El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, se sumó al coro de voces empresariales de rechazo al DNU 690, por el cual el gobierno declaró “servicios públicos” a los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga, que ya cosechó abundantes críticas.
“Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer”, dice un comunicado del grupo de extensión y formación empresarial cuyo “Coloquio Anual” nuclea anualmente a los sectores de la política, los negocios, la cultura y la economía. Según IDEA, “la confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país” y por eso, dice, a lo largo de sus 60 años la entidad “apoyó todas las iniciativas vinculadas para mejorar la competitividad global del país y asegurar la producción y el bienestar general”.
IDEA ya había rechazado también el DNU 566, por el cual el gobierno aplicó un precio tope a las naftas y al gasoil durante noventa días y hoy, afirma, “se manifiesta de igual manera ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado”.
Se trata, dice la entidad, de un camino opuesto al que le hace falta al país, que “necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo; esto es válido para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los argentinos”.
Según el foro empresarial, “la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo” en cambio, concluye, “las políticas de control de precios e impuestos excesivos sólo distorsionan los mercados y reducen la competencia”.
En sentido similar se había pronunciado ya la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ACDE, que señaló que “el DNU 690 perjudica a los argentinos al poner en riesgo inversiones que nuestro país necesita”.
Según la agrupación de dirigentes cristianos, “en un contexto económico desafiante y agravado por la pandemia, nuestro país necesita más que nunca reglas claras y estables que permitan y alienten inversiones privadas de largo plazo que sirvan de catalizadoras del desarrollo y generen empleo genuino”. El DNU 690, explica, va en sentido contrario pues la intervención del Estado, “declarando las telecomunicaciones como servicio público para regular su tarifa, termina dañando la calidad de dichos servicios, a los consumidores y a las empresas que los proveen y dan trabajo en el país”.
Encíclica
ACDE cita incluso un pasaje de la encíclica Centesimus Annus, del papa Juan Pablo II, que señala que “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos.”
Sólo la inversión de largo plazo, proveniente del sector privado, puede “asegurar los estándares de conectividad e infraestructura que requiere la economía del conocimiento ya la industria 4.0”, dijo CDE, quien recordó que se trata de “servicios transversales a todas las industrias de la economía, que se han desarrollado siempre con precios en competencia y que han dado respuesta a una demanda potenciada por la pandemia. Una red de comunicaciones moderna y eficiente, que necesita de constante innovación, es la principal herramienta que necesitamos para ser competitivos como país y poder erradicar la pobreza”.
IDEA y ACDE se suman así al amplio rechazo a un amplio arco de rechazo de distintos sectores empresariales al DNU presidencial. Este rechazo incluye también el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI), el Consejo Empresarial Argentina-Estados Unidos (USABC) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que incluye a firmas como Google, Accenture, Amazon, eBay, IBM, HP y Samsung.
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