El trabajo de las empleadas de casas particulares fue uno de los que se vio más afectado por la pandemia del COVID-19. Más allá de quiénes desempeñan tareas de cuidado (en la categoría cuatro) que fueron consideradas personal esencial desde el comienzo de la cuarentena, el resto de las trabajadoras no fueron habilitadas para realizar sus tareas desde hace cinco meses en la zona del AMBA.
En los demás distritos del país, en ese período, hubo habilitaciones en varias provincias, como Jujuy y San Juan, que luego volvieron a la fase anterior. Y Córdoba, donde ya están autorizadas para desarrollar sus tareas.
En estos meses se perdieron unos 20.000 puestos de trabajo en blanco, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Pero según el sindicato Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estiman que si se toma en cuenta el personal no registrado o informal, el número ronda entre 50.000 y 55.000 trabajadoras.
“La cifra de 20.000 no significa que se trate de despidos. Son los que dejaron de aportar hace cuatro o cinco meses. Pensamos que pueden de ese número unos 2.000 o 3.000 pueden ser renuncias o acuerdos”, explicó el abogado Carlos Bracesco, de Upacp.
“Proyectado a las trabajadoras informales, el cálculo total es de entre 50.000 y 55.000, entre registradas y en negro. En la Argentina hay dos tercios de empleados domésticos informales”, detalló Brassesco.
En el sindicato, reciben a diario denuncias por situaciones irregulares dentro de la pandemia. Por ejemplo, empleadas que son cambiadas de categoría para pasar a ser esenciales o casos de empleadores que las obligan a concurrir el domicilio de trabajo, a pesar de las restricciones de la cuarentena. “Les dicen que si no van, las echan o se tienen que considerar despedidas. También hay empleadores que les descuentan el IFE de $10.000 de su salario. Para muchas trabajadoras que están en negro, el IFE es su único ingreso”, agregó Brassesco. Desde que se implementaron las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en marzo, los empleadores están obligados a pagar el salario completo a las empleadas de casas particulares, aunque no estén realizando sus tareas.
Tanto Upacp como el Sindicato de Amas de Casa hicieron reclamos al Gobierno para que se incluya a la actividad en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). De esta forma, los empleadores, que en muchos casos vieron reducidos sus ingresos, recibirían una ayuda para seguir afrontando el pago de los salarios de las empleadas domésticas y también los aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero el pedido, hasta ahora, no fue contemplado.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, el mayor registro de empleo de trabajadoras domésticas en blanco fue de 501.000 en octubre 2019. Luego cayó a 497.000 en febrero de este año -prepandemia- y a 471.000 en mayo último. Para el Indec, en tanto, a marzo había un total 1,7 millones (1.696.145) de puestos de trabajo en hogares, de los cuales estaban registrados solo 511.354 casos.
El principal riesgo para la vuelta de las empleadas de casas particulares es el uso del transporte público, especialmente los viajes entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. La propuesta original del Gobierno porteño era que la actividad se reanude a partir de septiembre comenzando por las trabajadoras que viven en la ciudad y que pueden llegar a su trabajo en medio de transporte como bicicletas o motos.
Por su parte, en junio el Ministerio de Trabajo habilitó una modalidad virtual para firmar acuerdos voluntarios entre empleadores y trabajadoras. Puede ser el caso de que dar de baja la relación laboral. Si se llega a un arreglo entre las partes, se puede ratificar a distancia en el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Hasta el momento ya se realizaron 69 acuerdos y hay 62 turnos pendientes.
El Ministerio de Trabajo valida legalmente ese acuerdo. Para el trámite tanto el empleador como la empleada tienen que tener abogado, que son los que firman el acuerdo. Se puede iniciar a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
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