“Nos enteramos por Twitter”: sorpresa, alarma e inversiones en duda en el sector de las telecomunicaciones luego del decreto del Gobierno

“No es Vicentin, pero tampoco está tan lejos”. La frase que el propio autor –un alto ejecutivo del mundo de las telecomunicaciones en la Argentina– reconoce como una exageración sirve, sin embargo, como una síntesis del estupor y la sorpresa que causó en ese mercado el decreto presidencial, anunciado ayer por el propio Alberto Fernández, que congela las tarifas de los servicios de telefonía móvil e Internet hasta fin de año y que, sobre todo, los declara “servicio público esencial” a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.

Más allá de las dudas y de que aún no están claros los alcances de la medida y cómo se implementará –quedará en mano de las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom– la industria cree que el Gobierno se está metiendo de lleno en un mercado en competencia. Eso, dicen, impactará en las inversiones, genera muchas dudas y pone signos de interrogación en el mercado y, por consiguiente, en los servicios que presta. “Nos parece un error y un retroceso para la industria y el país”, definió brevemente anoche Telefónica de Argentina en un comunicado.

“El miércoles nos aseguraron que el aumento de septiembre estaba ‘ok', nos pidieron un horizonte futuro con el tema precios, en el que estábamos trabajando, y dos días después nos enteramos por Twitter de esta medida. Es insólito”, detallaron off the record, con bronca y preocupación, desde una de las empresas.

“Esto es de una profunda gravedad. El Gobierno se comprometió a descongelar los precios en septiembre y no está cumpliendo. Todos los aumentos se hablaron primero con ellos, estaba todo consensuado. Esto es una sorpresa tremenda, no entendemos por qué se da ahora, de esta manera. Somos un sector de competencia plena. El problema no es el acceso, es que la gente no tiene ingresos para pagar los servicios”, destacaron en otra de las empresas afectadas.

Desde la oposición, directamente, hablan de que se trata de una medida restrictiva y de intervención “a lo Venezuela”. Economistas consultados por Infobae ponen el foco en lo negativo de la medida y en que los precios controlados son un manotazo de ahogados que nunca funcionan.

¿Para todos y todas?

Lo cierto es que el Gobierno prometió garantizar el acceso de estos servicios “para todos y todas” y recuperar “herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó” al Estado. “En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, dijo Fernández.

Esa idea de precios que se convierten en tarifas reguladas desde el Estado, esa intervención, es lo que enciende alarmas en los despachos de las empresas de una industria que en los primeros tres meses de este año, según datos del Enacom, generó ingresos por más de $148.000 millones (telefonía fija y móvil, Internet y tevé por cable), poco más de USD 1.000 millones.

“No fijan las tarifas... pero van a autorizar los aumentos. Y son subas que se dan por la inflación, no por otra cosa. El problema no es el sector, es la economía”, resumió Enrique Carrier, especialista en el mercado de las telecomunicaciones. “Será parecido a lo que pasa con Precios Máximos: los ponen y esos productos desaparecen. Es un beneficio a corto plazo y un perjuicio a mediano y largo. Las telco invierten mucho más de lo que se cree. Las autoridades van a actos en los que anuncian desembolsos de USD 1 millón y estás empresas ponen eso en un sólo día. Más allá de las posturas ideológicas, esto puede ser el comienzo del deterioro de una infraestructura que hasta antes de la pandemia estaba muy bien, que aguanto el uso en el comienzo de la cuarentena”, explicó.

“Este mercado tiene muchos jugadores, como cooperativas y pymes del interior que también se van a ver afectadas. Y tiene intermediarios. ¿A esos también se les fijará los precios o sólo al último tramo? Hace varios años en California, EEUU, regularon el precio minorista de la energía eléctrica y no el mayorista y terminaron con cortes. El efecto inmediato de esto es que las empresas dejarán de invertir”, dijo Carrier.

En medio de la sorpresa generaliza, varios ejecutivos del sector destacaron que poner a la televisión por cable en este “paquete”, con una mención particular a la satelital, parecen “dardos” especiales apuntados a empresas como Cablevision y Directv.

“Esto no es un nuevo capítulo contra Clarín, para nada”, afirmó hoy en declaraciones a CNN Radio, Gustavo López, vicepresidente del Enacom. “El Gobierno no va a fijar tarifas, pero las empresas van a tener que justificar sus aumentos y el gobierno va a autorizar o no”, dijo.

“Los precios controlados no funcionaron nunca, no hay forma de bajar la inflación a través del control de precios. La señal para el consumidor es que consuma más y para el productor que produzca menos y se genera escasez. En electricidad se ha visto claro a lo largo de la historia. Pasó siempre; en los 80s y en el kirchnerismo”, resumió el economista Agustín Etchebarne.

“La declaración de servicio público es otra mala señal, es meter la intervención del Estado sobre un sector de la economía. En sectores de rápido avance, esto es más grave aún, por la velocidad del cambio tecnológico. Cuando intervenís y metes controles y regulaciones excesivas, frenás el cambio tecnológico y te retrasás respecto a los demás países del mundo. Con estas intervenciones, por ejemplo, seguramente demorás el cambio hacia la tecnología 5G”, detalló.

Santiago Urbiztondo, economista de FIEL y especialista en regulación y servicios públicos, tiene también una visión negativa del decreto, por la medida en sí misma y por la concepción de confundir interés público y alterar la dinámica competitiva de un sector de cambio rápido. “Veo una improvisación y ansiedad por anunciar medidas que generen popularidad. Es muy preocupante. Si los intentos regulatorios y de control fracasaron hace años, imagínate ahora”, aseguró.

“No podemos controlar el dólar, menos vamos a controlar algo que cambia todo el tiempo, a una velocidad fantástica. Esto no son KW o litros de agua, no hay una tecnología y un producto fijo o estandarizado, dijo Urbiztondo.

La oposición también fue muy crítica, como detalló Infobae. Dos ex titulares del ENACOM durante el gobierno de Cambiemos, Miguel de Godoy y Silvana Giudici, hablaron “un golpe para las empresas”.

“Con el discurso de lo nacional y popular a la cabeza, y con el “vamos por todo” detrás. Hay una línea que se mantiene y profundiza. Con Vicentin quisieron tener una empresa testigo para garantizar la soberanía alimentaria”, tuiteó Patricia Bullrich. “Declaran servicio público a la TV por cable, pero no hay asfalto ni cloaca en la mitad del Conurbano, donde gobernaron 33 de los últimos 37 años”, dijo.

“El mercado no va a reaccionar bien y esto va a generar más conflicto, sobre todo con Clarín. Es una sorpresa, no estaba en la agenda pública. Se busca regular el mercado y el acceso que tienen los usuarios. La telecomunicaciones son un sector concentrado por naturaleza, pero también por dinámica de un Estado que lo fue permitiendo: hay baja calidad, escasa competencia y pocas inversiones, pero también es cierto que la principal que se realizó en los últimos tiempos fue del propio Estado con la extensión de la red de fibra óptica”, aseguró Santiago Marino, especialista en políticas de comunicación y docente e investigador de las universidades de Quilmes y San Andrés. “Tampoco hay que olvidar que la mayor parte de las quejas de los consumidores vienen de las empresas de este sector”, agregó.

“Creo que la narrativa de que esta medida inhibirá inversiones, o que supone estatización, es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio público y es privada desde 1990; y las TIC fueron definidas como ‘servicio público en competencia’ en el mismo período en que el sector registró el mayor impulso inversor (por la licitación 4G y su despliegue, en 2014) de los años recientes”, aseguró Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet.

Quizás la imagen comparativa que mejor describe el contexto la haya dado el economista Eduardo Levy Yeyati. “Mientras tanto, del otro lado de las vías...”, tuiteó y puso el link de una noticia del lunes pasado, de un diario chileno. Allí, el presidente trasandino sonríe delante de un telón colorido, algo futurista. “Piñera anuncia el inicio de la licitación de la red 5G: Chile es pionero en Latinoamérica”, es el título de la nota. Se trata de la primera licitación del espectro para el desarrollo de la red 5G en Latinoamérica, lo que impulsará una inversión de entre US$2.650 millones y US$3.000 millones en infraestructura en los próximos cinco años, estimó el gobierno chileno.

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