Las otras víctimas del coronavirus: empresas y comercios que agonizan en medio de la crisis por la cuarentena

Nadie le puede negar a Lucila el derecho a que sus lágrimas –amplificadas en un Zoom con diputados– sean la respuesta a la angustia por no poder trabajar desde marzo en su agencia de viajes. Ni a Santiago a no sentir un puñal en el pecho cuando pasa por la puerta de sus tres bares cerrados. Quién podría asombrarse si Marcelo, acostumbrado a las aguas quietas de su natatorio, está de pronto envuelto en la tormenta más perfecta. O que Gabriel tema que el alud de cheques que no puede acreditar lo sepulte. Ni hablar del dolor de Vilma y Sofía –en las dos puntas de la vida laboral: 72 y 26 años–, con un portazo marcado en la cara al pedir un préstamo para sobrevivir. Cómo convencer a Gabriel que se quede a pelearla, que no se vaya, cuando tuvo que ponerle llave a su hostel y se quedó sólo con los colchones y sin sueños.

Hoy, Argentina es un terreno minado de empresas que cierran, trabajos que se pierden, familias que se empobrecen. A la tragedia cotidiana de las muertes y los contagios por la pandemia del coronavirus -que obligó a la cuarentena-, todos los días se suman los números dramáticos de una curva que tampoco se aplana.

Se estima que un 8% de las pymes está en riesgo de desaparecer, son unas 61.000 empresas que emplean a 263.000 trabajadores, según los datos de la Fundación Observatorio Pyme. Los sectores más afectados son el comercio y las microempresas. Y detrás de los números están estas historias de una supervivencia casi imposible en medio de un desplome histórico de la economía.

¿Y cuál es el contexto económico que les tocará enfrentar a las que puedan llegar, exhaustas, a la otra orilla de la cuarentena? Cepal proyecta una caída del PBI argentino de 10,5 para este año. Pero el derrumbe podría ser mayor aún: las consultoras privadas locales ya hablan de que la baja rondará al menos el 13 por ciento. Podría llegar a 15%, incluso. Todo dependerá de la fecha de levantamiento de la cuarentena y de la capacidad del Gobierno y de las empresas de recuperar la capacidad financiera, tras la ruptura de la cadena de pagos, acumulación de deudas y aumentos de costos, junto con la incertidumbre derivada de una brecha cambiaria de más de 100% entre el tipo de cambio libre y el que recibe un exportador del complejo agropecuario por las retenciones. Se trata de la pérdida de unos USD 35.000 a USD 50.000 millones en todo el año en términos de generación de riqueza. Y el retroceso del PBI por habitante al menor registro en más de una década.

El deterioro social, por pérdida de empleos y baja nominal de los salarios, afecta la capacidad de recuperación del consumo y también de la inversión. Según el último informe del Ministerio de Trabajo, en junio estaban suspendidos 8,1% de los empleados asalariados del sector registrado, unos 616.000 trabajadores. Mientras que los trabajadores informales y cuentapropistas que vieron interrumpidas las contrataciones se estima que superaron el millón de personas.

Más cifras de la debacle: la franja de empleadas domésticas registradas se redujo en 25.000 personas a 471.000; se acentuó la baja a 27.000 en el caso de los trabajadores autónomos a 370.500 y más aún en el segmento de monotributistas “puros”, es decir que no tienen otra actividad o ingreso por pensión o jubilación, disminuyó en 128.000 a 1,5 millones.

Cepal estima que la pobreza podría llegar a 37,5% este año y las cifras de Unicef son desgarradoras: la pobreza infantil es del 62,9% y alcanza a más de 8 millones de chicos. El Observatorio de Deuda Social de la UCA advierte que entre el primer y el segundo trimestre se registraron 1.050.000 nuevos desocupados.

Mientras, en el frente financiero, se observó una notable sangría de depósitos en dólares que forzó a la cancelación de líneas de crédito a los exportadores, muchos de los cuales no pudieron operar por las trabas que impuso la cuarentena a la movilidad social y cruce de fronteras provinciales hasta los puertos, con el consecuente efecto negativo sobre las reservas netas del Banco Central. Además, la incertidumbre aumenta la brecha entre el dólar oficial y el blue, que pasó de menos del 25% en marzo a más de 70% actualmente.

Los bares de Palermo que bajaron la persiana

Aunque no se anuncie o no se vea el cartel de “Se alquila”, todas las semanas cierra un bar o un restaurante de Palermo, asegura el empresario gastronómico Santiago Olivera. Él mismo es parte de esa triste cuenta de lugares que ya no están. Es socio de ocho bares, de los cuales tres ya bajaron definitivamente la persiana: Bad Toro, Sheldon y Clara, todos en la zona de Plaza Serrano. El resto de sus emprendimientos aún resisten con ingresos por take away o reconvertidos en almacenes (como Sans cerca de la plaza Armenia), pero no sabe por cuánto tiempo más. “Ahora todo pasa por decidir por cuánto quedar endeudado”, dice.

En la ciudad de Buenos Aires, se espera que un 15% de los bares y restaurantes, entre 1.000 y 1.200 establecimientos gastronómicos, no vuelvan a abrir sus puertas cuando la actividad pueda volver a funcionar, en base a las proyecciones de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).

“Nos ofrecieron rebajas en los alquileres, pero ni aun así se puede sostener. Nadie nos asegura que en el momento que podamos volver a abrir va a haber consumo o turismo. Y con las reaperturas también se vienen encima todas las deudas acumuladas estos meses. Va a haber una segunda tanda de cierres”, advierte el empresario.

Según sus cálculos, un bar de Palermo, de grandes dimensiones, demanda ingresos de entre $2,5 y $3 millones por mes para alcanzar un punto de equilibrio. Hoy, con la modalidad de take away o la reconversión en almacenes, apenas pueden alcanzar un 15% o un 18% de esas cifras. “Es para pagar a los proveedores y darle un plus a los empleados, que están cobrando el ATP, nada más”, señala Olivera, que no tiene ingresos desde febrero. Su familia se sostiene con los ingresos de su esposa, médica de planta en un hospital público.

Al comienzo de la cuarentena, el empresario demandó un crédito con tasas al 24% para pagar alquileres, salarios y aportes. Y varios meses después va por el pedido de un segundo crédito para poder pagar el primero. Cerrar un local, con todo en regla, también demanda una inversión imposible de afrontar para la mayoría. Olivera desembolsó $4 millones en concepto de indemnizaciones y otros gastos. “Pudimos acordar con el 90% del personal y el resto sigue por la vía judicial”, detalló.

La lista de trabas para seguir adelante que enumera Olivera es larga. Solo una sirve de ejemplo: para pedir uno de los créditos a tasa cero que ofrece el Gobierno porteño por $200.000 le piden la presentación una certificación de balances y otros documentos que tiene un costo de $60.000.

El llanto que conmovió por Zoom

Las lágrimas que el país le vio a Lucila Roth a principios de julio, cuando en un zoom con diputados por la Ley de Emergencia Turística habló en nombre de las Agencias de Turismo y lloró al detallar la situación terminal del sector, no se enjugaron.

“Seguimos igual… o peor”, dice la chubutense de 36 años, madre de dos hijos y único sostén de su hogar, que en 2011 fundó su agencia, Rotar, en la ciudad de Trelew. “El único avance que tuvimos fue que la Ley se aprobó en Senadores, pero seguimos esperando el tratamiento en Diputados, que encima están sin protocolo para sesionar. Pasó más de un mes y estamos en la misma”, lamenta.

El proyecto oficial para el sector contempla una inversión estatal de hasta 16.000 millones de pesos en algunos rubros y establece la entrega de cupones de crédito equivalentes al 50% del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos por parte de personas físicas, financiado por el Estado. Ese crédito podría ser utilizado a partir de la fecha del viaje pactado en la preventa y hasta fin de 2021 en cualquier empresa de toda la cadena del sector.

Roth estima que cuando se sancione la norma será demasiado tarde. “Necesitamos la Ley urgente, porque la emergencia se planteó hasta diciembre”, añade. Las noticias no ayudan a su optimismo. “Cuando me tocó hablar ante la Comisión de Turismo de la Cámara, los vuelos iban a retomarse el 1° de septiembre. Ahora ya nos dijeron que hasta noviembre no habrá vuelos de cabotaje. Y con los internacionales ni siquiera hay una estimación. Somos el único país donde no se empezó a volar”, se queja.

Para colmo, asegura, la venta de futuros vuelos está totalmente parada. “Apenas hicimos algo para el Hot Sale, pero es insostenible para vivir. El sector está muy mal, llevamos seis meses sin ingresos. El virus cambia constantemente además, así que no hay ninguna certeza”, sostiene. En la Patagonia, donde las distancias son enormes y no hay prácticamente servicio de ferrocarril, el avión es un medio de transporte indispensable. “Nosotros dependemos mucho de los vuelos. Estamos aisladísimos en este momento. Y no es sólo el turismo. Hay gente que debe viajar por trabajo, y otros por salud. Algunos están haciendo tratamientos oncológicos…”, explica.

En febrero y a comienzos de marzo, cuando comenzó a notarse el efecto de la pandemia sobre la actividad turística, las agencias tuvieron trabajo porque quienes estaban en el exterior cambiaban sus pasajes para volver cuanto antes al país, y los extranjeros que estaban aquí por vacaciones o negocios necesitaban hacerlo en sentido opuesto. Pero todo terminó abruptamente. “Al principio de esta pandemia éramos 30 mil familias agentes de viajes, hoy ya no podemos saber cuántos somos porque muchos se han reconvertido a otras cosas. La única certeza es la incertidumbre del sector”, contó Lucila. Y se quebró al decir que “Hoy solo me queda ser ejemplo para mis hijos, a quienes les prometí que trabajaría para salvar mi agencia de viaje y más de 5.000 agencias que hay en este país”.

Para Roth, el sector “será el último en activarse”, aunque la crisis venía de antes de la pandemia. A partir del impuesto PAIS, que grava con un 30% la compra de dólares y el turismo en el exterior, “las ventas ya habían caído un 80 por ciento. La llegada del Covid-19 fue como un golpe de gracia: se desplomaron por completo”.

Las deudas que se acumulan con facturación cero

Hace 22 años que Marcelo Olivos administra el complejo de natación Splash, dentro del Club Atlético Chacarita y con una de las piletas más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Antes de la cuarentena, unas 2.000 personas por semana asistían al complejo. Desde abril, tiene ingresos cero y deudas que se acumulan. Sin contar los sueldos, los gastos fijos del complejo suman alrededor de $1 millón cada mes.

Para afrontar los gastos, Olivos intentó todos los caminos posibles. Pero se encontró con las trabas de la burocracia y los requisitos inalcanzables. “Los bancos no dan créditos a quienes no están trabajando. Es así. Tengo cuentas en cinco bancos, ninguno me dio crédito. Y cuando pedí los créditos subsidiados del Gobierno me dijeron que no calificaba”, relata con un tono de resignación, lejos del enojo.

También intentó negociar con las empresas de servicios, que son los principales costos que tienen que afrontar: luz, agua y gas. “Por la categoría de cliente, tengo tarifas de luz de $30.000 o $40.000 aunque esté todo cerrado. En los primeros meses repetían las tarifas anteriores. En un momento, salió una resolución donde se podía pedir el cambio de tarifa y fui a pedir eso a la empresa de electricidad pero me solicitaban que la cuenta esté en cero para que entre en vigencia”, explica. Otra traba en el camino de querer poner sus cuentas al día.

Fue por el lado del plan de pagos, pero le pidieron que cancele un 40% al contado para luego poder acceder a las cuotas que le permitan regularizar sus deudas. Sólo de Aysa tiene una cuenta de $200.000 mensuales. “Me siguen cobrando por la superficie del predio, aunque no esté usando el servicio”, cuenta Olivos.

Su principal preocupación es que en el momento de reabrir deberá invertir unos $600.000 para acondicionar el lugar, llenar las piletas y calefaccionarlas. Para que sus cuentas estén equilibradas, necesita que al menos concurran unas 1.400 personas por semana, como piso. La mayoría de sus clientes son chicos de colegios primarios y adultos mayores, que difícilmente puedan volver en los próximos meses.

El complejo cuenta con 10 empleados fijos y directos, que están cobrando el ATP y a los que Olivos considera parte de su familia. “Preferimos endeudarnos para que ellos puedan seguir y que después puedan recuperar lo que no cobraron estos meses”, dice. Pero hay otras 60 personas que formaban parte del equipo en forma indirecta, como profesores y médicos sin relación de dependencia. Por ahora, el emprendedor no está pagando el alquiler por las instalaciones del club, pero es una charla aún pendiente con las autoridades. “Tenemos una relación de mucha confianza”, asegura.

La pyme afectada por el quiebre de la cadena de pagos

El rubro indumentaria fue uno de los más castigados desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. El corte de la cadena de pagos llevó a gran parte de las empresas a atravesar graves dificultades financieras. A fines de mayo de este año, Gabriel Lubelski, dueño de Button Company, una pyme familiar de accesorios para la industria textil, grabó un video a fines de mayo contando cientos de cheques que no podía acreditar. Pilas que sumaban más de $9 millones.

Su empresa, dedicada a la fabricación y la importación de accesorios para la moda y proveedora de marcas de ropa en todo el país, comenzó en 1993, como la continuación de un emprendimiento familiar. Desde entonces les tocó atravesar varias de las recurrentes crisis económicas de la historia argentina. En estos meses de cuarentena les tocó, una vez más, reconvertirse para sobrevivir: comenzaron a fabricar barbijos, camisolines y otras prendas para uso médico (que representaron el 70% de sus ventas durante mayo) y desarrollaron una plataforma para vender a consumidores finales, algo que no habían hecho hasta ahora.

“La cadena de pagos es un proceso que se va recuperando de a poco. El 60% de lo que se debía se pudo ir cobrando, despacito. Estamos peor que las industrias esenciales, pero mejor que sectores como entretenimiento o turismo”, señala Lubelski. “La crisis nos permitió desarrollarnos y ver potenciales en las personas que antes no veíamos. Buscamos la manera de atravesar estos meses. El objetivo fue la supervivencia”, agrega el empresario.

Los autos “guardaditos” en el garage

“Ayer le pedí a mi nieto que me lavara los autos, porque hoy, 18 de agosto, íbamos a empezar a trabajar. Pero ahora nos mandaron un casillero para atrás. Llevo 151 días sin actividad y sin generar ingresos”. Vilma Azcurra, con 72 años, tiene una escuela de manejo en el barrio de Núñez desde hace tres décadas. Es pionera: la primera mujer en meterse en un trabajo que siempre fue considerado de hombres. Está, ahora, del otro lado del teléfono y lo que describe es un panorama sombrío. Una hora antes había pedido disculpas: no podía atender porque junto a sus colegas agrupados en ACACOBA (Asociación de Academias de Conductores de la Ciudad de Buenos Aires) estaba en un zoom con “la gente de tránsito”. A los 30 minutos volvió a pedir que le demos “un ratito más”, pero advirtió “no hay buenas noticias…”. Y ahora dice: “Dieron marcha atrás por la cantidad de casos de coronavirus que hay en la ciudad. Nos lo habían prometido en una reunión virtual que tuvimos hace un tiempo, estábamos junto a los lavaderos de autos, pero… Lo peor es que los truchos están trabajando y las 20 escuelas de manejo legales que hay en la ciudad no podemos. Y aunque no nos dieron una fecha concreta, no voy a arriesgar la habilitación…”.

Junto a sus compañeros piensan en algunas acciones porque, dice, “para nosotros son todas exigencias y no hay ningún beneficio. Sin ningún ingreso, igual invertimos en los autos, les pusimos mamparas, tenemos los barbijos, el alcohol, porque tampoco quiero tener sobre mis hombros la responsabilidad de haber contagiado a nadie”.

“Algunos colegas ya pegaron el salto y cerraron para hacer otras cosas”, cuenta Vilma que, por el momento, no tomó ninguna decisión drástica. Espera reabrir su academia de todos modos. Pero a veces el ánimo le juega una mala pasada. “Yo estoy en un sube y baja. A veces digo que todo va a pasar, que me tengo que cuidar. No quiero pensar que voy a cerrar porque me fundí. Un día de sol soy optimista, pero por momentos me caigo… Es que no tengo ingresos, solo la mínima de la jubilación. Esa es mi subsistencia. Pero quiero abrir mi negocio... Hay momentos de fatiga y lo que más me molesta es que, por mi edad, no puedo acceder a un préstamo del Gobierno de la Ciudad. Tengo impecable mi cuenta y mi tarjeta, pero no me lo dan ni siquiera con una garantía de propiedad. Y sigo pagando ingresos brutos, patentes, el monotributo…”.

Para hacer frente a esos gastos y no tener que vender sus autos (que son sus herramientas de trabajo), Vilma no tuvo más remedio que acceder “a un crédito de esos fatídicos. Pero si viene muy mal, en octubre o noviembre, voy a tener que pensarlo, de un vehículo quizás me tenga que desprender. A una le cambia el humor... y perdón que te esté usando de psicólogo”.

No todo es tan oscuro. También se topó con la solidaridad: “De garage, por dos autos, pago 11 mil pesos. El dueño fue muy condescendiente. Le pagué mayo y me quedaron tres meses stand by. Me dijo que se los pague como pueda. El dueño del local lo mismo, también le debo tres meses, y por el alquiler pago 22.400 pesos. Esas actitudes me suben el ánimo. Yo viví unas cuantas crisis: la hiper de Alfonsín, el 2001, el Tequila. Y a pesar de eso, hace 12 años decidí poner la escuela de manejo, como una gran ilusión para ayudar, sobre todo, a esas personas que tienen miedo de manejar o salir a una autopista. Esto también pasará. Además, en el futuro la gente estará más segura en su auto que en un transporte público”.

Vilma percibe una esperanza: “Nos dijeron que cuando reabra la oficina que da los registros, van a empezar con los nuevos. Eso para nosotros sería muy bueno”. Pero al mismo tiempo es realista: “El panorama más cercano, hoy, es octubre. Esto es como decía Atahualpa Yupanqui sobre el horizonte: ‘cuando aparece más cerca es cuando se aleja más…' Por ahora, los autos están guardaditos en el garage”.

Buscando atajos

“La situación es de crisis total”, dice sin vueltas Beatriz Gomez (58), maestra y dueña del jardín maternal Aliwen en Tapiales. Un establecimiento educativo para niños de entre 45 días a 3 años por el que luchó toda su vida y donde trabajan 10 maestras. Las restricciones de la cuarentena obligaron a esta maestra a arrojar por la borda todo un año de esfuerzo, trabajo y, sobre todo, vocación.

“Cerrar las puertas casi me funde, tuve que reinventarme para pagar los sueldos y el alquiler “, dice y lamenta que nunca le haya llegado la ayuda del Estado. “Nosotros deberíamos ser esenciales. ¿Cómo hacen los padres para trabajar si no tienen con quien dejar a sus hijos?”, se pregunta. Con las puertas cerradas, “me llaman enloquecidos contándome que tuvieron que contratar a niñeras porque no pueden cuidarlos, es todo caótico”.

Desde que cesó su actividad, y dejó de recibir ingresos, empezó a vender alimentos para perros para sobrevivir. “Al principio me fue bien, porque muchos me compraron para ayudar, y apoyarme en este contexto, pero ahora no se mueve mucho”, reconoce.

Divorciada, madre de tres hijos, se las ingenia día a día para salir adelante. “Estoy muy ocupada reuniéndome por Zoom con otros directivos y profesionales para ver cómo salir de esto. Lo más frustrante es no tener previsiones de fecha, eso no te deja planificar nada. Me encanta lo que hago, siempre lo quise hacer desde que soy chica”.

A los 20, Beatriz, tuvo su primer trabajo de “seño”, en el jardín de la Asociación Bancaria. “Sentía que tocaba el cielo con las manos. Los momentos hermosos que vivía en el trabajo me hacían olvidar de los malos que vivía en mi propia casa”. Desde entonces trabajó en muchos jardines; primero como maestra, luego como coordinadora y finalmente como directora de su amado jardín maternal Aliwen.

“Del funcionamiento de Aliwen dependen 10 familias de empleadas, muchas de ellas madres solteras cuyo único ingreso es el sueldo que se les paga. Al día de hoy muchos papás se ven imposibilitados de pagar la cuota, incluso tuvieron que sacar a los nenes de la institución ya que los han echado de sus trabajos o le han disminuido sus sueldos a la mitad. Otros padres pagan las cuotas en su totalidad, pero la mayoría no puede hacerlo y nosotros les damos la posibilidad de pagar lo que puedan para poder solventar alguno de los gastos fijos del jardín”.

Betty cuenta que tuvo semanas enteras sin dormir, hasta que se anunció que el Gobierno iba a pagar parte de los sueldos del personal. Pero un día antes del pago de la ATP se suspendieron la entrega del dinero y desde entonces están esperando que los escuchen y ayuden. Pero no fue suficiente. “Me sigo endeudando”.

A pesar del duro contexto, Betty no baja los brazos, sabe que esta lucha la hará más fuerte “y me dejará volver a hacer lo único que sé hacer y para lo que nací: cuidar a los niños con amor incondicional”.

QEPD Happy Hostel

Después de seis años hospedando a viajeros de todo el país, en medio de la crisis social y económica generada por la extensa cuarentena, el ingeniero Gabriel González tomó “una de las decisiones más difíciles de mi vida”: cerrar de manera definitiva el alojamiento que había construido en Córdoba. Para despedirse, con una generosa dosis de humor negro, colgó en la fachada una pancarta que decía “QEPD Happy Hostel”.

En la hotelería, se perdieron 76.000 puestos de trabajo entre febrero y mayo y en el sector ya estiman que más de 800 hoteles -de los 4.000 que dejaron de funcionar por la cuarentena- cerraron en forma definitiva. Es una proyección conservadora, porque no hay datos oficiales, pero podrían ser más, de acuerdo a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).

González es parte de esa estadística. Y añora sus días en el espacio que levantó. “No éramos un lugar como tantos. Recibíamos a grupos de estudiantes, visitantes, jóvenes profesionales con la calidez de un lugar atendido por sus dueños. Generamos ese vínculo entre extranjeros y locales con una atención siempre personalizada”, recuerda.

El proyecto hotelero afrontó las reiteradas fluctuaciones económicas del país, sin embargo no resistió a los embates de tres meses de inactividad como consecuencia de la cuarentena obligatoria, social y preventiva dictada el 19 de marzo de 2020. Llegó a tener 75 camas con desayuno incluido, y logró posicionarse como un lugar de referencia en Córdoba para los visitantes de Argentina y el mundo.

Salir del negocio no fue fácil. No solo en aspecto anímico, sino también por el duro golpe económico. “Es la muerte de otra pyme más que no vuelve a revivir. Es dramático lo que está sucediendo”.

Hoy acumula una deuda de medio millón de pesos. A más de un mes del cierre, sucedido en junio, y sin el capital para saldar lo que debe, aún no sabe cómo resolverá una ecuación donde siempre sale perdiendo. “Los intereses de refinanciación son abismales, prefiero pagarle a un usurero”.

El emprendedor dice no estar en contra de la cuarentena, pero desde hace rato propuso una modalidad inteligente, con protocolos claros para cada rubro. “Nos tenemos que comer el error de una manga de inoperantes que nos han empujado a estar 150 días en cuarentena. Si hubieran hecho las cosas bien al principio, no estaríamos como ahora, de rodillas”.

Por ahora lleva varias semanas desmantelando el espacio, regalando algunos muebles y vendiendo otros al menudeo. “Le di lo que pude a mis empleados. Eso es lo que más me duele, haberlos dejado sin trabajo. Y lo que quedó, como los colchones, los vendo por nada”.

Antes de abrir Happy Hostel, Gabriel hizo reformas para acondicionarlo como sitio de hospedaje. “Lo tengo que devolver como lo compré: le saqué la pileta, la parrilla y todas las ampliaciones… Así que ahora estoy trabajando como albañil y pintor sin generar un solo peso”.

Está cansado, decepcionado y enojado con las medidas tomadas por los dirigentes políticos. ”Con dos títulos universitarios ahora estoy buscando trabajo para pagar mis deudas y finalmente poder irme del país. Me voy de la Argentina como exiliado, no a pasear por el mundo... y lo digo ahora, no vuelvo más”.

Gimnasios en apuros

El rubro de los gimnasios tiene más o menos claro qué protocolos debe contemplar su reapertura. Claro, surgen para la mayor parte de ellos dos incógnitas: cuándo sucederá, y si podrán afrontar los gastos que deriven de las reformas exigidas. Sofía González, de 26 años y dueña del gimnasio SOMA, en el barrio porteño de Las Cañitas, tiene una respuesta para lo segundo, y es un “no” rotundo.

La vida de Sofía transcurrió entre mancuernas, pesas y poleas. Desde los tres años, pasó cada día en el gimnasio que llevaba adelante su madre. Y que después fue suyo. “Ahí adentro aprendí todo, desde el manejo de la empresa hasta dictar ejercicios y clases con las técnicas y posturas más adecuadas”, cuenta con un dejo de anticipada nostalgia. En rigor, ya en los primeros días de abril vio venir el tsunami que comenzó con la pandemia de coronavirus, continuó con la cuarentena y terminó arrasando con la economía y el trabajo de muchos.

Por el momento, para sobrevivir, Sofía alquila algunas máquinas. “Lo hacemos con cuidado, a gente conocida que nos contacta por Instagram. Y nos sirve sólo para pagar la luz, el gas y algún empleado. El resto es toda pérdida, ahorros que nos vamos comiendo. Porque nos siguen cobrando los impuestos y los sueldos tenemos que pagarlos”.

La reapertura es el gran signo de pregunta. “Sé que en provincia de Buenos Aires están haciendo una prueba piloto”, concede. Pero la trainer es pesimista. “Por ahora pensamos más en irnos. El protocolo por turnos va a ser un lío. Habrá mucha menos gente, tendríamos que estar desinfectando todo cada dos minutos. Si me pongo a analizar los precios, va a ser caótico, por no decir que será imposible ganar un peso. Imaginate si un cliente saca un turno y por equis motivo no viene. Eso sólo es un desastre…”.

Sofía cree que la discriminación que sufre el rubro es injusta. “Mientras nosotros no podemos trabajar, vas a Palermo y está estallado de gente, nunca vi tanta gente… Sin distancia social, es como ir a una marcha en el Obelisco con barbijo. Yo no sé si el protocolo se podría hacer de otra manera. Lo que creo es que en algún momento todos nos vamos a contagiar. Cada vez, tenemos más conocidos con Covid. Poner tantos protocolos es lo mismo que fundir a las pequeñas empresas. Así es imposible seguir”.

En el barrio donde está SOMA, sobre la calle Migueletes, Sofía cuenta que “hay muchísimos locales que ya cerraron. De decoración, de ropa… Es que los alquileres no bajan de 100 mil pesos, y sin ingresos es imposible pagar”.

A los 26 años, esta joven ve cómo los sueños se le hacen pedazos. “Esto es lo que hice toda mi vida. Más allá de manejar un gimnasio no sé… Tendré que trabajar de otra cosa, ser recepcionista. O en otro gimnasio. No se puede mantener algo que no tiene ingresos. Pensé que en septiembre iba a poder abrir, pero veo que no: nos van a dejar últimos junto a los boliches. Ya hay muchos gimnasios que no volverán a abrir. Y quizás nosotros debamos seguir ese camino. Los números ya no dan”.

“Después de tanto tiempo de estar en la lucha, es una lástima”, dice con tristeza. Con pocos años de experiencia laboral, siente que el país le acaba de dar una cachetada. “Por lo que vi en mi familia, acá te levantás de una y te vuelven a tirar. Del Gobierno ofrecieron préstamos, pero vas a pedirlos y te ponen trabas. Nosotros no entrábamos en ningún plan. Si tenés algo a tu nombre, ya no podés. Ahí te dejan en cero, pero con los impuestos tenés que cumplir. Te obligan a cerrar”.

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