mantiene la esperanza de un repunte de la economía al estilo 2003, cuando el impulso al consumo y una política que privilegió la producción interna permitió a la Argentina salir rápido de la crisis que generó el estallido de la Convertibilidad
Agosto terminó siendo un mes irregular, que no logró consolidar la mejora de la economía de los meses previos. Además, hubo un mayor salto de la inflación, que se acercaría al 3% y la presión sobre las reservas también generó incertidumbre. Una y otra vez, sin embargo, desde el Gobierno niegan que apoyen la idea de una devaluación del peso, entendiéndolo como un salto brusco y discrecional del tipo de cambio oficial.
Algunos indicios son alentadores. El mes pasado el Central realizó transferencias al Tesoro por “sólo” $ 40.000 millones contra $ 220.000 millones del mes anterior. Y a su vez el Tesoro consiguió financiamiento fresco en los mercados por $ 30.000 millones, que también ayuda a bajar la emisión monetaria.
La esperanza del equipo económico es que septiembre se transforme un punto de inflexión, una suerte de “nuevo comienzo” que vaya dejando atrás los peores efectos de la pandemia y que también se tranquilice el mercado cambiario. Quizás exageradamente, el Presidente sueña con un repunte al estilo 2003, cuando la economía logró recuperarse a tiempo récord del estallido de la Convertibilidad. Hoy luce como un escenario lejano, aunque no necesariamente imposible.
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