La jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este viernes a favor de la Argentina en tres casos de acreedores que reclamaban fondos por la supuesta propiedad de un bono soberano, cuya autenticidad no pudieron certificar.
Las demandas sfueron iniciadas por bonistas italianos en los años 2004, 2005 y 2006 y sumaban un reclamo de compensación por USD 7,5 millones.
El economista Sebastián Maril, director de Fin.Guru, dijo a Infobae que “estos bonistas habían ganado el juicio, pero la condición para que se hiciera efectivo el pago era presentar la documentación que certificara la propiedad de los bonos. Cuando lo hicieron, no se pudo determinar su autenticidad”.
Las tres demandas, que procuraban el pago en base a la supuesta propiedad del bono AN02, fueron encabezadas por Michele Colella y Dense Dussault en el primer caso; el segundo fue iniciado por Marcelo Ruben Rigueiro y el tercero, por Antonio Forgione, de nacionalidad italiana.
La magistrada señaló en su fallo que el Estado argentino presentó documentación de dos bancos italianos, Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro y UniCredit SPA, y atendió el planteo de la República contra la documentación presentada por los demandantes, debido a que los títulos por los que se reclamaba estaban “impropiamente certificados o autenticados”. Además, el planteo argentino dejó en evidencia otras inconsistencias.
La jueza Preska sucedió a ya fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó adelante las anteriores demandas de los holdouts contra el país. La magistrada asumió el puesto en 2017 y está a cargo de otros juicios contra la Argentina que todavía se tramitan en Nueva York, como la demanda por el Cupón PBI y por la expropiación de YPF en 2012.
En el caso particular del cupón ligado al PBI, también hay una demanda presentada ante los tribunales de Londres.
La Argentina cerró la mayoría de sus juicios por la deuda en default del 2001, que se profundizó en 2014, a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo por los holdouts. De a poco, primero Griesa y luego Preska, fueron cerrando los casos que quedaban pendientes, aunque quedó un stock que debe ser resuelto por la magistrada.
Por el default que comenzó el 22 de mayo pasado, todavía no se inició ninguna demanda, por lo que habrá que esperar al cierre del canje y el intercambio de bonos a principios del mes próximo para ver si quedan holdouts fuera de la operación y si se deciden a iniciar demandas en los tribunales internacionales.
Tiempo atrás, el abogado Pablo Giancaterino, dijo que, para evitar juicios, debe haber “una mesa de negociación donde estén todas las partes representadas, no sólo los grandes bancos o fondos de inversión. Eso se puede lograr solamente a través de profesionales o de un juicio. De todos modos, es importante destacar que, a diferencia del 2005, la Argentina plantea buena fe. Pero eso no significa negociación para el Gobierno, sino someter a los acreedores a un multiple choice entre los nuevos bonos que lanzó en la oferta”.
El abogado afirmó que presentar acciones de clase “en 2005 nos costó bastante, porque había que ir a ver a cada uno de los bonistas y comunicarse por correo electrónico. Todo demandaba mucho tiempo. Pero después de 2008 todo se digitalizó y se acortaron mucho los plazos. La idea es que nadie tenga que depender de ningún fondo o de un intermediario. En cuestión de meses esas mayorías pueden votar y sentarse en una mesa de negociación”.
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